La Unidad Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó, el 5 de octubre de 2023, que, un día antes, la jueza Lisa Walsh, del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, ordenó la entrega de 2 millones 524 mil 50 dólares -alrededor de 44 millones de pesos mexicanos-, al Gobierno de México, procedentes de la venta de inmuebles que fueron adquiridos en dicho entidad de, Estados Unidos, por Genaro García Luna -ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, y su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez, con dinero “procedente de la trama corrupta organizada por ambos”.
Ello tras la demanda civil de reivindicación patrimonial, que la UIF presentó el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, en contra de Genaro García Luna y su esposa, con el fin de recuperar recursos “defraudados” al Gobierno mexicano.
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A través de un comunicado, la UIF destacó que el 4 de octubre 2023, Walsh ordenó la entrega de los bienes de la empresa Delta Integrator, reclamados por el Gobierno de México, al acreditarse por la parte mexicana, que los demandados incurrieron en una falta, al omitir concurrir al juicio.
Además, la jueza ordenó trasladar al Gobierno de México, en un plazo máximo de 10 días, a través de los abogados del mismo, los bienes de dicha empresa, que ascendían a 1 millón 968 mil 250 dólares con veinticinco centavos, por tres inmuebles ya liquidados y, además, otro departamento ubicado en Miami, Florida, con un precio aproximado de 555 mil 800 dólares, que aún no había sido liquidado.
“En total, la jueza ha ordenado la entrega a México de USD 2,524,050.00 (dos millones quinientos veinticuatro mil 50 dólares), unos 44 millones de pesos mexicanos, procedentes de la venta de inmuebles que fueron adquiridos en Florida, EE.UU. por García Luna y Linda Cristina Pereyra con dinero procedente de la trama corrupta organizada por ambos contra el gobierno de México”, señaló el comunicado.
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La UIF destacó, además, que esta era la primera recuperación de activos en Florida, productos “de actos de corrupción de la banda que organizó García Luna y que operó durante más de 10 años, durante los sexenios de Vicente Fox [Quesada], Felipe Calderón [Hinojosa] y Enrique Peña Nieto”.
Por último, la institución dependiente de la SHCP señaló que los recursos repatriados serían destinados de conformidad con las leyes vigentes, en beneficio de la ciudadanía mexicana. Asimismo, explicó que el juicio civil en el que el Gobierno de México reclamaba más de 700 millones de dólares, por 19 propiedades ubicadas en Florida, no había terminado aún y continuaría hasta su culminación.
La Unidad de Inteligencia Financiera pretendía obtener 700 millones de dólares de dinero que supuestamente García Luna habría obtenido ilícitamente, a través de una “compleja red”, que le permitió lavar fondos “robados”.
El caso quedó suspendido el 1 de noviembre de 2022, a la espera de que se decidiera respecto a la procedencia o no de la impugnación. Sin embargo, un juez de Miami, y ahora la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida, determinaron que la razón asistía al gobierno mexicano, por lo que el proceso podría continuar y en determinado momento llegar a juicio.
“El Gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York”, recordó la UIF, el 1 de marzo de 2023.
La Corte de Circuito de Miami Dade reprogramó para el 3 de noviembre del 2021, la audiencia para el caso donde se enfrentará la UIF, y otras instituciones mexicanas contra García Luna y más de 40 entidades físicas y morales, incluida la esposa del ex funcionario federal mexicano.
García Luna es acusado por la institución que depende de la SCHP, de haber robado al menos 250 millones de dólares durante los seis años que duró el Gobierno de Enrique Peña Nieto, así como establecer una red de lavado de dinero para comprar automóviles de lujo, bienes raíces y crear empresas para transferir el dinero a Barbados y EE.UU.
La demanda radicada en la Corte de Circuito de Miami Dade -y que será presidida por el juez William Thomas-, fue presentada el 21 de septiembre del 2021, por los abogados Carlos A. Acevedo, Kevin A. Malone y Kelley B. Stewart, litigantes contratados por el Gobierno mexicano.
Acevedo, Malone y Stewart enviaron decenas de misivas a cada alguacil del estado de Florida, donde residía la mayoría de los acusados y se hallaban establecidas las entidades demandadas, para que entregaran los citatorios a los implicados, algunos de los cuales se les hacía un reclamo respecto a una propiedad.
El 21 de septiembre del 2021, la UIF acusó a García Luna, de haber robado al menos 250 millones de dólares durante los seis años que duró el Gobierno de Enrique Peña Nieto y establecer una red de lavado de dinero para comprar automóviles de lujo, bienes raíces y crear empresas para transferir el dinero a Barbados y EE.UU.
La demanda de carácter civil fue presentada por la institución mexicana dependiente de la SHCP, en el Onceavo Distrito Judicial de Miami, en Florida, en la cual se destacaba que “tiene derecho al establecimiento de un fideicomiso implícito que consiste en bienes inmuebles que los demandados compraron con fondos robados del Gobierno de México y cualquier beneficio derivado de los fondos mal habidos”.
“Por lo tanto, el demandante, los Estados Unidos Mexicanos, exige un juicio contra cada demandante para la devolución, restitución, transferencia de las ganancias mal habidas de cualquier bien inmueble comprado con ellos, y por los costos de esta acción y cualquier otra reparación adicional como la Corte lo juzgará justo y apropiado”, señala la denuncia civil.
La UIF detalla que dichos actos fueron cometidos entre el 2012 y el 2018, destacando que García Luna comenzó a crear una compleja red, similar a una “empresa” de lavado de dinero, desde que asumió la Secretaría de Seguridad Pública en el Gobierno de Calderón Hinojosa, y que “desde su posición de inmenso poder controlaba muchos aspectos de la seguridad del país”.
La demanda señalaba que García Luna recibió un total de 74 millones de dólares en contratos con la Secretaría de Gobernación (SEGOB)-, que fueron producto de sobornos, manipulaciones, ofertas o corrupción, pero que en total, los recursos obtenidos de forma ilegal suman al menos 250 millones de dólares, con un esquema para “ocultar los fondos robados en numerosos activos ubicados principalmente en Florida”.
La UIF acusó a ocho personas físicas: Genaro García Luna y su esposa, Pereyra Gálvez, así como a un grupo de empresarios señalados como socios, presuntos prestanombres y co conspiradores del ex funcionario federal: Mauricio Weinberg López, Jonathan Weinberg Pinto, Sylvia Punto de Winberg y Natan Wancier Taub. Así como José Francisco Niembro González, quien fue subsecretario de Tecnologías de la Información de la SSP, y a su cónyuge, Martha Nieto Guerrero.
Además, 39 compañías y propiedades, 47 personas físicas y morales implicadas, fueron señaladas en la demanda por el Gobierno mexicano, quienes funcionaban como una “empresa” de lavado de dinero, en la que cada participante tenía un rol y tarea específica.
“García Luna armó una extensa red de socios comerciales que posteriormente utilizó para obtener contratos ilegales de diversas entidades y agencias de la República Mexicana por cientos de millones de dólares durante su mandato en el cargo, así como después de dejar su oficina”, insistió la UIF.
Asimismo, según la institución dependiente de la SHCP, el ex funcionario federal y sus socios lavaron y retiraron el dinero de los contratos ilegales fuera de México, fuera del alcance de las autoridades mexicanas. “Orquestó la creación de una compleja red de múltiples entidades para comprar y mantener múltiples parcelas de bienes raíces y otros activos, incluidos numerosos automóviles de lujo y de colección”, detalla la denuncia.
La UIF explicó que su denuncia, se basa en que el ex titular de la SSP durante la Administración de Calderón Hinojosa “ocultó fondos robados del Gobierno de México y obstaculizó su recuperación por blanquear ganancias mediante la transferencia de los fondos robados, fuera de México a cuentas bancarias en Barbados, Estados Unidos y otros lugares”.
“Actos que se cometieron mientras estaban en Miami […] Con lo que pudo adquirir, controlar y mantener una gran y sofisticada empresa de lavado de dinero, principalmente a través de la compra y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles ubicados en Florida”, agregó la demanda de 131 páginas.
La UIF destacó que dicha “empresa” de lavado de dinero, ideada y liderada por García Luna, transfirió 160.7 millones de dólares a Barbados en 2015; 12.9 millones de dólares en 2019 a Panamá, a través de la empresa Nunvav, propiedad de los Weinberg y Wancier, que sirvió como conducto principal para los fondos tomados ilegalmente de México.
Según la institución dependiente de la SHCP, García Luna también adquirió vehículos de lujo como Lamborghini, Ferrari y Rolls Royce. Además, destaca que en los últimos dos años, ya preso en Nueva York, el ex funcionario federal mexicano vendió propiedades por más de 17 millones de dólares. Mientras que en otros casos, se seguían beneficiando de rentas, intereses.
AMLO CRITICA A PODER JUDICIAL, POR CANCELAR UNA ORDEN DE CAPTURA CONTRA GARCÍA LUNA; “ESTÁ PODRIDO”, DICE
El presidente de Andrés Manuel López Obrador criticó, el 5 de octubre de 2023, a los integrantes del Poder Judicial Federal (PJF), luego de que, un día antes, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito confirmó retirar la orden de aprehensión librada contra Genaro García Luna -ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, quien fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito por 43 millones de pesos.
“El Poder Judicial está podrido y hay excepciones en jueces, en magistrados, en ministras, excepciones, pero la regla es que ese poder está tomado, está secuestrado, está al servicio de la mafia del poder económico y del poder político y esto es una prueba más”, dijo el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
“Le otorgaron un amparo a García Luna, ya le habían otorgado amparo para que se le descongelaran sus cuentas, y a la que habían nombrado brazo derecho de la presidenta de la Suprema Corte [Norma Lucía Piña Hernández], es una gente cercana a García Luna, y ahora lo amparan en una denuncia de corrupción presentada por la Fiscalía General”, indicó el político tabasqueño.
El titular del Poder Ejecutivo Federal también criticó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al que consideró un “adorno” y un “florero”, por no sancionar o enjuiciar a los jueces, magistrados y ministros, por actos de corrupción e insistió en que el PJF debía ser sometido a una reforma.
“Por eso hay que reformar al Poder Judicial y lo tiene que hacer el pueblo en la elección, para que se pueda reformar la Constitución en el Congreso, desde luego, para eso se necesita contar con mayoría, no simple sino calificada, no es la mitad más uno, sino dos terceras partes de los legisladores”, enfatizó López Obrador.
Lo anterior, propició que la FGR anunciara, el mismo día, que procedería legalmente contra Gerardo Genaro Alarcón López, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, quien negó la orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito contra de García Luna, así como de los magistrados del citado Tribunal, que confirmaron dicha negativa, “toda vez que actuaron en contra la administración de justicia”.
La FGR recordó que obtuvo de un juez de Control -no señaló de cuál-, una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito en contra de García Luna, por habérsele descubierto un ingreso injustificado, inicialmente de más de 43 millones de pesos durante su gestión como servidor público, en el periodo de 2000 a 2012, y sin que los mismos consten en sus declaraciones fiscales y patrimoniales, lo cual está confirmado por diligencias periciales contables.
“Ahora, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, resolvió que se niega el mandamiento judicial obtenido. Lo anterior, aun cuando con los datos de prueba proporcionados a la autoridad jurisdiccional, está demostrado que su patrimonio es desproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos, lo que violenta los principios de legalidad y el debido proceso”, dijo la institución de procuración de justicia.
“El Tribunal integrado por los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, violentando el artículo 224 del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos”, insistió la Fiscalía General de la República, en un comunicado.
“Se sancionará a quien, con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos…”, decía el artículo 224 del Código Penal Federal vigente en ese entonces.
“En razón de lo anterior, se iniciará el procedimiento legal en contra del Juez de Distrito, Gerardo Genaro Alarcón López, quien inicialmente negó la orden, y de los Magistrados que confirmaron dicha negativa, toda vez que actuaron en contra de la administración de justicia. Es muy importante señalar que existen otras tres órdenes de aprehensión vigentes, por diferentes delitos, en contra de Genaro ‘G’”, finalizó la FGR.
