Laura es madre de una joven que fue víctima de una agresión sexual ocurrida hace más de 10 años, por -presuntamente- su primo Cristian. Ambos residen en el Ejido Oaxaca del valle de Mexicali.
Fue hasta el año pasado que la familia se dio cuenta de que Cristian habría perpetrado el crimen en contra, debido a la denuncia presentada por la familia de una niña.
Al hacerse público, varios casos fueron denunciándose o exponiéndose públicamente en redes sociales y medios de comunicación; todos los casos ocurridos en el Ejido Oaxaca y en sus alrededores.
En entrevista, Laura refiere que son al menos 7 casos de los que se ha tenido conocimiento en la comunidad, pero se presume que podrían ser más.
Entre tantos señalamientos, la hija de Laura, quien ya supera los 20 años, expuso a su familia que ella también había sido víctima cuando era una niña.
Fue entonces que decidieron presentar una denuncia que quedó asentada en el expediente 0202-2022-14034.
Tras varias querellas, Cristian, ex capacitados del INE y abogado de 41 años, fue detenido y sometido a varios procesos judiciales que todavía lo mantiene en prisión. Sin embargo, el primer caso fue desestimado por los magistrados de la Quinta Sala, Gustavo Medina, Sonia Mireya Beltrán y Mirian Niebla Arámburo, que determinaron que no había elementos de vinculación a proceso debido a que el delito había prescrito.
Así, los magistrados que en algún momento fueron reconocidos por ponderar la perspectiva de género en la liberación de Alina Narzico, ahora son cuestionados por la familia de una víctima de abuso sexual.
“Si lo dejan libre, no volveré a creer en la justicia”, refirió Laura, quien reclamó que los magistrados tuvieran dicho criterio donde no debaten si el agresor tuvo o no responsabilidad, sino que el delito ya está prescrito, sin importar todo el daño psicológico que sufrió su hija a lo largo de estos años, donde recibió atención psiquiátrica, estuvo sometida a tratamientos clínicos, problemas de salud y una vida social sumamente reducida.
Laura, maestra de profesión, refirió que al entender los protocolos de detección de abuso en los planteles educativos, se dio cuenta que su hija contaba con todos estos síntomas y comprendió que sus afectaciones de salud se derivaban de este episodio.
Si bien la acusación fue desestimada por magistrados que decretaron la no vinculación a proceso por la prescripción, revocando la determinación de una jueza que había iniciado el proceso en contra de Cristian, Laura aseguró que presentarán una demanda de amparo como una última acción para encontrar justicia; mientras tanto, el imputado continúa en prisión debido a que cuenta con otras dos denuncias recientes donde las víctimas son menores de 11 años.
En plena entrevista, Laura se detiene para abrir el enorme expediente judicial que colocó en la mesa y muestra cada una de las recetas médicas que datan desde el año 2013, y que -aseguró- son consecuencia de la agresión sexual que sufrió muchos años atrás.
Agregó que el modus operandi de este individuo, era agredir niños que se encontraban en fiestas, lo cual le resultaba fácil debido a que laboraba como guardia en un jardín de eventos ubicado en la misma comunidad rural.
Laura pide justicia y asegura que seguirá apoyando a las víctimas de los otros casos, aunque muchos han decidido no denunciar; de manera paralela exhibe el caso de su hija por dos motivos.
El primero es que llegue justicia y pena máxima contra su agresor, quien -asegura- durante muchos años ha perpetrado crímenes en contra de niños; y por otro lado, hacer un llamado a legisladores para que el abuso sexual infantil no sea un delito que prescriba, pues las víctimas muchas veces no denuncian por miedo, inseguridad o por reprimir sus vivencias; y no es hasta que un detonante les permite externarlo cuando se dan a conocer estos casos.
Dentro de los próximos días, Laura y su familia presentarán la demanda de amparo y esperan que el juez federal revierta lo defendido por magistrados.
