La alcaldesa reelecta de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, dio a conocer este lunes 27 de noviembre que la Fiscalía General del Estado determinó que Fernando “N” incurrió en violencia política en su contra durante la contienda política por la presidencia del IX Ayuntamiento de ese municipio en 2021.
“Hace dos años, en el mes de mayo, fui señalada de una serie de injurias, mentiras, difamaciones, calumnias y expresiones denigrantes y descalificativas hacia mi persona por un sujeto de nombre Fernando ‘N’”, señaló la presidente municipal.
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Recordó que ante tales descalificaciones tomó la decisión de “interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por violencia política contra las mujeres en razón de género”.
El 27 de mayo de 2021, Brown Figueredo, quien buscaba reelegirse como alcalde de Playas de Rosarito anunció que denunciaría a su contrincante Fernando Serrano, en cuyo caso participaba como candidato independiente. La militante de Morena argumentó que dos días atrás el presunto responsable de violencia política se había expresado de ella en tales términos en un acto de campaña.
Incluso compartió un audio en el que se escuchó a Serrano decir: “Fuera Araceli Brown, fuera la corrupción de Araceli Brown…La vamos a revisar hasta por debajo del pelo y si se puede la vamos a meter a la cárcel por ratera, por corrupta, por borracha”.
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En conferencia de prensa celebrada el día de hoy, la munícipe (quien con motivo del proceso electoral 2023-2024 buscará la candidatura a la diputación federal por el distrito 9) enfatizó que una vez que la Fiscalía estableció que Fernando “N” cometió violencia política en su contra, el caso fue turnado a un juez de control.
“El pasado jueves 23 de noviembre la Fiscalía judicializó el caso por encontrar elementos suficientes y se allegaron pruebas para que el caso fuera presentado ante el juez”, asentó la presidente municipal.
“Quiero dejar bien claro que este hecho sucedió hace dos años y que no es un tema que tenga que ver con la efervescencia política del momento sino de la decisión que tomé de denunciar para que esto no vuelva a suceder ni a mí ni a ninguna otra mujer”, puso de manifiesto.
El abogado Héctor Huerta, asesor jurídico y quien estuvo presente en la rueda de prensa, remarcó que a partir de que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales consideró que Fernando “N” incurrió en el consabido delito corresponderá al juez determinar en dado caso la comisión de esa falta.
“El juez determinará eso y de acuerdo a la carga de trabajo del juzgado determinarán la fecha (para llevar a cabo la audiencia inicial). Es decir, no está en manos de la fiscalía y menos aún de la víctima”, sostuvo.
En cuanto a las restricciones que se puedan ordenar por ese caso mencionó que “es la fiscalía la que puede en un momento dado determinar solicitarle al juez se apliquen ya sea medidas cautelares, ya sea suspensión de derechos”.
De manera que “la Constitución prevé qué sigue. Qué sigue a partir de hoy. Eso se verá por la fiscalía. El hecho es dar a conocer por la presidenta una denuncia que inicia en mayo de 2021, dos años 6 meses en el pasado. Se judicializa la semana pasada y nada que ver con la cuestión electoral”, remató.
