En México hay 111 mil 540 personas desaparecidas y no localizadas que son buscadas por las autoridades, principalmente por sus familiares, de acuerdo con el registro nacional especializado en la materia, coordinado y administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda de personas (CNB), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Al menos esas cifras eran las reportadas hasta las 14:33 horas del 13 de septiembre del año en curso y visibles en el portal de internet donde se muestra el contexto general del fenómeno.
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Desde agosto, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) se actualiza día tras día, hora tras hora, minuto a minuto, por lo que las estadísticas de personas desaparecidas varían con suma rapidez, luego de que se mantuvieron inmóviles y sin actualización desde el 30 de enero de 2023. Sin embargo, una nueva metodología de registro y el censo que presuntamente se realiza para evitar duplicidad de reportes, es tema de desconfianza entre familiares de víctimas de desaparición.
Hasta hace poco, el portal mostraba el total de personas desaparecidas desde el 1 de enero de 1962 hasta el 1 de diciembre de 2006, cuando inició la administración presidencial de Felipe Calderón Hinojosa. Luego el periodo de esa fecha hasta el 1 de diciembre de 2018, cuando comenzó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. De esa forma se distinguía el número de desaparecidos en cada uno de esos tres lapsos históricos. Ahora, la actualización del registro arroja toda la retahíla de cifras desde 1962 hasta la fecha de consulta.
De esa manera se advierte que, a lo largo de casi 62 años, han desaparecido en el país 294 mil 529 personas, de las cuales 182 mil 989 (62.13 por ciento) han sido localizadas, quedando pendientes de localizar a la fecha 111 mil 540 personas (37.87%). De ellas, 98 mil 184 habrían desaparecido como resultado de la posible comisión de un delito; mientras que, de otras 13 mil 356, se desconoce su paradero, sin que se presuma algún ilícito de por medio.
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En el caso de Baja California, desde 1962 a la fecha han desaparecido 5 mil 348 personas, de las cuales existen registros vigentes de no localización de 2 mil 573. De ellas, 2 mil 512 desaparecieron presumiblemente en forma ilícita y de 61 se desconoce la causa de su ausencia y su paradero. Mil 662 son de sexo masculino y 702 mujeres. En cinco de los asuntos no se sabe sexo, motivo de desaparición, ni el municipio donde ocurrieron los hechos.
Tijuana lidera la estadística con mil 380 reportes; Mexicali, 670; Ensenada 195; Playas de Rosarito, 103; Tecate, 87; sin municipio de referencia, 88; se desconoce, 50.
Sin embargo, todos estos números pueden cambiar drásticamente tras el anuncio de la realización de un censo y una nueva metodología para depurar el RNPDNO, lo que habría ocasionado la sorpresiva renuncia de Karla Quintana Osuna como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda en agosto pasado. Activistas de derechos humanos y miembros de colectivos desconfían de la actualización de dicho registro basado en las dos medidas dadas a conocer.
La directora del Centro de Derechos Humanos del Instituto Tecnológico de estudios Superiores de Occidente (ITESO), Alejandra Nuño Ruiz Velasco, no ve con agrado la parte del censo, ya que “una cosa es que una vea la metodología del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que me parece que tiene varios temas y aspectos que se pueden perfeccionar, y otra es que se haga un censo. Un censo de qué, si tú tienes un registro nacional, un censo que no tiene metodología, un censo anunciado en una palestra pública que parecería que la idea es más bien que trate de competir con un registro oficial que apenas insisto, se está perfeccionando”, considera.
SIN INVESTIGAR… Y SIN BUSCAR
Héctor Flores lleva dos años buscando a su hijo Héctor Daniel, tiempo en que ha encabezado el Colectivo Luz de Esperanza para visibilizar su caso y el de por lo menos otras 300 familias. El muchacho desaparecido ahora tiene 21 años de edad, pero se desconoce su paradero, igual que el de sus compañeros de dolor, pues las desapariciones sólo se recuerdan cuando ocurre un tema mediático como el de los cinco jóvenes privados de su libertad en el municipio jalisciense de Lagos de Moreno, o la reciente conmemoración del Día Internacional de la Desaparición Forzada el 30 de agosto.
El intento de las autoridades por depurar el RNPDNO para eliminar la duplicidad de anotaciones es calificado por don Héctor como “otro esfuerzo más de los gobiernos para invisibilizar a los desaparecidos, los colectivos a nivel nacional traemos una cifra de posiblemente medio millón de personas desaparecidas; los registros nacionales están incompletos, nosotros hemos manifestado y denunciado que en Jalisco, al menos desde finales de 2020 no está actualizado el número de las personas desaparecidas, pues por parte del Colectivo Luz de Esperanza, que somos más de 300 familias, ni una sola está en el registro nacional”, denuncia Flores.
En cuanto al censo anunciado, refiere que “sólo va a ser para rasurar las cifras, porque de hecho se va a realizar sobre el número de personas que están en el Registro; entonces, si al menos en un colectivo, donde hay más de 300 familias, ni una sola está registrada, y todavía van a rasurar las cifras, pues le van a estar pintando a la sociedad una realidad que no existe en el país. Todo esto, ya sabemos, tiene de trasfondo el tema político y el tema electoral, para tratar de imponer su famosa palabra bienestar, un falso bienestar, porque no estamos teniendo avances, al menos en seguridad pública.
Y advirtió:
“Es un tema muy complicado. Al principio, cuando salió la nota del censo nos alegramos. Pensamos que se iba a hacer un censo a nivel nacional, pero abierto, para realmente saber cuántas familias en el país se encuentran en esta desgracia. En este supuesto, con un familiar desaparecido, pero resulta que va a ser sobre el mismo registro y sólo para rasurar y hacerle creer a la población que hay menos desaparecidos que los colectivos decimos y que los medios nos han estado ayudando a visibilizar, para tener unas elecciones tranquilas y en beneficio del partido político que está en el poder”.
Respecto a la resolución del Instituto de Transparencia para que el Registro Nacional de personas Desaparecidas y No Localizadas abra la información al público, el activista estima que “el problema en México es que una misma dependencia, una misma secretaría de Estado, maneja el acceso a la información y la transparencia. Deberían ser dos instituciones diferentes, porque, obvio, todos sabemos, o al menos los que estamos viviendo esta desdicha, sabemos de los datos que no se pueden otorgar; sin embargo, nos los deben dar por medio de una versión pública o con datos testados de toda la información sensible para proteger a las familias, se puede resguardar. No hay excusa para no dar las cifras reales, porque se pueden excluir los mismos.
“Sigue siendo más de lo mismo para tratar de seguir invisibilizando y crear ese falso bienestar en el país, con fines, obvio, electoreros, y todo el menoscabo los sufren no sólo las familias, sino las víctimas directas de desaparición y la obligación correlativa del Estado no se está cumpliendo. Las personas desaparecidas no están siendo ni investigadas ni buscadas, y ahora peor, todavía las quieren borrar. Se nos hace muy grave y queremos que se cambie esta situación, buscar las vías ideales para darle transparencia realmente a todo lo que está pasando”, concluyó el entrevistado.
Por cierto, diversos colectivos se han esforzado en colocar cedulas de búsqueda de personas desaparecidas en los municipios, acción que molesta a los gobernantes, quienes mandan retirar los carteles en horarios nocturnos, con personas cubiertas del rostro y en vehículos sin logotipos. Trasciende que, en el caso de Jalisco, algunos alcaldes han contratado vía externa, personal de mantenimiento para que realice limpieza urbana y decir que como autoridad, ellos no quitaron esas cédulas con los retratos de los desaparecidos.
SÓLO UN “MEJORALITO”
En entrevista con ZETA, Cecilia Patricia Flores Armenta, quien preside el Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, indicó que a su parecer, realizar un censo le pareció, de primera intención, una buena idea, puesto que “es una de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con el Presidente López Obrador, ya que ha habido muchas personas que estaban reportadas como desaparecidas y ya fueron localizadas, pero por temor a represalias o para que la gente no se diera cuenta de que fue localizada y no los siguieran buscando, la familia ocultaba eso y no daban el reporte a las autoridades, y seguía en las estadísticas como desaparecido”.
Sin embargo, a la fecha tanto del censo como de la nueva metodología para depurar el RNPDNO, “no nos han dado ninguna información, la verdad, desde el momento que hicieron el censo, también sabemos que normalmente, por cierto, no han acudido a muchas casas de las personas que están desaparecidas, solamente como que fue un ‘Mejoralito’ para las familias de los desaparecidos, para que vean que si están trabajando en el caso, pero lamentablemente no nos pasan información de cómo van actualmente en el censo de desaparecidos. Pareciera que no hay ningún tipo de censo”.
La pregunta fue directa a doña Cecilia: ¿A Usted o miembros del colectivo les han visitado en su domicilio con motivo del censo? La respuesta espontánea también fue franca: “Uy, no. En ningún momento. A muchas personas del colectivo no les visitaron. Eso fue como un ‘Mejoralito’, porque saben que está muy alta la cifra de desaparecidos”.
El asunto no para ahí, ya que existen personas de Madres Buscadoras de Sonora que no aparecen en el registro, aunque su caso sí se difunde en las páginas de búsqueda propias del colectivo.
“En ocasiones van a buscar a las familias y no las encuentran, porque, obvio, no están, andan buscando a sus familiares desaparecidos o ya se cambiaron de domicilio, por miedo, por inseguridad, y piensan que como a su familiar lo desapareció algún cártel, los han andan también buscando a ellos. Eso nos ha pasado con algunos jóvenes de la Comisión que nos comentan eso, pero no nos han visitado a nosotras”, reiteró Flores Armenta, cuyo grupo fue víctima de un acto violento intimidatorio la madrugada del 10 de septiembre, en el sur de Hermosillo.
El hecho fue desmentido un día después por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján; sin embargo, Cecilia Flores argumentó: “Niegan que haya sido un atentado, pero qué querían, ver sangre, ver muertos, ver que les dispararan directamente a las madres. ¿Qué es lo que buscaban? Atentar contra nosotras. Que nos hicieran un llamado anónimo, llegaran al lugar y empiece a haber disparos, para nosotras es un atentado. Están atentando contra la integridad de las madres, con su sensibilidad y más con el dolor que se carga por los seres queridos desaparecidos, tener que sufrir todo tipo de intimidaciones, porque para mí, nos quisieron intimidar porque creo que las madres estaban llegando al lugar correcto y las amedrentaron para que ya no avanzaran”.
Doña Ceci, como le conocen en el ámbito de las buscadoras, no se sorprende por el acto ni por la reacción gubernamental, pues ha sufrido muchos tipos de amenazas. “En mi lugar, pues, yo soy amenazada constantemente para que no continúe la búsqueda, pero las amenazas no me van a parar. Seguiré luchando por mis desaparecidos y pienso que si nos amenazan es porque estamos muy cerca de llegar a ellos”, afirmó la valiente mujer, extendiendo una invitación al público en general a sensibilizarse, a no esperar a estar en el lugar de esas madres para entender la magnitud de su problema y a denunciar.
“Nuestros desaparecidos, buenos o malos, culpables o inocentes, son humanos y tienen derecho volver a casa. Nosotros solamente estamos haciendo valer ese derecho y buscándolos. No hay que revictimizar a las madres, es por amor a nuestros desaparecidos que estamos en este lugar”, finalizó la presidenta de Madres Buscadoras de Sonora.
