La Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló, el 13 de noviembre de 2023, un anteproyecto por el que se emitirían las reglas básicas para la celebración de tres debates entre las candidaturas a la Presidencia de la República, que se llevarán cabo el 2 de junio de 2024, así como los criterios objetivos para la selección de las y los moderadores.
Sin embargo la propuesta aún deberá ser analizada y aprobada por el Consejo General del órgano constitucional autónomo. Pero, de avalarse, los tres debates serían a las 20:00 horas y en los siguientes días domingos: el 7 de abril, el 28 de abril y el 19 de mayo de 2024.
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La Comisión Temporal de Debates del INE planteó que uno de los debates se llevaría a cabo en las oficinas centrales del INE, además de que se evaluarán las otras sedes, donde se privilegiarán recintos que cuenten con los espacios y las capacidades técnicas necesarias para la producción de un debate televisivo, tales como universidades e instituciones públicas.
La citada Comisión también informó que entre enero y septiembre de este mismo año, seis encuestadoras realizaron un sondeo, en diferentes momentos, para determinar cuáles son los temas que más preocupan a los mexicanos.
Los temas a debatir serían: seguridad; economía; combate a la corrupción; salud y educación; pobreza; medio ambiente; migración, política exterior, además de atención a grupos en situación de vulnerabilidad, así como política y gobierno, estos últimos planteados por Carla Astrid Humphrey Jordan, presidenta de la citada Comisión.
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“Conforme a la definición de los formatos específicos para cada debate, se podrán añadir o dividir subtemas, de acuerdo con el número de bloques que se establezcan en cada ejercicio”, indica el acuerdo aprobado.
El anteproyecto también plantea que las personas que desempeñen como moderadores, deberán propiciar que el intercambio se centre en las candidaturas y sus propuestas, además de que evitarán acusaciones que afecten negativamente a una sola candidatura.
Asimismo, Humphrey Jordan detalló que el anteproyecto busca seguir perfeccionando los debates con moderación activa, para acabar con los formatos que se limitan al manejo del tiempo de las participaciones de las candidaturas.
Los lineamientos indican que los formatos deben garantizar la imparcialidad de las personas moderadoras, equitativos que otorguen la misma oportunidad y tiempo a todas las candidaturas, además de que fomenten la equidad en el ejercicio.
“[Los moderadores] deberán tener trayectoria comprobada en ejercicio periodístico o análisis político; experiencia en condición de programas noticiosos, de debate o análisis político en medios de comunicación; manejo en temas de coyuntura electoral, interés y compromiso para participar en capacitaciones y ensayos, así como involucrarse en los trabajos de planeación del debate”, explicó Humphrey Jordan.
Además, las personas que moderen los debates, “podrán solicitar que las candidaturas precisen sus respuestas y podrán presentar datos comprobables para contextualizar algún tema, siempre y cuando sean verificables y se señale su fuente”. Mientras que los candidatos presidenciales podrán conocer los temas a tratarse, pero no las preguntas generales, específicas o personalizadas.
Para la participación de la ciudadanía, se analizará cómo los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s) o las juntas locales o distritales, puedan dejarse dudas, inquietudes o propuestas para el debate.
Asimismo, como parte de formatos inclusivos, también se garantizará que sean transmitidos en distintas lenguas dependiendo de la entidad en que se trate, además de la traducción simultánea de señas.
“Los formatos específicos deberán privilegiar la improvisación y espontaneidad de las candidaturas, lo que les permitirá mostrar emociones, mientras que, a la audiencia, ver sus reacciones con intervenciones que promuevan que las candidaturas se salgan de un guion preestablecido”, indica el anteproyecto.
La citada Comisión argumenta que decidieron por la Ciudad de México, porque es el “centro político del país”, y cuenta con condiciones de estabilidad social y paz pública, lo cual minimiza los riesgos. Además de que se reducen los costos y existe mayor cobertura, por la cantidad de medios de comunicación.
“La Ciudad de México tiene una infraestructura de seguridad establecida, lo que podría reducir los costos de seguridad, en comparación con la organización de un evento en una ubicación que requiere una mayor inversión en seguridad adicional”, señala el acuerdo.
El Consejo General de INE -que podría discutir el anteproyecto, el jueves 16 de noviembre de 2023-, también definirá si se pueden fomentar más debates en redes sociales o en otro tipo de plataformas.
