El conocido restaurante Quiriego, originario de Hermosillo, Sonora y ubicado en una de las zonas más exclusivas de Mexicali, es la piedra angular entre dos empresas favorecidas por la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, que tanto construyen obra pública como dirigen uno de los programas insignia de la mandataria estatal: los desayunos escolares.
Así, el conocido empresario sonorense Mario Abeyta Ruiz, propietario de AB Alimentos Nutracéuticos Funcionales, ofrece servicios anuales al Poder Ejecutivo de más de mil 100 millones de pesos, mientras que su hijo, Mario Abeyta Meléndrez, construye obras para el Gobierno de Baja California.
El edificio más grande hasta el momento se construye en el cruce de Río Nuevo y Lázaro Cárdenas de Mexicali, y para finales de marzo de 2024, se espera sea ocupado por poco más de 200 empleados de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que laboran en la Capital bajacaliforniana.
La construcción tiene un costo de 259 millones 510 mil 758.23 pesos, según el contrato en poder de ZETA y obtenido mediante petición de Transparencia a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT).
De pagar 480 mil pesos anuales para mantener una oficina y 30 espacios de estacionamiento para funcionarios de la ASE -la oficina más grande es propiedad de ISSSTECALI y se encuentra ofrecida en comodato-, ubicada en el Centro Cívico de Mexicali, el Poder Ejecutivo decidió construir un edificio de dos pisos en una zona en la que tuvieron que invertir otros 25 millones de pesos más sólo para cimentación, toda vez que, por tratarse de una zona a la orilla de donde se ubicaba un río, se vuelve mucho más complicado erigir un edificio.
Desde ahí, muy cerca de las oficinas que albergan a los poderes del Estado, Luis Gallegos, auditor superior, coordina las labores del ente fiscalizador del gasto público. En entrevista para ZETA, reconoció que la construcción de dicho edificio forma parte de una de las 30 obras programadas por el Estado para 2023 y que no es una prioridad social erigir un nuevo edificio público, pero agradeció que se les tome en cuenta.
Así, el Poder Ejecutivo le construye un edificio nuevo a la ASE para cumplir una necesidad que no es urgente y eroga más de 250 millones de pesos que termina beneficiando a la familia de los conocidos empresarios sonorenses, cuyo contrato se mantuvo desde la administración de Jaime Bonilla Valdez, quien lo otorgó de manera directa y sin proceso de licitación.
Por dos semanas, este Semanario solicitó entrevista con Arturo Espinoza Jaramillo, titular de SIDURT, ente encargado de la construcción del proyecto, sin que, hasta el cierre de edición, jueves 9 de noviembre, hubiera respuesta por parte del Poder Ejecutivo.
EL EDIFICIO
En el cruce de Bulevar Lázaro Cárdenas y Río Nuevo, se erige una construcción de dos pisos que será sede de la Auditoría Superior del Estado y, dicho por su propio titular, no será compartida con nadie.
El edificio con un costo de más de 259 millones de pesos inició su construcción en junio de 2023 y pretende culminarse en febrero de 2024. El monto de la infraestructura subterránea fue de 25 millones de pesos, erogado por la administración de Jaime Bonilla Valdez, según indicó el propio Luis Gallegos.
“En el tema de los costos directos, se plantea por 135 millones de pesos, pero ya en contrato, construcción del edificio, firmes, estructura metálica, cubiertas, elevadores, muros, ventanas, cancelería en la obra en general, la obra exterior, los costos indirectos suben a 259 más la parte del componente del financiamiento que va a tener”, refirió el funcionario estatal, quien habría confirmado que además se tuvo que erogar para cubrir con un financiamiento.
Al revisar el contrato se puede constatar que el Estado y la empresa concertaron el pago de dicho proyecto mediante un esquema de 40 abonos mensuales a concluir el 31 de julio de 2027. De manera paralela, la empresa ofrecerá un avance certificado mensual de la construcción de la obra hasta su conclusión.
La diputada panista Alejandrina Corral Quintero dijo que le resulta absurda una erogación de esta naturaleza para las instalaciones de la ASE, sobre todo porque la mayoría de las diligencias de la institución se hacen fuera de sus oficinas.
Agregó que, en su experiencia, la mayor parte del tiempo los funcionarios se instalan en las oficinas gubernamentales para realizar las auditorías y es poco el tiempo que permanecen en las instalaciones de la ASE. Al respecto, el auditor aseveró que esto ocurre una o dos veces por semana para cada funcionario fiscalizador.
Cuestionado respecto a si era congruente construir un edificio y mudarse a uno de 259 millones de pesos cuando actualmente se pagan 480 mil al año en el inmueble donde se encuentran, reconoció que no se trata de una obra prioritaria: “Entiendo bien la pregunta si la comparamos o comprado con qué es prioritario no sería una prioridad social, 259 millones de pesos para construir una oficina de gobierno, en algún momento se tomó esta decisión, me toca decir que, bueno, para resolver nuestras propias necesidades, será un espacio digno para nuestros trabajadores, que sí es adecuado, que no se tiene en el edificio que tenemos actualmente”.
Agregó que existen daños en plafones y el aire acondicionado, además de que hay colonias de pichones en el techo de las oficinas, por lo que el costo de mantenimiento -dijo- es algo importante que se dejará de pagar en el nuevo edificio.
“La logística laboral, la hemos ido sorteando en la manera en que cada empleado viene checa, regresa trae documentación y la vamos acomodando, pero hay pocas oficinas privadas tenemos que estar archivando la información de manera ágil para que no se quede en los pasillos, faltan módulo, pero así como tenemos un espacio adecuado para el almacén, el archivo va creciendo; por ejemplo, en la oficina propia en Ensenada hemos mandado la documentación para allá y nos va quitando módulos de trabajo”, argumentó.
LAS EMPRESAS
Una petición de Transparencia registrada con el número 021166823000127 a la SIDURT dio a conocer información del contrato para la construcción del nuevo edificio de la ASE, entidad dependiente del Poder Legislativo.
Pese a ello, el Ejecutivo se encargó de llevar a cabo el procedimiento de obra para elegir a la empresa Desarrollo de Obras Rurales, originaria de Hermosillo, Sonora y cuyos primeros propietarios, según el Registro Público de Comercio (RPC), son Jaime Martell Collins y los hermanos César Arturo, Iván, Jaime y David Romo Pavlovich, primos de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, hoy cónsul de México en Barcelona, bajo el arropo del gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador.
En 2015, mismo periodo que la hoy cónsul asumió al poder, la empresa entró en un proceso de liquidación, según obra en la misma información del RPC de la Secretaría de Economía, pero el último movimiento indica que durante el proceso se volvieron accionistas Sergio Emilio Canizales Ibarra y Mario Abeyta Meléndrez, este último, empresario conocido en Sonora e hijo de Mario Abeyta Ruiz, propietario de la empresa -entre muchas otras- AB Alimentos Nutracéuticos Funcionales.
Ese año, la administración de la empresa recayó en Abeyta Meléndrez y se definieron los esquemas de beneficio para la institución.
Los Romo Pavlovich y los Abeyta Ruiz también se relacionan en otra empresa llamada Promoción Nayar, SA de CV, donde comparten sociedad con Mario Fernando Abeyta Félix, hoy juez del Tribunal de Justicia de Sonora.
En varios reportajes, entre estos uno de El Economista realizada en 2022, identifica a Mario Abeyta Ruiz como propietario de varios negocios, como AB Alimentos -lo cual se confirma en el RPC- y el conocido restaurante Quiriego, fundado en 2019 en Hermosillo y que abriera sus puertas dos años después en Mexicali.
ZETA acudió a las instalaciones de la empresa Desarrollo de Obras Rurales que aparece en el contrato con SIDURT y la Secretaría de Hacienda, en Calle Mauto número 423, Colonia El Roble, al Oriente de la ciudad. Sobre una calle de terracería se localizó un almacén donde tanto vecinos como una persona que se encontraba afuera confiaron a este Semanario que se trataba de un inmueble de resguardo de Quiriego Restaurante, ubicado en Punta Este, en la Zona Dorada de Mexicali, uno de los puntos más exclusivos del municipio.
Esto quiere decir que las empresas de padre e hijo están relacionadas o al menos comparten inmuebles cuando se trata de proporcionar información al Poder Ejecutivo.
Según el secretario del Bienestar, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, en 2023 se han invertido mil 100 millones de pesos en el proyecto Desayunos Escolares, enfocando su esfuerzo en primaria y, a su vez, elevando la obligación a rango constitucional.
La Plataforma Nacional de Transparencia confirma el monto al referir que el programa Pancita Llena, Corazón Contento tiene presupuestado en el año mil 166 millones 337 mil 727.91 pesos.
La empresa fue contratada en la administración de Jaime Bonilla Valdez y desde ese momento se cuestionó la omisión del proceso de licitación para beneficiar a dicha empresa. Pese a ello, el nuevo gobierno morenista mantuvo y amplió el contrato.
De hecho, AB Alimentos se comprometió en el periodo bonillista a vender cada alimento a 13.50 pesos en 2020, pero la pandemia “paralizó” el proyecto. En el periodo de Ávila Olmeda, los precios aumentaron a 24.65 pesos, con miras a mantener el contrato hasta 2027, donde cada platillo costaría 30.60 pesos más 8 por ciento de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Lo anterior obra en los documentos oficiales del fallo 32065001-57-2022 de la Secretaría del Bienestar, que si bien llevó a cabo un proceso de licitación, la única empresa registrada fue AB Alimentos.
Por su parte, Desarrollo de Obras Rurales -que comparte oficinas con el almacén de Quiriego, según refirieron vecinos y cuidadores del lugar- fue inscrita en el padrón de proveedores del Poder Ejecutivo el 22 de noviembre de 2021, es decir, días después del ascenso de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Sólo en 2023 la empresa ganó dos contratos, uno de ellos para la construcción de nueve comedores escolares en diversos planteles de Mexicali por 14 millones 453 mil 888.74 pesos, mientras que el otro fue para la construcción del edificio de la ASE por 259 millones de pesos. Es decir, más de 270 millones de pesos sólo en dos contratos de construcción, que de sumarse los mil 100 millones de los desayunos escolares, se hablaría de más de mil 400 millones de pesos para la misma familia que gran parte de sus grandes contratos son públicos y están disponibles en internet, la mayoría con entes públicos de los gobiernos de Sonora.
