Los grupos parlamentarios de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM) en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, admitieron, la madrugada del 9 de noviembre de 2023, la adición de un artículo transitorio al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para el Ejercicio Fiscal 2024.
Ello para etiquetar los aproximadamente 15 mil 450 millones de pesos, de los 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), extinguidos en el Congreso de la Unión, y que dichos recursos sean usados para los damnificados y la reconstrucción que dejó el huracán “Otis”, en los municipios de Coyuca de Benítez y Acapulco de Juárez, en Guerrero.
Publicidad
Según la reserva presentada en tribuna por el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del grupo legislativo de Morena, “los recursos que se reintegren a la Tesorería de la Federación [TESOFE], derivados de la extinción de los fideicomisos constituidos por el Poder Judicial […] se destinarán para atender los daños y desastres ocasionados por el huracán categoría cinco Otis, en el estado de Guerrero”.
Al fundamentar la propuesta, Medina Filigrana sostuvo que la propuesta respondía al sentir, solidaridad y compromiso de los legisladores federales con la población del estado de Guerrero y el puerto de Acapulco.
“Hoy, esta reserva es una reserva que recoge el sentimiento y el pensar de ustedes en torno a esta difícil situación, como todas y todos sabemos, el Gobierno del presidente López Obrador se ha hecho presente desde un principio en Acapulco en ayuda a su ciudadanía”, dijo el legislador de Morena, quien agregó ello representaba la oportunidad de un acto de Estado, en el que concurran los tres Poderes.
Publicidad
Horas antes, la alianza legislativa del Frente Amplio por México (FAM) -integrada por los grupos legislativos de los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)- en San Lázaro, anunció una acción de inconstitucionalidad en contra de la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del PJF.
Los coordinadores parlamentarios de las bancadas del PAN, PRI y PRD -Jorge Romero Herrera, Rubén Moreira Valdez y Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, respectivamente-, rechazaron que los citados fideicomisos se trataran de instrumentos destinados al pago de privilegios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Como Frente Amplio, con nuestro 33 por ciento que exige el artículo 105 constitucional, vamos a interponer en los próximos días una acción de inconstitucionalidad, porque esa es una prerrogativa de las minorías”, dijo el líder de los diputados del PAN.
El legislador panista rechazó que estuvieran defendiendo privilegios, ya que al menos seis de los 13 fideicomisos estaban compuestos por recursos federales, pero también por aportaciones individuales de miles de trabajadores, algunos de ellos con hasta 30 años de antigüedad.
Romero Herrera tambien dijo -durante una conferencia conjunta- que la acción de inconstitucionalidad era por violar los artículos 1 y 123 constitucionales, en materia de respeto a los derechos laborales y su progresividad.
“No puedes tener un derecho adquirido y que después te lo quiten, es absolutamente inconstitucional, ya sólo con ese argumento, estamos seguros que habremos de ganar la acción”, afirmó el diputado del PAN, quien detalló que otros argumentos eran la violación a la división de poderes y a la autonomía presupuestal del PJF, así como violaciones al principio de no retroactividad.
“Esta ley hubiera sido legal si hubiera dicho ‘ya no puede el Poder Judicial hacer un solo fideicomiso más”, lo que no puede es desaparecer algo que cuando se conformó era legal, eso se llama irretroactividad en la ley y es inconstitucional hacerlo”, afirmó Romero Herrera.
Por su parte, el coordinador del grupo legislativo del PRD, reiteró que las disponibilidades de los citados fideicomisos contenían ahorros de toda la vida de trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Espinosa Cházaro indicó que la extinción de los fideicomisos era una venganza en contra de la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, por no haberse plegado al Gobierno federal. Una muestra de ello, afirmó, es la renuncia de Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea y su adhesión al proyecto de Claudia Sheinbaum Pardo, “coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación”, así como virtual candidata presidencial de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT).
“¿Por qué no habían desaparecido estos fideicomisos si los conocieron en 2018 y 2019, que habían llegado a la Presidencia de la República? La respuesta nos la dio ayer el ministro cuatrotero. Renuncia a un encargo que tiene, constitucional como ministro, para irse a trabajar a la 4T, ese es el fondo del asunto”, advirtió el legislador perredista.
JUEZA PROHÍBE USAR FIDEICOMISOS DEL PJF PARA RECONSTRUCCIÓN DE ACAPULCO
Elizabeth Trejo Galán, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, prohibió, el 8 de noviembre de 2023, usar los aproximadamente 15 mil 450 millones de pesos, de los 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), extinguidos en el Congreso de la Unión, y que dichos recursos sean usados para los damnificados y la reconstrucción que dejó el huracán “Otis”, en los municipios de Coyuca de Benítez y Acapulco de Juárez, en Guerrero.
“Se concede la suspensión provisional para el efecto de que no se disponga de los recursos a que hace alusión el decreto reclamado, en detrimento de los derechos adquiridos de los miembros del PJF en materia de trabajo y seguridad social”, ordenó Trejo Galán.
La titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México agregó que la suspensión no afectaba el interés público, porque la reforma legal a la Ley Orgánica del PJF, no aclaraba para qué se usaría el dinero.
El amparo fue promovido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), los principales afectados, ya que estaba en riesgo el fideicomiso que les garantiza pensiones complementarias. Trejo Galán no forma parte de dicha organización, por lo que sostuvo que no estaba impedida para llevar dicho amparo, que resolverá el 14 de noviembre de 2023, si concede la suspensión definitiva.
“Hoy, las juzgadoras y juzgadores federales notificamos a la sociedad civil y a todo el personal que labora para la Judicatura Federal, que en el juicio de amparo indirecto número 1754/2023, promovido por la representación de esta Asociación, una juzgadora federal con competencia constitucional en la Ciudad de México, ha concedido la suspensión provisional del Decreto que propone eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, al adicionar un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado el veintisiete de octubre del año en curso en el Diario Oficial de la Federación”, según señaló el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, presidente de la JUFED.
“En dicha sentencia, con toda seguridad, se analizarán las violaciones al procedimiento legislativo mediante el cual fue aprobado dicho Decreto, las violaciones a los principios de independencia y autonomía judicial, división de poderes, progresividad, seguridad social y derechos laborales adquiridos en favor de todos los que integramos la Judicatura Federal”, indicó el magistrado.
“Lo anterior es el derecho que tienen todas y todos los ciudadanos para que los actos de cualquier autoridad legislativa, ejecutiva e incluso judicial sean revisados a través de una sentencia a los ojos de la Constitución por un Juzgado o Tribunal Federal, con el respaldo de un Poder Judicial independiente y autónomo respetuoso del principio de la división de poderes”, explicó Muñoz Alvarado.
El magistrado también comentó que la Asociación estaba valorando la probable presentación de otra demanda de amparo, pero contra la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para el Ejercicio Fiscal 2024, ya que los ajustes presupuestales realizados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, vulneraban la autonomía financiera y, por consecuencia la independencia del PJF.
Asimismo, Muñoz Alvarado mencionó que comenzaron gestiones ante organismos internacionales, en razón de las obligaciones que había contraído el Estado Mexicano de respetar los derechos que derivan de los principios, que imponen la no intromisión, no dependencia, ni subordinación entre los poderes de un Estado Democrático de Derecho.
El 21 de octubre del 2023, Juan Fernando Luévano, titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, concedió una suspensión provisional a María del Carmen Cordero Martínez, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Decimoséptimo Circuito, contra la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del PJF.
