El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito confirmó, el 3 de octubre de 2023, retirar la orden de aprehensión librada contra Genaro García Luna -ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, quien fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito por 43 millones de pesos.
Lo anterior, propició que la FGR anunciara, el mismo día, que procedería legalmente contra Gerardo Genaro Alarcón López, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, quien negó la orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito contra de García Luna, así como de los magistrados del citado Tribunal, que confirmaron dicha negativa, “toda vez que actuaron en contra la administración de justicia”.
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La FGR recordó que obtuvo de un juez de Control -no señaló de cuál-, una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito en contra de García Luna, por habérsele descubierto un ingreso injustificado, inicialmente de más de 43 millones de pesos durante su gestión como servidor público, en el periodo de 2000 a 2012, y sin que los mismos consten en sus declaraciones fiscales y patrimoniales, lo cual está confirmado por diligencias periciales contables.
“Ahora, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, resolvió que se niega el mandamiento judicial obtenido. Lo anterior, aun cuando con los datos de prueba proporcionados a la autoridad jurisdiccional, está demostrado que su patrimonio es desproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos, lo que violenta los principios de legalidad y el debido proceso”, dijo la institución de procuración de justicia.
“El Tribunal integrado por los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, violentando el artículo 224 del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos”, insistió la Fiscalía General de la República, en un comunicado.
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“Se sancionará a quien, con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos…”, decía el artículo 224 del Código Penal Federal vigente en ese entonces.
“En razón de lo anterior, se iniciará el procedimiento legal en contra del Juez de Distrito, Gerardo Genaro Alarcón López, quien inicialmente negó la orden, y de los Magistrados que confirmaron dicha negativa, toda vez que actuaron en contra de la administración de justicia. Es muy importante señalar que existen otras tres órdenes de aprehensión vigentes, por diferentes delitos, en contra de Genaro ‘G’”, finalizó la FGR.
