La diputada de Movimiento Ciudadano Daylín García Ruvalcaba acusó que la Consejería Jurídica está deteniendo los trabajos legislativos, ya que las iniciativas presentadas por los legisladores están a la espera de una opinión técnica, pese a que son leyes y reglamentos necesarios para el Estado.
“Sí están deteniendo los trabajos (…) yo escucho a mis compañeras y compañeros diputados lo mismo que sus temas y los que han ingresado tardan muchísimo en que puedan ser evaluados por el Ejecutivo y luego ya revisados, vienen acá y la verdad es que es un rebotar de una pelotita, que ustedes no nada más están haciendo una opinión están deteniendo trabajos”, reprochó la legisladora al cuestionar al consejero jurídico Juan José Pon Méndez sobre la intervención del Poder Ejecutivo en los Poderes Legislativo y Judicial.
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Refirió que había ingresado iniciativas de ley respecto a videovigilancia, movilidad, así como para la atención integral a niños, niñas con cáncer, que están congeladas.
En respuesta, Pon Méndez dijo que quería dejar en claro que “el Ejecutivo no interviene en otros poderes. El Poder Ejecutivo colabora con los poderes. Actúa en los tiempos y conforme a los temas que marca el propio Poder Legislativo. Nuestra relación con el Poder Judicial y Poder Legislativo es estrictamente institucional y de respeto”.
No obstante, admitió que existe un rezago en cuanto a reglamentos como el del Fondo Ambiental; el cual debió publicarse hace diez años, y que este 2023 será publicado. El funcionario se comprometió a revisar las iniciativas de García Ruvalcaba. Tal como lo garantizó a la legisladora del PAN, Santa Alejandrina Corral Quintero, sobre su iniciativa para dignificar la labor de las corporaciones policiales, al comparecer en la Glosa del Segundo Informe de Labores de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
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En la sesión de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional de este 14 de noviembre de 2023, el consejero jurídico reconoció que es una “asignatura pendiente” la magistratura anticorrupción, y se pronunció por no estar “cerrados” a la posibilidad de los perfiles, cuando García Ruvalcaba reiteró el llamado para que ese puesto sea ocupado por algún ciudadano y no por una persona allegada a la gobernadora.
Tras señalar que la actual administración “ha combatido muchas acciones totalmente negativas que dejó Bonilla” García Ruvalcaba consideró que en el tema anticorrupción también debió echarse atrás el legado de Bonilla, en aras de no volver a darse el “compadrazgo” en la Fiscalía y en otros espacios similares.
“Yo presenté una iniciativa de reforma, evidentemente está ahí detenida, seguramente traerá una opinión negativa por parte del Ejecutivo, porque les toca los intereses de hacer un nombramiento por parte de una terna de la gobernadora, pero lo que sí creo es que deberían tener ustedes una iniciativa de que se haga una convocatoria pública” para todas las personas aptas y que tienen todo el compromiso de defender el Estado, agregó la legisladora emecista.
SIGUE EN JUICIO EDIFICIO DADO A UABC
Acompañado de personal de la Consejería Jurídica, se dio a conocer que continúa el litigio sobre el edificio del gobierno del Estado cedido en la administración de Jaime Bonilla Valdez a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), al no haberse hecho los procesos legales que correspondían.
“Respecto al CIDESI que es el edificio que ahora tiene la UABC, tenemos un litigio respecto a esta asignación. Se declaró la nulidad en primera instancia, pero todavía se encuentra el juicio. Está en revisión. Sigue en suspenso todavía el destino que va a pasar esta asignación”, indicó la subconsejera jurídica.
Pon Méndez comentó que igualmente fue declarado sin efecto la declaratoria de utilidad pública y la expropiación determinada en 2021, por la anterior administración, sobre predios en Playas de Tijuana (manzana 23), luego de que un tribunal concedió el juicio de amparo contra los inconformes.
El funcionario destacó que otro tema dejado por el gobierno de Bonilla Valdez que podría causar un daño al erario es un reconocimiento de adeudo por un acuerdo expropiatorio de 1954, por más de 927 millones de pesos, aunque no se abundó más sobre el caso.
“La pasada administración reconoció un pago sin el trámite correspondiente para el pago de una indemnización de 1954 publicada en 1956 sin facultades el funcionario que lo realizó y es un adeudo cuantioso, sin embargo, tenemos sentencia en primera instancia declarando la nulidad de este convenio”, puntualizó la subconsejera jurídica.
Otro caso dejado por el gobierno de Bonilla Valdez es la planta fotovoltaica de Next Energy, cuyo contrato ascendía a 37 mil millones de pesos, de los cuales la pasada administración reconoció 12 mil millones bajo el concepto de inversión, sin que ésta se haya efectuado.
En ese sentido, Pon Méndez dijo que ya se logró un juicio oral contra cinco exservidores públicos y una persona particular. Además de que se giraron dos órdenes de aprehensión contra ejecutivos de Banca Afirme, por no restituir 123 millones de pesos captados de participaciones federales del Estado, por el contrato de Next Energy.
El consejero jurídico aseguró que ya fue acatada la resolución en favor del Ejido Coronel Esteban Cantú en cuanto a la expropiación de los predios de la Bufadora, en Ensenada, por lo que se instituyó un fideicomiso municipal con un millón de pesos.
