Por tercer año consecutivo, la administración estatal que encabeza el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, recurrirá a un crédito para cumplir con los compromisos de fin de año, periodo que representa la mayor carga financiera de cara a las responsabilidades que hay con las y los burócratas sudcalifornianos.
Lo anterior fue confirmado por la titular de la Secretaría de Finanzas de Baja California Sur, Bertha Montaño Cota, quien especificó que esta nueva línea también será por 300 millones de pesos.
En entrevista con diversos medios de comunicación, Bertha Montaño explicó que la instancia que representa está a punto de iniciar con el proceso de licitación, que debe estar listo para noviembre con el objetivo de que se libere en el último mes del año.
La funcionaria garantizó que este proceso es necesario para analizar y tomar en cuenta las mejores tasas de intereses para seleccionar el sistema bancario que beneficie más a las finanzas estatales.
“Vamos a terminar bien, con los compromisos cubiertos para poder cumplir al 100 por ciento; vamos a recurrir efectivamente a un crédito de corto plazo por 300 millones de pesos, vamos a sacar la licitación en unos días”, reiteró.
Al igual que los créditos que solicitaron en 2021 y 2022, la servidora pública aseguró que este también será a corto plazo. Esto significa que el pago total de esta línea no debe pasar del próximo ejercicio anual y se considera en el Presupuesto de Egresos de 2024.
Subrayó que esto ayuda a no dejar para las administraciones estatales que vengan más adelante.
Sin embargo, se trata del tercer préstamo que solicita la administración de Castro Cosío, para cumplir con el pago de aguinaldos y sueldos de fin de año para más de dos mil burócratas.
En 2021 solicitaron una línea por 600 millones de pesos, la cual permaneció oculta hasta marzo de 2022, cuando investigaciones de ZETA lo dieron a conocer a la opinión pública.
Este préstamo fue tramitado en opacidad y sin la máxima difusión a la opinión pública; sin embargo, el mandatario defendió esta decisión argumentando que era necesario ante la complicada situación financiera que heredó del gobierno anterior, que encabezó Carlos Mendoza Davis (2015-2021).
De acuerdo con datos oficiales en torno a créditos para gasto corriente de fin de año, entre 2021 y 2023 (con el nuevo préstamo) el monto asciende a más de mil 200 millones de pesos en dos años, de los cuales el 75 por ciento se ha aplicado para pago de sueldos, aguinaldos y demás prestaciones de burócratas, según lo expuesto por el mandatario.
Aun así, la secretaria de Finanzas advierte que ésta podría ser una práctica recurrente en el último trimestre de cada ejercicio anual.
“Ahorita estamos terminando de pagar el que pedimos el año pasado, lo vamos a terminar de pagar ahora en noviembre, entonces quedamos listos para una línea de crédito”, comentó.
“Ésta seguramente es una práctica que vamos a seguir año con año porque nos permite liquidez: se hace el proceso competitivo en noviembre, se determina en diciembre y lo ejercemos en todo el año”, finalizó.
CASTRO NIEGA CRISIS FINANCIERA
A pesar de los créditos solicitados anteriormente y otros atrasos en temas como infraestructura, el gobernador niega que Baja California Sur esté atravesando por una crisis financiera.
Sostiene en su discurso que la situación actual es un efecto que proviene de las condiciones económicas en las que recibió la administración de manos de su antecesor emanado del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Mendoza.
Incluso mencionó que han detectado diversas irregularidades que no fueron reportadas ante instancias federales, y que su gobierno ha tenido la obligación de poner en orden con base en las leyes.
“No hay ninguna crisis, lo que sí es que estamos muy atrasados. Nos dejaron un Gobierno, en el sistema financiero, desquiciado. Todavía logramos localizar en la función pública más de 100 cuentas dispersas desde hace más de 10 años”, insistió.
“A río revuelto, ganancia de otros. A finanzas revueltas, ganancias de funcionarios. Vean los negocios que hicieron”, dijo.
Recordó casos de exfuncionarios que están siendo investigados por enriquecimiento ilícito y malversación de recursos, a quienes calificó como traficantes de influencias que han lesionado el erario sudcaliforniano.
“A mí es lo que realmente me irrita, que gente que no tuvo trabajos ni ingresos importantes, más que haber sido funcionarios en algunas partes, hoy tienen negocios muy prósperos y se burlan de lo que hicieron”, acusó.
De acuerdo con la Contraloría del Estado, son alrededor de 30 exservidores públicos los que están siendo investigados en este momento por los delitos antes mencionados.
Apoyando la versión del gobernador, la secretaria de Finanzas reiteró que, pese al nuevo crédito, finalizarán “bien” el año fiscal, sin embargo, adelantó que habrá una disminución de participaciones federales.
“Vamos a terminar bien, vamos a reforzar la política de austeridad porque a nivel de las participaciones federales va haber una disminución. Ya empezaron: septiembre, octubre y noviembre”, dijo.
“Tenemos que en lo interno y local hacer ajustes, en esto estamos. Pero vamos a salir con los compromisos de fin de año, que son los que son pesados”, compartió.
Reforzando los datos del mandatario, expuso que al inicio de la administración identificaron más de 800 cuentas bancarias activas, aunque sin movimiento. Por ello empezaron a depurarlas y conciliarlas, trabajo que -aseguró- no es cosa sencilla.
Ahora identificaron pequeños saldos, que quedan al final de cada ejercicio fiscal, en alrededor de 300 cuentas, con un monto cercano a 200 millones de pesos por más de 20 años.
En este contexto hizo hincapié en que hay una disposición en la Ley de Ingresos Federal de que todos esos saldos se tenían que reintegrar a la Federación.
“Hicimos ya el reintegro que concilió con la auditoría superior de la Federación porque fueron algo así de más de 80 millones de pesos, de lo otro no nos pidió todavía el reintegro”, indicó.
Entre otros asuntos, señaló que también han cargado con la responsabilidad de revisar irregularidades con pagos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
“Nosotros empezamos desde hace dos años cuando llegamos a hacer una revisión de las plantillas, los tabuladores y empezamos a reestructurar esto, porque había varias inconsistencias con las retenciones al ISSSTE, con las retenciones del ISR; en general, con el diseño de los tabuladores”, prosiguió.
“Nos dimos a la tarea de reestructurar… No ha sido fácil, nos llevó más de un año, pero ya están listos los tabuladores del personal de confianza y demás sindicalizados”, agregó.
ES UNA IRRESPONSABILIDAD: OPOSICIÓN
El presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Noé de la Rosa Escalante, calificó como una acción “muy irresponsable” que, a dos años del gobierno de Castro, siga pidiendo prestado para el gasto corriente; obligación que, considera, es la más absurda para solicitar créditos.
“Yo entendería que pidieran para infraestructura o temas importantes, como un periférico, que tanta falta le hacen a la ciudad, pero para gasto corriente es como tirar dinero a la basura”, comentó.
Recordó que en el discurso, el mandatario y su gabinete hablan constantemente de austeridad, por lo que eso debería incluir una planeación pulcra de la ejecución de los recursos para evitar la solicitud de créditos a fin de año.
“Siguen sin prepararse, yo no sé cómo planean el gasto. Si saben que tienen encima esos gastos y lo planean, cualquier familia, por muy humilde que sea, planea y organiza sus gastos. El Gobierno del Estado que administran nuestros impuestos, se me hace irresponsable que estén pidiendo prestado cada año, con pretexto de que son para los gastos de diciembre porque no previeron”, opinó.
Señaló que recurrir a líneas de crédito pudiera ser un ejercicio que se entiende quizá para un primer año de administración; sin embargo, rechazó que esto deba aplicarse cada 12 meses para “salir del apuro”.
Anticipó que la diputada del PRD, María Luisa Ojeda González, abordará el tema en el Congreso del Estado.
La idea es cuestionar qué está fallando cuando se supone que en el Presupuesto de Egresos ya está argumentada la distribución de los recursos y justificado todo el gasto en un documento; sin embargo, no se ve reflejada en la realidad financiera de la entidad.
Mencionó que no es el único préstamo que ha solicitado el Gobierno del Estado y que en torno a los créditos ha reinado la opacidad y omisiones en la obligación de informar a detalle.
Enfatizó que hay que entender que ese dinero es mayor, por los intereses que se van acumulando, que aumentan y representan una carga mayor para el erario.
“Por supuesto que nos vamos a pronunciar con nuestra diputada en el Congreso y seguiremos haciéndolo desde el partido; es el dinero de los ciudadanos, es un recurso y lo administran los impuestos de las y los ciudadanos de Baja California Sur”, afirmó De la Rosa Escalante
“El llamado es a que se pongan las pilas, aunque no podemos pedirle eso a Morena porque sabemos que hacen lo contrario”, finalizó.
Cabe mencionar que representes de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) comentaron que también abordaran el tema; no obstante, señalan que primero evaluarán las características de los créditos que la Secretaría de Finanzas solicitará para emitir una opinión, así como los exhortos correspondientes, en caso de ser necesarios, desde la Tribuna.
