A partir de 2021, las sesiones del Consejo Fundacional de San Quintín han sido a puerta cerrada, sin acceso a la prensa o al público, y desde entonces los integrantes han violado leyes de la administración pública en Baja California, manifestaron legisladores del Congreso del Estado.
El 20 de septiembre, el gobierno sanquintinense compareció ante los legisladores, quienes señalaron 29 observaciones por uso irregular de los recursos que derivó en el rechazo de la cuenta pública.
Ante el cúmulo de irregularidades, el diputado panista Diego Echeverría expresó que pedirán la inhabilitación de los integrantes del Consejo Fundacional.
“Están claras las presuntas responsabilidades administrativas, incluso penales, después de que nos pasan al Congreso del Estado, se pasa a Sindicatura Municipal, quien es el competente como Órgano Interno de Control, para que determine las responsabilidad o sanciones quien se deben establecer como una denuncia penal o la inhabilitación. En su caso, dependiendo qué tipo de delito se pueda encuadrar, se ponen las denuncias correspondientes”, detalló.
“El presidente del Consejo Fundacional se excusa en que desconocía la Ley, pero hay un principio del Derecho: el desconocimiento de la Ley no te exime de su cumplimiento”, agregó.
Los argumentos referidos por el Concejo son insuficientes, en tres años han tenido la posibilidad de contratar un asesor jurídico para que el ingreso se invirtiera en obras prioritarias para los ciudadanos de San Quintín.
La diputada Dunia Montserrat Murillo, originaria de la comunidad y miembro de Morena, también rechazó las justificaciones de su presidente, sobre todo en materia de inseguridad.
La legisladora negó una mejoría en seguridad, pues en 2022 cerraron con 22 asuntos y en el transcurso de nueve meses de 2023 se contabilizaron 20 crímenes.
De igual forma, hizo mención de malos servicios públicos, las calles no son raspadas, no hay agua potable y recolección de basura es ineficiente.
SERVICIOS PÚBLICOS SON NEFASTOS: DUNIA MONTSERRAT
Durante la comparecencia del 20 de septiembre, integrantes del Congreso del Estado confirmaron que son los mejor pagados de Baja California y legislan para una comunidad de 100 mil habitantes.
Un concejal percibe 63 mil pesos mensuales, mientras que regidores de Mexicali obtiene 44 mil, Ensenada 43 mil, Tecate 49 mil, Rosarito 45 mil pesos y los de San Felipe 39 mil pesos.
“Aparte el bono ilegal que se dieron de 135 mil pesos”, reprochó el legislador panista, quien a su vez cuestionó al presidente del Concejo, Jorge Alberto López, por qué no han devuelto el dinero a las arcas en estos dos años y considera esos sueldos “justos”.
Comparó al Concejo Fundacional de San Quintín con el de San Felipe, pues el primero no presentó a tiempo un proyecto de ingresos y egresos pese a estar cobrando un sueldo, mientras que el segundo sí lo presentó desde diciembre de 2020.
ZETA solicitó a José Alberto López una entrevista para obtener su versión sobre los hechos señalados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), sin embargo, hasta el cierre de edición, no respondió a la petición.
En general, la población de San Quintín representa de manera oficial y sin población flotante, el 3% de la población total de Baja California, con un grado de marginación medio bajo.
Hasta hace tres años ese municipio concentraba la mayor pobreza extrema de todo BC, de acuerdo con datos de la Secretaría de Bienestar.
El 3.8% de las familias viven en pobreza extrema, 3.1% vulnerable por ingresos, 31.1% con pobreza moderada, 34.9 % de la comunidad vive con un grado de pobreza y 47% vulnerable por carencia social, de acuerdo con fuentes del Gobierno de México en su estudio de 2020.
CONCEJO LIMITÓ FACULTADES A SINDICATURA
La síndico municipal Eunice Mercado Gilbert informó que el 8 de septiembre se presentó una propuesta de reforma del reglamento interno, en la cual el Concejo Fundacional limitó las facultades de ese órgano de control.
Tales limitaciones contravienen la Ley de Régimen Municipal del Estado, al quedar desprovista de vigilar, inspeccionar y auditar al Ayuntamiento del sexto municipio.
“Nos dejan a la deriva, tan es así que la Sindicatura presentó una impugnación porque no puedo dejar al desprovisto y al vacío lo que es la administración pública de San Quintín”, sostuvo, para posteriormente dejar en claro que, pese a estos cambios, su personal se apegará a las facultades que confiere a Sindicatura la Ley de Régimen Municipal de Baja California. Por ese asunto, hay un procedimiento de responsabilidad abierto. Sindicatura Municipal de San Quintín tiene 80 procedimientos de responsabilidad administrativa abiertos en contra de servidores públicos, de los cuales han determinado 32.
“Mi Sindicatura se compone de ocho personas que hemos luchado contra la negativa para prestarnos información contra los procedimientos que hemos realizado cuando son apegados a la Ley”, sostuvo.
— ¿A qué se refirió cuando en comparecencia dijo que los servidores públicos con procedimiento abierto no cooperan?
“A que no proporcionan la información que se les requiere, por parte de los diferentes servidores que existen en cada una de ellas, hay procesos administrativos abiertos derivados de quejas o denuncias que se han presentado y los empleados al momento que se les requiere la información o no la mandan, contestan el oficio con una evasiva o bien pidiendo una prórroga. El decir que no me van a emitir la información porque tienen carga de trabajo no es algo justificado”, declaró Eunice Mercado Gilbert.
— ¿Las sesiones del Concejo deben ser públicas?, cuestionó ZETA.
“Las sesiones son públicas, abiertas al público; si nos vamos a las cuestiones legislativas, son públicas. Es una responsabilidad administrativa para quien niegue el acceso, toda vez que la misma norma nos dice que todas las sesiones que se realicen deben ser públicas. Aún no me ha tocado que llegue un ciudadano y toque la puerta para saber si puede entrar o no a una sesión, pero la norma establece que todo ciudadano tiene derecho a comparecer en ellas si quiere estar presente y hacer preguntas, siempre y cuando sea sobre el tema que se esté tocando, además de ser respetuosas”.
— ¿La Auditoría Superior de la Federación está auditando al Concejo Fundacional?
“Así es, este año, en abril del presente, inició una auditoría”.
De acuerdo con la auditoría, las irregularidades más “serias” son:
* No someter a licitación pública contratos por 45 millones de pesos en obra y proveeduría.
* De los ingresos totales por 241 millones 164 mil 313 pesos en 2021, expidió facturas sólo por 8 millones 500 mil 779 pesos, infringiendo así el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Impuesto Sobre la Renta.
* Tuvieron ingresos por 30 millones 780 mil 366 pesos, de los cuales 6 millones 661 mil 775 fueron depositados en una cuenta bancaria de BBVA hasta diciembre de 2021; de ese total, 2 millones 609 mil 259 pesos los usaron en efectivo para viáticos, seguros de bienes y combustibles.
* Por concepto de compensación, pagaron 2 millones 810 mil pesos y de prima vacacional un millón 508 mil pesos, más 96 mil de honorarios asimilables sin retener Impuesto Sobre la Renta (ISR).
* Con la finalidad de realizar doble cobro, pagaron vacaciones a bomberos y policías correspondiente a los periodos 2019-2021 por un millón 122 mil 302 pesos, más sueldos y salarios catorcenal sin que éstos hayan gozado del derecho.
* En fin de año, se presentaron pagos a cinco concejales por 134 mil 122 pesos que en suma fueron 670 mil pesos por concepto de gratificación de fin de año.
* Se efectuaron pagos por adquisición de bienes y servicios por concepto de materiales y suministros por 408 mil 509 pesos y servicios generales por 410 mil 408 pesos, de los cuales no se localizaron por lo menos tres cotizaciones que debieron realizarse con autorización.
* El Concejo rentó unidades ese año; la factura 15B46, con fecha 23 de septiembre de 2021, fue cancelada por 127 mil 600 pesos por concepto de arrendamiento de vehículos.
*Adquisición de materiales y suministros por 408 mil 595 pesos y servicios generales por 410 mil 409 pesos, de los cuales no se localizaron por lo menos tres cotizaciones; también se efectuó la compra de materiales y suministros por 2 millones 166 mil 729 pesos y servicios generales por 2 millones 116 mil 347 pesos, de los cuales no se localizaron tres cotizaciones con la autorización del director.
* La entidad remitió cuadro comparativo de tres proveedores para la adquisición de chalecos balísticos, en el que anexan las cotizaciones y seleccionaron a Blindado Seguro, SA de CV con una propuesta de un millón 729 mil 560, al ser la mejor oferta; en cuanto a adquisiciones de uniformes se remitió cuadro comparativo de tres proveedores y cotizaciones, eligiendo como mejor opción al proveedor Elite By Carga, SA de CV, con una propuesta de 2 millones 699 mil 175 pesos.
*Adquisiciones de bienes muebles por 45 millones 308 mil 226 pesos adquiridos en forma directa, cuando debe ser a través de licitación pública.
*Al comparar el padrón físico de bienes muebles -61 millones 941 pesos- con registros contables por 70 millones 442 mil 453 pesos, existe una diferencia de 8 millones 501 mil 453 pesos de más en registros contables no aclarados.
* Del inventario del padrón físico de bienes muebles, no se localizaron 13 bienes por 2 millones 569 mil 432 pesos.
* En las cuentas por pagar a Issstecali, según registros contables por 3 millones 337 mil 391 pesos que al comparar con el estado de cuenta por cobrar de Issstecali por 2 millones 569 mil 539 pesos, existe un a diferencia de más en registros contables por 767 mil 853 pesos; no remitió información del resultado respecto a este dato.
* Del padrón de rezago de Impuesto Predial que corresponde a ejercicios anteriores y asciende a 91 millones 612 mil 141 pesos durante el ejercicio 2021, no se efectuaron acciones para su recuperación.
* En cuatro contratos de obra, a la entidad se le observaron pagos en exceso por concepto de trabajos pagados no ejecutados, por concepto de gastos de inspección y supervisión, por un importe total de 361 mil 806 pesos 74 centavos en la colonia Las Brisas, Calle General Lázaro Cárdenas en Nuevo Mexicali, techumbre en el Centro de Bachillerato de la colonia Emiliano Zapata y un revestimiento del Bulevar Rodolfo Sánchez en la colonia Cachanilla.
