Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna -ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, promovió, el 10 de octubre de 2023, un amparo contra la orden de aprehensión en su contra, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Paloma Xiomara González González, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda de garantías de Pereyra Gálvez y fijó para el 30 de octubre de 2023, la celebración de la audiencia constitucional, donde se determinaría si le concede o no la protección de la justicia.
Sin embargo, según lo reportó el diario Milenio, el juicio permanecía suspendido, debido a que la demanda primero se ingresó en el Juzgado Décimo Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, pero su titular, Ruby Celia Castellanos Barradas, determinó declinar competencia al otro Juzgado, debido a los antecedentes del caso.
“Mientras esto se realizaba y el Juzgado Segundo admitía a trámite, Pereyra Gálvez interpuso un recurso de queja para que se admita la ampliación de su demanda, por lo que está pendiente el pronunciamiento de un Tribunal Colegiado”, indicó el citado rotativo.
En su demanda, la esposa de García Luna impugnó la orden de captura librada el 4 de abril de 2023, por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.
La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL, por sus siglas en inglés), emitió, el 19 de julio de 2023, fichas rojas para localizar y detener Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, así como a Esperanza, Luz María, Gloria y Humberto, hermanos del ex funcionario federal.
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló, en un comunicado, que las fichas rojas fueron solicitadas a la INTERPOL, con base a las órdenes de aprehensión giradas por un juez de Control Federal, el 22 de mayo de 2023, en contra de 61 personas -entre ellas Pereyra Gálvez y los hermanos de García Luna-, por contratos formalizados con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por un monto total de 5 mil 112 millones de pesos.
La institución de procuración de justicia informó, el 22 de mayo de 2023, que obtuvo de un Juez de Control Federal, órdenes de aprehensión en contra de 61 servidores públicos y particulares, vinculados con delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, pero no detalló quiénes eran.
Pero según lo reveló el diario Reforma, el 23 de mayo de 2023, además de los familiares de García Luna, entre los acusados están varios ex funcionarios federales, como es el caso de Eduardo Guerrero Durán, quien se desempeñó como oficial mayor del OADPRS, así como Oswaldo Luna Valderrábano, quien fue Oficial Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP) y es tío de García Luna.
También está María Vanesa Pedraza Madrid, quien de 2008 a 2012 se desempeñó como directora general adjunta en la Coordinación de Asesores de García Luna y en octubre de 2019 fue nombrada apoderada legal de Nunvav, una empresa constituida en Panamá en 2005, misma que participó en los contratos ilícitos.
Además, figuran los accionistas de las empresas que obtuvieron los contratos de la OADPRS, como son Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Mauricio Samuel Weinberg López, Francisco Carreira Pitti, Gabriel Carreira Pitti y Natan Wancier Taub.
La FGR aseguró, el 19 de julio de 2023, que contaba con tres órdenes de aprehensión vigentes contra de García Luna, su esposa y los hermanos del ex titular de la extinta SSP, emitidas por jueces federales, por delitos cometidos en México, que no tienen vinculación con el proceso penal que el ex funcionario mexicano tenía en Estados Unidos.
Además, según indicó la institución de procuración de justicia, dichas órdenes de aprehensión eran independientes de los procesos de reivindicación patrimonial que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estaba llevando a cabo ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para recuperar bienes del Gobierno de México, supuestamente producto de los delitos cometidos por dicha García Luna y sus familiares.
Asimismo, la FGR indicó que la primera orden de aprehensión que estaba vigente era la que correspondía a la participación de Genaro García, en el caso “Rápido y Furioso”, a través del cual se “introdujeron ilegalmente al país armas que han causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia”.
La segunda orden de aprehensión se refería a la supuesta participación de García Luna, “en un daño patrimonial inmenso”, que llegó a más de 64 mil millones 900 mil pesos, en el caso de la construcción y operación de diversos penales federales, “privatizados mediante gestiones de dicho individuo y sus cómplices”.
La tercera orden de aprehensión era por la probable participación delictiva de García Luna “en los contratos ilegales y abusivos” de equipamiento de las cárceles públicas federales mexicanas, cuyo daño se estimaba en 5 mil 112 millones de pesos, en 10 contratos ilegales.
“Y en este expediente, el juez competente libró órdenes de aprehensión también contra la esposa y varios hermanos de Genaro ‘G’, igual que a más de 50 personas involucradas en peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, agregó la FGR.
La institución de procuración de justicia detalló que varias de las personas ya se encontraban vinculadas a proceso y se habían librado fichas rojas “para quienes se fugaron del país en su momento”. También se aseguraron diversos bienes inmuebles, bloqueando las cuentas bancarias de los involucrados.
La FGR finalizó su comunicado diciendo que las órdenes de aprehensión contra García Luna y de sus supuestos cómplices que se dieron a la fuga, se estaban tramitando con carácter de urgente ante las autoridades correspondientes, para obtener, en su caso, la extradición que procedía.
