A partir de este fin de semana y hasta el verano de 2024, diversas autoridades en materia ambiental harán recolección del ácido BCP (por sus siglas en inglés), con el fin de cumplir con la norma mexicana 133 y los acuerdos de Estocolmo.
José Carmelo Zavala, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), comentó en entrevista con ZETA, que la campaña de recolección de residuos bifenilos policlorados (BCP), el cual es un aceite bioeléctrico que se inventó a principios del siglo pasado.
“Es un aceite que se utiliza o se utilizó en los transformadores -de energía eléctrica-, hace unos 30 años, empezó una campaña para sacarlos de la industria eléctrica en el mundo, por lo peligrosos que son, cancerígenos, tóxicos, peligrosos”, detalló.
El exsubsecretario de Medio Ambiente, en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez (2019-2021), mencionó que a finales de la década de 1980 se construyó una planta para el manejo de estos residuos, con una inversión privada de 30 millones de dólares, pero los residentes de Playas de Tijuana se opusieron.
Actualmente se desconoce cuántos transformadores cuentan con este residuo o han sido recontaminados al momento de darles mantenimiento, por lo que autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), iniciarán con la recolección y análisis de estos transformadores, así como la búsqueda de los barriles con este contaminante.
Zavala mencionó que cualquier persona, industria o comercio que cuente con un transformador se tiene que analizar, pues de tener BCP, podría provocar diversas enfermedades, como el cáncer.
Asimismo, señaló que este tratamiento del residuo debe estar listo para el verano de 2024, ya que a finales de ese mismo año, se evaluarán los acuerdos de Estocolmo, el cual México firmó hace más de 30 años, y está relacionado en el manejo de residuos peligrosos a nivel mundial.
“El problema es que cuando se trata de acuerdos internacionales, México es el primero que alza la mano para firmar, pero ya en la práctica, no saben cómo manejarlo, cuando se firma un acuerdo internacional, automáticamente se convierte en Ley en el País, pero hasta los mismos legisladores no se ponen de acuerdo”, agregó.
El director de CIGA reconoció que México está atrasado en materia ambiental en diversos temas, razón por la que ya ha sido sancionado económicamente por no cumplir, como sucedió con la cancelación de exportación del aguacate, o el fallo en no solucionar el problema de la vaquita marina, por lo que de no cumplir con el acuerdo de Estocolmo, también podría hacerse acreedor a otra sanción económica.
