Con 25 millones de galones de aguas negras diarios, Tijuana contamina pluviales y playas de México y Estados Unidos
El más reciente monitoreo bacteriológico realizado por la asociación Proyecto Fronterizo el 20 de octubre de 2023, reportó que sólo una de las cinco playas supervisadas en la costa tijuanense, es apta para el esparcimiento humano.
Se trata del Vigía, donde por cierto ha existido un pluvial de aguas negras por más de ocho años, la cual registró 98 enterococos en una muestra de 100 mililitros.
200 enterococos o bacterias fecales en 100 mililitros de agua es el máximo permitido para considerar que una playa puede tener un uso recreativo. Y las otras cuatro monitoreadas, se reportan altamente contaminadas: El Faro acumuló 496; Parque México sumó 342; Cañada Azteca 383 y Playa Blanca 12 mil 997 enterococos.
La topografía serrana, el deficiente tratamiento de aguas residuales, sumados a los gobiernos que permitieron e incluso aprobaron la construcción y operación de fábricas, hoteles, comercios y casas habitación sin el sistema de drenaje, genera la crisis de fugas de aguas residuales que ha vivido Tijuana durante más de dos décadas y que se exacerba por desazolves de las plantas de las comisiones de agua que llevan 10 años pagando multas por esos actos.
Como muestra permanente, Playa Hermosa en Ensenada, que permanece cerrada muchos meses del año por las constantes descargas en la planta de tratamiento El Gallo.
Del lado americano, las autoridades han expuesto que la crisis de contaminación trasnacional se recrudeció tras las lluvias de febrero de 2017, lo que ha resultado en cinco años de reclamos, ya que en México no existe control de los 3 mil 700 litros por segundo de agua sucia que Tijuana lanza al Océano Pacífico, o de los 25 millones de galones de aguas residuales tijuanenses que llegan diario a San Diego.
El problema se agudiza en temporadas de lluvia, como el paso de la tormenta Hilary en agosto, que generó la llegada de 7 mil millones de galones de aguas negras del Río Tijuana a las playas de Imperial Beach en un solo día.
Pero esa contaminación impacta primero a las desprotegidas comunidades del lado mexicano, donde los pocos ciudadanos que se quejan por enfermedades respiratorias, gastroenteritis, diarreas, incluso infecciones hepáticas, son ignorados por los funcionarios, quienes los calman con promesas y limpiezas esporádicas de algunos arroyos de aguas negras.
Mientras cruzando la línea, el Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de San Diego en South Bay anunció el 6 de octubre que instala seis sensores para medir la calidad del aire proveniente del valle del Río Tijuana.
Kevin Bradley, titular de la mencionada dependencia, informó al Canal 10 ABC News de San Diego que “el umbral establecido por OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) es de 10 partes (sulfuro de hidrógeno) por billón; hasta el momento, las pruebas en promedio en San Ysidro muestran 12 partes por billón, los niveles no son lo suficientemente altos como para causar problemas respiratorios graves, pero es posible que haya dolores de cabeza y náuseas”. Se ignora el impacto de la exposición prolongada como es el caso.
Por su parte, la Junta de Supervisión del Condado de San Diego aprobó el 24 de octubre una inversión: 750 mil dólares de fondos del condado y una subvención de 4.25 millones de dólares de la Junta de Control de Recursos Hídricos de California invertidos -por única vez- en trabajos de remoción física de la basura del Río Tijuana, a lo largo de casi 3 kilómetros de canales de drenaje. Desde el Smuggler’s Gulch, la entrada del río a Estados Unidos, hasta El Canal Piloto.
En México, los gobiernos de Morena, ignoraron impunemente el riesgo sanitario hasta septiembre de 2022, cuando finalmente firmaron el Acta 328, en la cual Estados Unidos se comprometió a invertir 330 millones de dólares; y México, específicamente Baja California, sin apoyo económico de la Federación, 144 millones de dólares. Para16 proyectos de saneamiento de las aguas, serán 474 millones de dólares en un periodo de cinco años.
Teóricamente, para 2027 Tijuana dejará de generar, y San Diego de recibir, 50% menos días de flujo de aguas residuales y 80% menos del volumen de aguas residuales no tratadas.
Sin embargo, el avance reportado por el Gobierno Federal hasta agosto de 2023, fue la conclusión de la rehabilitación de la planta de bombeo PBCILA, y ese mes licitarían la rehabilitación de la PB-Laureles 1. O sea, uno de 16 proyectos.
En diciembre de 2022, el Congreso de Baja California había aprobado a su Ejecutivo, contratar deuda por 3 mil 500 millones de pesos, El NADBank aprobó el préstamo en marzo de 2023 que, por estar programados a cubrirse en 30 años, los siguientes cinco gobernadores del Estado terminará pagando un total de 9 mil 635 millones de pesos.
Del total del crédito, 3 mil millones de pesos, aproximadamente 162 millones de dólares – el compromiso con EU es de 144 millones de billetes verdes- serán destinados a proyectos de saneamiento.
Apenas en julio, Gobierno del Estado, anunció el inicio de 13 de los16 proyectos, pero en septiembre volvieron hablar de esas inversiones en futuro, y desde ya advirtieron que tres de las obras más importantes, la modernización de las plantas Matamoros, Laureles 1 y 2, no se concluirían hasta 2028, un año después de lo acordado.
Es decir, apenas empiezan y ya se están retrasando, mientras, los ciudadanos siguen pagando las consecuencias con mala salud, intranquilidad, inseguridad, porque su derecho humano y constitucional establecido en el párrafo quinto del Artículo 4 a “un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”, es violentado permanentemente.
Lo que sigue para la sociedad organizada, es vigilar el Estado en su paso de los anuncios a los hechos, y exigir informes periódicos de los avances de la inversión para que no se desvíen recursos, como ha sucedido en el pasado.
