Pagos indebidos e injustificados a trabajadores, retraso en la ministración de recurso federal a municipios, no acreditar la recepción y/o entrega de insumos, así como falta de congruencia contable en la información presentada, son las principales irregularidades detectadas por Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el ejercicio de recursos federales en Baja California.
En la Segunda Entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2022, el organismo fiscalizador observó 58 millones 27.3 miles de pesos al primer año de administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Si bien, esa cantidad es menor a la observada en el primer año del gobierno anterior de Jaime Bonilla Valdez (157.4 millones de pesos, mdp), la administración actual tiene pendiente por aclarar 38 millones 883.5 mil pesos, y falta una tercera entrega de la ASF que tendrá el grueso de las auditorías y revisiones de mayor magnitud.
El Colegio de Bachilleres de Baja California (Cobach) tuvo la observación más importante, con 25.6 millones de pesos; seguido por la Fiscalía General del Estado (FGE, 12.5 mdp) y el Gobierno de Baja California por principio de anualidad (13.4 mdp, auditoría sobre fondos en cuentas bancarias anteriores a 2022); así como por las participaciones y el Fondo de Aportaciones Múltiples -ejercido por DIF e INIFE- por 5.2 millones de pesos. Conalep, 720.8 miles de pesos y UABC con 408.9 miles de pesos.
COBACH PAGA EN EXCESO
La ASF presumió un daño al erario por 25 millones 679 mil 457.71 pesos en el Cobach por hacer pagos en exceso a mil 143 trabajadores por sueldos superiores a lo autorizado, y pagar las categorías 410-T05004 y DPA de nómina administrativa, que “no se encontraron listadas dentro de las autorizadas”.
El daño al erario también es por el pago en exceso de cuatro prestaciones autorizadas y erogar recursos para la prestación Reforzamiento al Aprendizaje, que tampoco estaba considerada para financiarse con recursos federales.
Otra irregularidad consistió en que la institución educativa dirigida por Juan Eugenio Carpio Ascencio “careció de una cuenta específica” para recibir el recurso federal, habida cuenta que se identificaron depósitos por 118 mil 482.88 pesos de otras fuentes. Observación que en la auditoría se subsanó parcialmente, originando el expediente OIC-D/111/2023 por parte del Órgano Interno de Control.
En el caso del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (CECyTE), la ASF observó que, si bien la institución publicó el ejercicio del gasto de los cuatro trimestres, “la información financiera careció de la calidad y congruencia requeridas”, debido a que las cifras reportadas en el cuarto trimestre de 2022 “no coincidieron con la información financiera del programa”. No obstante, en el transcurso de la auditoría solventó ésta y otras observaciones relativas a la presentación de información.
De igual forma, la ASF observó a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) dos contratos por adjudicación directa para la adquisición de cubre bocas KN95 color negro, otorgados a la empresa Adquisición y Distribución de Empaques y Herramientas Industriales por un monto total de un millón 180 mil pesos.
La información proporcionada “careció del soporte documental que acreditara la fundamentación y motivación señalada en el dictamen presentado” sobre la justificación de la adjudicación directa, por lo que el Órgano Interno de Control inició un procedimiento de responsabilidad administrativa.
Otras observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, consisten en tres contratos celebrados mediante licitación pública con dos personas físicas (dos con Melissa Zazueta Olvera y uno con Julián Montaño García Ovies) por la compra de uniformes para personal administrativo femenino, así como para uniformes para personal masculino de servicio, por un monto en conjunto de 5 millones 955 mil 068 pesos (sin Impuesto al Valor Agregado, IVA), que la Universidad no acreditó haber entregado a su personal. En ambos casos se inició un procedimiento de responsabilidad administrativa.
Además, la UABC realizó pagos a 43 trabajadores después de la fecha de baja por 408.9 miles de pesos, de los cuales 224.1 provinieron de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales y 184.8 miles de pesos con las Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios. A la postre, los recursos federales fueron reintegrados a Tesorería.
Por otro lado, al verificar el expediente de 169 trabajadores en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Baja California, la ASF identificó que en nueve servidores públicos no se acreditó con documentación justificativa (expedientes personales con títulos, cédulas profesionales y constancias de estudios, entre otros) que cumplan los perfiles de puesto desempeñado. De ahí que determinara “pagos improcedentes” por 2 millones 089.8 miles de pesos.
En el transcurso de la auditoría se proporcionó evidencia documental justificativa de ocho servidores públicos con los que se aclaró un millón 385 mil 680.44 pesos, por lo que la ASF presumió un probable daño o perjuicio a la Hacienda pública de 704 mil 091 pesos por un director del plantel D y E III.
FGE NO COMPRUEBA COMPRA DE MATERIAL POR 12.5 MDP
En 2022, Baja California recibió 303 millones 994.4 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FAIS), de los cuales la FGE ejerció 82 millones 554.1 miles de pesos.
La ASF determinó un daño al erario por 12 millones 499 mil 984.84 pesos luego que la FGE no comprobara haber recibido materiales y suministros para el laboratorio del Centro Estatal de Ciencias Forenses, bajo contrato FGEBC/FASP/ADJ-DIR/015/2022, que no aparece en Plataforma Nacional de Transparencia.
Tampoco registró los bienes en el Sistema Integral de Bienes de Consumo, ni presentó la documentación relacionada a su distribución que soporte que las operaciones y transacciones se efectuaron.
Además, la dependencia que entonces dirigía Ricardo Iván Carpio Sánchez no justificó la adjudicación directa de los contratos DAD-FASP-CESISPE16-22 (suministro e instalación de equipamiento tecnológico para CCTV) y DAD-FASP-SSC-36-22 (equipamiento, tecnología RFID).
En el Informe de la Auditoría se menciona a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como uno de los ejecutores de los recursos del FAIS, pero no se dan detalles sobre cómo ejerció los recursos asignados ni las irregularidades encontradas.
RETRASOS EN PAGO DE PARTICIPACIONES
Según la Auditoría Superior de la Federación, el Gobierno de Baja California ha hecho “esfuerzos importantes” principalmente en la atención de las observaciones sobre la distribución de participaciones, ya que los cálculos de asignación estuvieron conforme a la normatividad y se utilizó un manual.
Sin embargo, en la Cuenta Pública 2022 se detectó que la Secretaría de Hacienda del Estado transfirió con un retraso de 34 días el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) a los siete municipios. Por esa irregularidad, la dependencia que dirige Marco Antonio Moreno Mexía pagó 5 millones 214 mil pesos de rendimientos generados, sin embargo, “no aclaró por qué entregó de manera extemporánea los recursos del FEIEF a los municipios en relación con los plazos previstos por la normativa”.
Del total de participaciones transferidas a los siete municipios, se aplicaron deducciones a seis gobiernos locales, que en conjunto ascendieron a 2 mil 880 millones 434.7 miles de pesos, presentando la documentación justificativa.
Una de las reducciones al Ayuntamiento de Ensenada fue de 34 millones 986.5 miles de pesos para el pago al IMSS por adeudos de cuotas obrero-patronales, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo un mayor monto sin que el Estado hiciera gestiones para recuperar el monto descontado.
INCONSISTENCIAS AL ENTERAR ISR
En la revisión de la ASF al ejercicio de participaciones federales, se identificó que la Secretaría de Hacienda pagó 13 mil 987 millones 829.7 miles de pesos para servicios personales. Por este rubro enteró mil 304 millones 439.7 miles de pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Sin embargo, “se observó que el entero al SAT de las retenciones por asimilados a salarios del ISR fue sin importe y éste se presentó en el concepto de ISR retenciones por salarios”. Irregularidad que generó un expediente en la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.
La incongruencia contable fue observada en los recursos de participaciones ejercidas por el Ayuntamiento de Ensenada -encabezado por Armando Ayala Robles-, ya que se observó una diferencia de 5 millones 150.3 miles de pesos entre la retención de ISR registrada en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y los resúmenes de nómina presentados.
Aunque el Ayuntamiento remitió tres oficios con información adicional, la ASF advirtió que “ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado”.
En el Consejo Fundacional de San Quintín -presidido por Jorge Alberto López Peralta- se erogaron 113 mil 182.4 miles de pesos a servicios personales, pero en sus registros de nómina la cantidad fue menor (102 millones 610.8 miles de pesos).
Además, las retenciones del ISR a trabajadores en enero, abril, junio y noviembre de 2022, “se enteraron extemporáneamente, lo que generó recargos y actualizaciones por 43.2 miles de pesos”. Debido a ello, Sindicatura abrió un expediente para determinar responsabilidades administrativas.
OBSERVAN MÁS DE 4 MMDP A NIVEL NACIONAL
El 31 de octubre, el auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, hizo la segunda entrega de Informes de la Cuenta Pública 2022 a la Cámara de Diputados -que contempla 708 informes individuales- y se determinaron 4 mil 665 millones de pesos por aclarar por parte de gobiernos estatales y municipales, órganos autónomos y organismos públicos descentralizados en el país.
A decir del funcionario, “las solicitudes de aclaración han disminuido” gracias a las reuniones sostenidas entre titulares de las dependencias fiscalizadas y la ASF, permitiendo que durante las auditorías “se vayan aclarando las observaciones” y haya menos acciones emitidas.
En el acumulado de entregas, el mayor monto observado corresponde a la Comisión Federal de Electricidad (478.7 mdp), seguido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT, 185.2 mdp), Pemex (112.7 mdp), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU, 96.5 mdp); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, 94.2 mdp) y Secretaría de Marina (92.4 mdp).
No obstante, la diputada panista María Elena Pérez-Jaen Zermeño consideró que el trabajo de la ASF ha sido “ineficiente” y criticó que haya solicitado 385 millones de pesos adicionales para 2024, con el fin de ampliar su personal en 200 plazas.
La legisladora juzgó incorrecto que la ASF haya modificado por segunda vez el Programa Anual de Auditorías a menos de 100 días hábiles de que se entregue el tercer Informe de la Cuenta Pública 2022.
En la última modificación se establecieron auditorías forenses a tres universidades estatales (Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas), el Estado de Durango, el municipio de Torreón e Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Empero, no se harán esas auditorías forenses donde hay indicios de corrupción, como Segalmex, Diconsa, Liconsa, Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física (Conade), programa Sembrando Vida, en las que “tímidamente” se contemplan auditorías de desempeño.
Para concluir, la diputada Pérez-Jaen Zermeño anunció que presentará una reforma constitucional para que la ASF sea un ente fiscalizador “verdaderamente independiente y autónomo”, que sean personas probas y no se conduzcan bajo las órdenes de algún grupo parlamentario o de Palacio Nacional.
