Las pequeñas empresas, de entre 5 y 20 empleados, podrían recortar hasta 20% su plantilla de trabajadores derivado del impacto económico que tendrán por el aumento al salario mínimo en 2024, el cual pasará de 312.41 a 374.89 pesos en Baja California y el resto de la Zona Libre de la Frontera Norte.
Gina Villalobos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) de Tijuana, dijo que las prestaciones sociales representan un gasto oneroso con el incremento del 20% al salario mínimo, pues deben cubrirse con base en el salario de cada trabajador.
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Al subir el sueldo en automático, el empleador debe aportar más por las cuotas del Seguro Social, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el Infonavit, la prima vacacional y el reparto de utilidades. Ejemplificó que, si un trabajador gana 10 mil pesos mensualmente se tienen que desembolsar alrededor de 7 mil 500 pesos para pagar las prestaciones sociales.
Ante la necesidad de cubrir más costos por la nómina, empresas de cinco trabajadores están considerando prescindir de uno, aunque este número podría incrementar dependiendo del personal con que cuente cada organización, comentó a ZETA.
El recorte del personal implicará un reajuste de horarios en las jornadas laborales, ya que habrá negocios que decidan cerrar o disminuir el tiempo de operación durante los días “flojos” y tener más trabajadores en aquellos con mayor flujo de clientes. Además, reducir el personal ocasionará una sobrecarga de actividades para quienes se mantengan en las empresas.
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El aumento en la carga patronal inhibe el emprendimiento y el que más empresas sean formales. “Para alguien que tiene dos o tres empleados y que tiene esta carga, evidentemente lo más sencillo es irse a la informalidad”, regresar a ser un negocio atendido por la familia, a quienes regularmente no se les paga seguridad social, e incluso dejar de operar en un local para dedicarse a vender por internet, que “es lo que está pasando”.
La presidenta de Canacope Tijuana consideró que el sector más vulnerable al aumento al salario mínimo es el de las tiendas de abarrotes, misceláneas y carnicerías, al contar con más trabajadores inscritos en el Seguro Social.
En el marco de la modificación de la tasa ordinaria del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo (Impuesto a la Nómina) para que quede en 4.5% en la Ley de Ingresos y la Ley de Hacienda del Estado, Villalobos confió en que, si la aprueban los legisladores, el sector tendrá los mismos beneficios fiscales en 2024 que durante el año por concluir; sin embargo, la afectación a los pequeños negocios será por el encarecimiento de productos y servicios.
Julián Palombo Saucedo, titular de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Tijuana estimó que la carga fiscal aumentará 30% con el incremento salarial, y existe 55% de negocios en la informalidad.
Se pronunció por que el gobierno estimule fiscalmente a las empresas, para que las cargas económicas puedan ser “más llevaderas” mediante la deducción al 100% del salario y la reducción de impuestos.
Por otro lado, la administradora de una empresa externó que las organizaciones no sólo tienen la presión de la nómina por el aumento al salario mínimo y los impuestos asociados a ella, sino que también enfrentan alzas en servicios e insumos. Panorama que hace más complicado generar empleos formales, por lo que algunas empresas analizan otros esquemas de contratación.
Dado que despedir a personal (por motivos no atribuibles al empleado) implica un gasto de al menos tres meses de sueldo del trabajador, para una empresa que apenas sobrevive la opción más viable es aumentar el precio de sus productos.
BC, CON 88% DE MYPIMES
“En México alrededor de 92% de las empresas son Micro, Pequeñas y Medianas (MiPyME). En Baja California las MiPyME representan 88% del total”, refirió Roberto Fuentes Contreras, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 21% de los ocupados formales e informales en la entidad dijo percibir un salario mínimo al tercer trimestre de 2023. Esto representa un aumento del 3.9% respecto a la población que reportó ese nivel salarial en 2018, indicó el académico.
En ese sentido, estimó que la mediana empresa -segmento con menos informalidad- será la más impactada con el incremento al salario mínimo, mientras que en la micro se esperaría una afectación menor, ya que este segmento tiene más trabajadores en la informalidad.
A largo plazo, la política de aumento de salario mínimo propiciará incentivos encontrados: por un lado, al trabajador le convendrá más emplearse en la formalidad, y por el otro, al patrón le va a convenir más tener un empleado informal.
Tras señalar que en el país se tiene una tasa de desocupación baja y que el promedio de las personas que buscan empleo dejó el que tenía por uno mejor, se esperaría que “en la medida que va llegando la inversión sea suficiente para ir empleando a toda esta gente en la formalidad”. No obstante, podría verse también un aumento en la informalidad laboral en las medianas empresas.
INDUSTRIA NACIONAL, EN RIESGO DE PERDERSE
Fuentes Contreras observó que existe el riesgo de que se pierda la incipiente industria nacional si las MiPyME de ese sector no pueden sufragar los costos de seguridad social por el incremento salarial. Una medida para disminuir ese riesgo sería que el gobierno instaure un programa industrial.
En la agroindustria -con alta informalidad- también sería plausible un programa de acompañamiento para incentivar la formalización de trabajadores.
En opinión del investigador de la UABC, el fenómeno del nearshoring abre la posibilidad de replantearse cómo la llegada de inversiones podría contribuir a desarrollar la proveeduría local, algo que implica tener incentivos públicos y sumar a las universidades.
La llegada de inversiones no sólo debe pensarse en términos de qué tipo de industria se asentará en cuanto a si es intensiva en recursos naturales, si sus procesos pueden dañar al medio ambiente, o generar inestabilidad social, afirmó.
Por mucho tiempo se dejaron salarios bajos y se diseñaron incentivos para fortalecer esta industria exportadora, “pero a cambio no se pidió casi nada más que generar empleo”. En cambio, otros países como Corea del Sur han impuesto reglas a los inversionistas y ahora son potencia tecnológica.
MÉXICO, CON EL SUELDO MÁS BAJO DE LA OCDE
De acuerdo con Fuentes Contreras, el salario mínimo real por hora en México es de 1.8 dólares, “el más bajo” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La política de incrementar el salario mínimo pretende redistribuir la riqueza, puesto que en nuestro país en promedio 75% de la utilidad se la quedan los dueños y 25% los trabajadores, dependiendo del tamaño de la empresa.
Esto es “atípicamente alto” si se considera que entre los países integrantes de la OCDE la distribución de la utilidad se reparte en promedio en 31% dueños y 69% trabajadores. Mientras que a nivel global es 49% para los dueños y 51% para los trabajadores.
El investigador de la UABC indicó que el incremento salarial no incide mayormente en la inflación, toda vez que el número de trabajadores impactados sigue siendo bajo, aun cuando cada vez haya más personas en el rango de uno a dos salarios mínimos.
“En la medida que este porcentaje de personas con un salario mínimo es cada vez mayor, la política del aumento del salario mínimo impactará a más gente” y podría haber el riesgo de una espiral inflacionaria, pero todavía “no se ve” una inflación por costos por el incremento salarial.
Apuntó que la inflación que ha vivido el país se debe a los efectos posteriores a la pandemia de COVID-19 y la ola inflacionaria global.
EN ZOZOBRA POR REDUCCIÓN DE JORNADA
El 12 de diciembre, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados federal determinó aplazar la votación del dictamen con el que se reduciría la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, modificando el apartado A del Artículo 123 de la Constitución mexicana.
Con esta decisión se prevé que en febrero o marzo de 2024 pueda aprobarse, con una reserva consensuada por todos los partidos políticos, en beneficio de 57 millones de trabajadores.
Gina Villalobos, titular de la Canacope de Tijuana, señaló que para las MiPyME del sector comercial persiste la zozobra ante la posibilidad de que se concrete la reducción de la jornada laboral: “Estamos viviendo un contexto político-económico muy variable, en el que las cosas ya no están dadas. Podemos sorprendernos en cualquier momento. Realmente no creemos que eso se va a quedar en el tintero, la zozobra permanece. Es ejercer una actividad lícita con zozobra desde muchas aristas, con esta angustia de ser empresario y mantenerte como tal en México. Parece que son muchos los obstáculos que hay que vencer para mantener una empresa”.
BC PIERDE COMPETITIVIDAD
El economista Enrique Rovirosa señaló que Baja California ha perdido competitividad respecto al resto de entidades federativas luego que el salario pasara de 88.36 en 2018 a 374.89 pesos para 2024, esto es, un alza de 324%
Es una realidad que el aumento del salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte hace que en el resto del país los salarios estén más baratos, lo que pone a Baja California en “una situación más desventajosa”.
Si a lo anterior se agrega la modificación al Impuesto a la Nómina para que quede en 4.25%, situando al Estado con la tasa más alta y hace falta infraestructura, es previsible que continúe la pérdida de competitividad del estado, como ha ocurrido en los últimos años. “Baja California cada vez se está alejando más de los estados más competitivos del país”, expuso el consultado.
En contraste, otros estados incluso están adoptando medidas para mantener los costos de las empresas o incluso están dando incentivos para que llegue más inversión.
En opinión del especialista, la modificación a la tasa ordinaria del Impuesto a la Nómina repercute negativamente en la confianza del inversionista, y dependiendo de los riesgos que observe, definirá su rendimiento.
“Si el riesgo es mayor en Baja California significa que debo sacarle más provecho a mi inversión y eso afecta los precios. Por eso se indica que no es el efecto directo del impuesto sobre los costos de producción, sino sobre los riesgos que trae consigo tener que pagar más, y más cuando un gobierno actúa como éste sin ponerlo a consideración”, puntualizó Rovirosa.
