A menos de dos meses de terminar 2023, el Gobierno del Estado de Baja California aún no ha entregado el informa anual de acciones ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (Conavim); tampoco ha podido iniciar el proceso de análisis.
En junio de 2021 se declaró Alerta de Violencia de Género en Baja California, bajo la administración de Jaime Bonilla Valdez (2019-2021) y promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado (CEDH).
Poco se pudo hacer, pues cinco meses después entró en funciones la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a dos años de la declaratoria, tanto autoridades como académicos coinciden en que sí hay avances, pero no los suficientes.
En junio de 2023, Ávila Olmeda debió entregar el informe anual de avances y acciones cumplimentadas de las 39 peticiones, pero no se hizo debido a que ahora los analistas de la Conavim pidieron indicadores más detallados, más datos duros en cuanto a la población de Baja California y las acciones implementadas.
“Ya estamos a dos años de la Alerta y estamos, todavía, en espera del Informe del Gobierno del Estado para poder evaluar el segundo año, no se ha entregado, por lo tanto, no se ha podido hacer el dictamen, y eso es algo que sí nos tiene preocupados. El informe se debió haber entregado en junio, no han dado alguna justificación, sabemos que están trabajando con más detalle en el tema de los indicadores, en cómo conformar el informe, porque la vez pasada, una de las cosas que le señalamos, es que hacía falta tener indicadores para dar seguimiento a las acciones”, expuso la doctora Marlene Solís, investigadora del Departamento de Estudios Sociales de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef).
AVANCES POSITIVOS
Entre los avances positivos, la investigadora destacó las funciones del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), así como la construcción de uno más en San Quintín, la implementación del Escuadrón Violeta, la mejora del 911 para la atención de casos de violencia y capacitaciones para el personal del Estado.
De igual forma, reconoció el trabajo del Instituto para la Mujer, tanto el estatal como el municipal de Tijuana, el cual ha generado su propio programa para combatir la violencia de género.
“También hemos podido dar cuenta de la comunicación que hay con el Gobierno Federal, con la Conavim, por ejemplo, en algunas ruedas de trabajo para dar seguimiento a algunos casos, para generar datos en el Banco Nacional de Información sobre Violencias”, detalló.
LO NEGATIVO
María Elena Andrade, fiscal general del Estado, declaró que no se estaban llevando a cabo las investigaciones con perspectiva de género y una de sus primeras acciones al tomar el cargo fue hacer un cambio de mandos, por lo que en la Unidad Especializada de Violencia en Razón de Género nombró a Hortencia Noriega en sustitución de Adriana Lizárraga, quien era señalada por colectivos de llevar años con sus carpetas detenidas.
“Eso sí nos desanima mucho porque tiene muchas implicaciones en términos de seguimiento, de la confiabilidad de los datos respecto al número de homicidios; esa es una tarea que urge a Baja California, todo el manejo de información en cuanto a violencia de género y feminicida”, mencionó por su parte la especialista en temas sociales del Colef.
NINGUNA CUMPLIMENTADA EN SU TOTALIDAD
En febrero de 2021, la CEDH fue la encargada de solicitar declaratoria de Alerta de Género tras el asesinato de Lucero Rubí por parte de su ex pareja en un centro de salud de San Quintín.
Al otorgarse la declaratoria el 21 de junio de 2021, el Estado se comprometió a cumplir los 39 puntos, enfocados a prevenir feminicidios, garantizar seguridad, justicia y reparación del daño.
Sin embargo, no se han cumplido 24 puntos y sólo hay 15 en proceso, por lo que la CEDH consideró que hace falta celeridad respecto a garantizar el acceso a la justicia de mujeres y niñas a través del fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género; además de poner la estructura de la Fiscalía Especializada de Investigación de Feminicidios.
Tampoco se ha generado la estrategia que permita garantizar a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, recibir servicios integrales de atención temprana y garantizar los servicios médicos, jurídicos y psicológicos especializados, así como educación y alimentación.
“Si bien distintas autoridades han registrado avances en el cumplimiento de las obligaciones de la AVG, esto no implica la reducción de los índices de violencia contra las mujeres en la entidad”, reportó el organismo.
Cabe mencionar que la CEDH está en proceso de realizar una evaluación puntual del seguimiento de la Alerta de Violencia de Género para determinar el avance específico de cada autoridad.
Por último, Marcela Solís sostuvo que continuarán presionando al Gobierno del Estado para la entrega del reporte anual, ya que se comprometió a hacerlo en los próximos días. Aun así, falta que una vez entregado se realice el análisis por parte del panel de Conavim, el cual podría tardar algunos meses, y por ende, se estaría entregando hasta 2024.
