Si no pagas, te voy a dar en la madre a ti y a tu familia, los vamos a matar a todos”, le advirtieron en una llamada extorsiva a Jesús Leónides, de 43 años, vendedor de muebles y residente de la colonia Sánchez Taboada, a quien le pidieron 15 mil dólares como cobro de piso: “La plaza ya está comprada, tiene dueño y soy yo”, aseguraron.
Al día siguiente incendiaron un carro frente a la casa de la víctima, esto sucedió en octubre.
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En agosto, en la colonia Altiplano en La Presa, una mujer pagó 150 mil pesos a quienes amenazaron con hacerle daño.
Durante septiembre, la mexicoamericana Guadalupe, de 28 años, recibió una extorsión telefónica en la modalidad de secuestros del número 52-868-253-5379, exigiéndole el depósito de 15 mil dólares porque tenían secuestrado a su hijo de 10 años, quien fue localizado extraviado en el fraccionamiento Jibarito.
Ese mes fueron liberados los únicos tres presuntos extorsionadores vinculados a proceso en 2023, después de que ingresaran con armas largas a una ferretería y amagaran a dos víctimas, golpeándolos porque cobrarían un dinero a su patrón.
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“En noviembre no ha habido denuncias ni reportes”, aseguraron desde la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California.
Conforme a las leyes mexicanas, el delito de extorsión aplica cuando “alguien obliga a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial”, y se logra cuando “el imputado, se vale de intimidación o amenazas graves, miedo razonable de realización de un mal futuro, eficaz y cierto hacia la víctima”.
De ser encontrados culpables, los detenidos serían sentenciados a penas de dos a ocho años de prisión y de 45 a 160 días de multa. Sanciones que aumentan si el delito “se realiza por una asociación delictuosa o por servidor público o ex servidor público, o por miembro o ex miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas”.
En Baja California se detiene a menos del 2 por ciento de los extorsionadores, mientras que el 99.99% de los casos y denuncias quedan en la impunidad.
EL MUEBLERO Y LOS POLICÍAS
La denuncia con Número Único de Caso 0204-2023-46512 acumula otras tres carpetas y data del 9 de octubre a las 22:00 horas.
Jesús Leónides, comerciante de muebles, también dedicado al detallado automotriz, golpeó, detuvo y denunció a cuatro policías municipales: Alfonso R, el más golpeado y señalado, ex jefe de la Unidad Canina; su pareja, Eliseo C, quienes patrullaban a bordo de la unidad BC-605A-1; y sus compañeros Jorge B y Maira P, quienes los acompañaban y circulaban en la patrulla BC-385A-2.
En este caso hay dos versiones y la fiscalía sigue sin resolver.
Por un lado, el ciudadano, quien llamó al número de Emergencias 911 y reportó un intento de secuestro y/o homicidio, aseguró que los agentes ahora identificados como Alfonso y Eliseo ingresaron a su casa y hasta su recámara la noche del mencionado lunes, buscándolo, preguntando por El Chito; metieron a su esposa en la recámara de su mamá y trataron de inmovilizarlo y llevárselo, pero como se sabe defender, él los sometió al final con apoyo de sus hijos y vecinos -pidieron ayuda a gritos por la ventana-, mientras los agentes Jorge y Maira, que esperaban en el patio, huyeron del lugar.
“Ingresaron a nuestro hogar con armas largas y cortas, despojándonos de muchas de nuestras pertenencias”.
El 911 también recibió reporte de los uniformados de la patrulla BC-385A-2 que estaban siendo atacados en la calle Eridano de la colonia Sánchez Taboada, ambos llamados fueron atendidos por decenas de patrullas municipales y algunas de la Guardia Nacional. Al llegar encontraron a los uniformados sometidos y desarmados, mientras Jesús los acusaba voz en cuello: “Estos cabrones son sicarios y llegaron a matarme a mi casa”.
Su hijo mencionó: “Nos querían bajar porque querían llevarse a mi papá”.
El padre interrumpió: “No, no; fueron a matarnos, Brayan (…) Me iban a secuestrar, yo tuve un intento de secuestro en 2008”.
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Aseguró que por eso el Ejército lo conocía, que preguntaran a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por él. ZETA lo hizo, y sólo expusieron que acompañaron a la víctima porque le estaban complicando la denuncia.
Finalmente, en medio de la tensión, Jesús acusó a los uniformados que llegaron después, de estar coludidos con los detenidos, le dijeron que sí eran policías y no le quisieron dar los nombres. Al final la jefa policiaca de Sánchez Taboada se llevó a sus elementos. Y a pesar de la acusación, de la solicitud expresa de los ciudadanos de que los procesaran, decidieron no presentarlos a la fiscalía.
En esas condiciones, Jesús decidió levantar la denuncia con algunos videos incluidos.
Como estrategia de defensa, los policías detenidos por los ciudadanos y liberados por sus compañeros, también denunciaron días después.
De entrada, en la SSPC de Tijuana reconocieron que el agente Alfonso R. fue sancionado al ser retirado del cargo como jefe de la Unidad Canina porque sospechosamente, esa noche del 9 de octubre, no reportó -como ordena el protocolo- que ejecutaría esa intervención en la casa de la calle Eridano en Sánchez Taboada.
En su denuncia, la versión de los uniformados es diferente y también acusaron a la familia por lesiones a servidores públicos. Los golpes fueron calificados que tardan menos de 15 días en sanar.
En los informes indicaron que estaban patrullando cuando recibieron un reporte, aunque en la redacción mencionaron dos: en la calle Baja California de la colonia Camino Verde, a la altura de Tacos El Paisa, se encontraba una persona lesionada por arma de fuego.
En el distrito Sánchez Taboada, Colonia Camino Verde, entre calles Sierra Nacozari y Baja California, había un menor de 13 años sin vida por arma de fuego.
“El responsable era un vehículo sedán color rojo con toldo color negro huyendo hacia la colonia Sánchez Taboada (…) localización de los presuntos responsables sobre la calle Eridano colonia Sánchez Taboada (…) una persona del sexo masculino complexión robusta, tez Moreno claro, barba de candado y lentes, la cual se encontraba sobre la acera agazapándose a un costado de un vehículo tipo pick up color café (…) este, muestra una actitud agresiva forcejeando con los oficiales, al mismo tiempo el sujeto solicita apoyo con los vecinos con un tono de voz alto, gritando que le querían hacer daño, intentando despojar del arma de fuego al oficial, siendo en ese momento que se detona, impactando la acera. Llegando alrededor de aproximadamente 10 personas para agredir físicamente a los oficiales de dicha intervención, con golpes y patadas”.
Omiten reportar que el presunto sospechoso que supuestamente encontraron afuera de su casa, estaba en ropa de dormir y sin camisa.
La versión extraoficial fue que los agentes habían intervenido a los hijos universitarios de Jesús Leónides, afuera en la banqueta de la casa, cuando recién llegaban en auto, frente a la casa familiar, y el padre, madre y abuela, salieron a defenderlos.
No omiten informar que su acusador fue detenido en 2012 -después del presunto intento de secuestro- por posesión de armas de fuego y explosivos.
El 10 de octubre, a las 20:00 horas, al día siguiente de la intervención policiaca, Jesús Leónides empezó a recibir llamadas de extorsión de un sujeto que dijo ser del Cártel Jalisco Nueva Generación y jefe de esa plaza; de entrada, le pidió pagar “15 mil bolas para aplacar esto”.
La llamada grabada duró más de seis minutos, el sujeto del otro lado del celular habló del operativo policiaco: “La orden no era matarte, la orden era alinearte…lo de ayer era para enlazar la llamada contigo. Queremos chambear contigo, Chito, ¿crees que te voy a llegar a lo pendejo? Usted ya tiene trabajando rato, sabe cómo está la ver… nunca le ha pagado nadie. Si quieres ser amigo de nosotros vas a estar verg…a ti nadie te va a tocar”.
Como muestra de buena voluntad, pidió que la familia les regresara el teléfono iPhone y el radio que en el jaloneo se le habían caído al agente Eliseo C, los cuales la familia dijo haber entregado a la Fiscalía General del Estado (FGE) desde el día anterior.
Por la mañana del mismo martes recibió otras llamadas similares, la víctima respondió todo el tiempo que trabajaba en negocios honestos, que vendía muebles, no tenía dinero y cuando le dijeron que “movía carros”, respondió que los detallaba, que no eran de él, como tampoco la casa en la que vivía con su familia, porque es de su mamá.
Al día siguiente dejo de responder y denunció.
El 11 de octubre, desconocidos quemaron un pick-up que la familia tenía estacionado afuera de la misma casa que fue intervenida en Sánchez Taboada.
INCIDENCIA, ESTADÍSTICAS INCONSISTENTES
El miedo ante las amenazas de los criminales y la desconfianza en las autoridades, provoca que los ciudadanos afectados prefieran no denunciar las extorsiones. De acuerdo a cifras presentadas por la Cámara de Diputados, en Baja California la cifra negra en extorsión es del 98.2%, sin embargo, las autoridades deciden hacer un baile de números en las estadísticas.
Acorde a los datos publicado por el Secretariado Ejecutivo Nacional, en 2022 sólo se denunciaron 112 extorsiones. Mientras que entre enero y octubre se han reportado sólo 86 extorsiones: 33 en Tijuana, 31 en Mexicali, 13 en Ensenada, cuatro en Tecate, tres en Rosarito y una en San Quintín.
De manera adicional, ZETA solicitó las estadísticas de Tijuana a la FGE y, conforme a datos proporcionados por la fiscalía regional de Tijuana, a cargo de Rubén Alfredo Maximiliano Ramos Jiménez, es diferente al reporte federal: acá los números son reducidos, pero mayores que en el registro federal.
En 2022, se registraron 342 denuncias por extorsión: 62 relacionadas con solicitud de depósitos, 38 por llamadas, 14 por cobro de piso y de las otras 231 no se especificó la clasificación. De enero a octubre de 2023 suman 270 denuncias: 48 por depósitos, 32 por llamadas, 14 por cobro de piso y de 174 no se informó clasificación.
Sólo en una carpeta de denuncia, los presuntos responsables fueron vinculados a proceso en 2022 y otra en 2023. En la del año pasado se trató de un sujeto detenido que intentó que una mujer le pagara a cambio de no publicar fotos de ella en internet. Y el de este año, el caso del cobro de piso por una supuesta deuda al dueño de una ferretería, quienes fueron exonerados y liberados siete meses después de ser capturados.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana informó que en diez meses de 2023 remitió a 191 denunciantes extorsionados a la FGE y capturó a nueve presuntos extorsionadores en seis casos distintos, enviándolos a la fiscalía para ser procesados.
99.99 POR CIENTO DE IMPUNIDAD
La única carpeta con vinculados de 2023 se inició el 14 de febrero a las 13:30 horas.
Los extorsionadores llegaron a una ferretería en Cuauhtémoc Sur, a la altura de La Gloria, a bordo de un vehículo tipo Ford F-150 blanco, manejado por Gerardo C. Entraron a la fuerza, armados, quienes posteriormente se identificarían como Pedro M y Erasmo Z, quienes amagaron y amenazaron a las víctimas, Margarito R y Alfredo H. Los incomunicaron, les preguntaron por su patrón, pues iban a cobrarle un dinero. Golpearon a uno de los empleados y, al no obtener respuesta, se retiraron.
La detención fue en flagrancia y se decretó legal el 16 de febrero por extorsión agravada en grado de ejecución tentado y fueron vinculados a proceso el día 21, quedando en prisión. Pero presentaron un recurso de apelación y fueron liberados el 20 de septiembre.
En los otros cinco casos con presuntos extorsionadores detenidos por la Policía Municipal en flagrancia que representan capturas sólo en el 2% de los 270 casos denunciados por la corporación, todos quedaron impunes.
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La madrugada del 21 de marzo, en el entronque de la calle Leona Vicario y Avenida Paseo de los Héroes en Zona Río, policías detuvieron a Francisco Torres y Luis Ruvalcaba luego que una mujer llamara su atención haciendo señas. Les informó que, al entrar por la Garita de San Ysidro, los hombres chocaron su auto, uno de ellos subió a su vehículo sin su consentimiento y la llevaron al banco para que sacar dinero y “les pagara el deducible”. Frente a los policías llegó el representante de la aseguradora Qualitas por parte de los hombres, y ahí se negó a hacerse cargo, “por lo que procede a la detención de los masculinos por el delito de daños en propiedad ajena y extorsión”. Fueron dejados en libertad en la fiscalía.
La tarde del 18 de mayo, Othoniel Hernández, de 22 años, llegó a Farmacia Internacional en Calle Tercera y Niños Héroes de la Zona Centro de Tijuana, donde dijo a la dependiente: “Yo soy de una banda, vengo a pedirte piso, 300 dólares. Anota este número, 665-228-3292. Y no, nomás soy yo, he mandado a diferentes y están haciendo caso omiso a no marcar, no es un juego, va a haber consecuencias”. El hombre fue buscado, encontrado y detenido, pero nada pasó.
La primera semana de agosto, una mujer en la colonia Altiplano denunció que una semana antes le pidieron y entregó 150 mil pesos. “Por medio de amenazas de teléfono y por WhatsApp, le decían que eran de un cártel de drogas, le pidieron el dinero para no hacerles daño, el 5 de agosto a las 08:57 horas, le solicitaron otros 28 mil pesos, pero sólo les envió 2 mil y se los entregó a Luis Ramos, quien fue detenido e identificado, pero no fue sujeto a proceso”.
En septiembre, el día 2, el cajero del Café Luna en el Centro de Tijuana recibió una servilleta con el siguiente mensaje: “Mira wey te quedaste con el dinero de Jorge y me mando a cobrarlo por la buena o por la mala se pasó de lanza conmigo son $4500 pesos”. De no cumplir, “mandaría alguien más a que le dispararan”.
El acto y el hombre fueron denunciados, un hombre llamado Ángel Blanco fue detenido sin mayores consecuencias.
El día 19, a las siete de la tarde en una casa localizada en Avenida Sonora del fraccionamiento Chapultepec, la empleada informó que le llamaron del número 561-120-5489 al teléfono del domicilio y luego a su celular a las 13:00 horas, “hablaban de parte de la dueña, que iban a llevar un paquete y que sacara lo de la caja fuerte por lo que la abrió y sacó joyas, la mantuvieron en llamada y aproximadamente a las 17:30 horas en una bolsa de piel ella entregó las joyas en la calle a una persona del sexo masculino, tez blanco, alto, robusto, de aproximadamente 37 años, vestimenta pantalón de mezclilla azul y camisa azul cielo y él se fue en un vehículo sedan color gris”.
Caso similar al robo perpetrado en casa de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, en junio pasado, por el cual está viviendo en las instalaciones del 28 Batallón de Infantería.
En este caso, sólo capturaron a la empleada y después la liberaron.
