El comandante de la Agencia Estatal de Investigación en San Quintín, José Aarón Sandoval Castro, interpuso una denuncia penal contra cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por el delito de abuso de autoridad.
De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron en la última visita de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo al municipio de San Quintín para la inauguración de un Centro de Infantil, el 23 de septiembre.
Derivado de este recorrido, se desató una fuerte movilización de unidades y agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) a lo largo de la Carretera Transpeninsular.
Fue a la altura del Kilómetro 156, minutos antes de llegar al poblado de Camalú, cuando de acuerdo a la versión de los agentes estatales, le hicieron la parada al comandante.
En este asunto hay dos versiones: la de la víctima, la cual refiere fue agredido por los agentes de manera física y verbal, así como la de los efectivos que, afirman, el fiscal nunca se identificó como tal.
“Vimos que el comandante no se detuvo porque no había espacio, lo bajaron, lo jalonearon, lo cachetearon, lo esposaron y lo subieron a una unidad”, describió a ZETA un testigo.
Como parte de la investigación hay video de quienes constataron el actuar de los elementos.
Aarón Sandoval Castro fue nombrado comandante de la entonces Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI, hoy FESC) en marzo del 2021 por el entonces fiscal general, Guillermo Ruiz Hernández, a dos semanas de que comenzó a funcionar el Concejo Municipal Fundacional de San Quintín y, junto a él, Salvador Martínez Delgado rindió protesta como primer fiscal regional.
El hecho violento en la Transpeninsular, del que Sandoval dijo haber sido víctima, quedó plasmado en denuncia penal, la cual se integró en el expediente 0201-2023-13217 ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
La víctima relató cómo él viajaba en un vehículo oficial con placas del Gobierno del Estado, incluso portaba el uniforme cuando fue intervenido por elementos de la FESC.
Cuando iban en trayecto carretero fueron intervenidos por dos hombres con uniformes azul marino sin logotipo ni insignias a la vista, chaleco táctico y armas cortas. En una segunda unidad oficial iban otros dos agentes.
De acuerdo con las autoridades, el comandante dijo haber sido agredido de forma verbal desde el primer contacto por los supuestos agentes.
“Sé quién eres, es lo madre que seas comandante”, le dijeron mientras otros dos siguieron con las agresiones: “Nos vale madre que seas comandante, nos la vas a pagar”.
Intentó regresar a la camioneta, pero uno de ellos, le advirtió: “Aunque sea comandante nos vale madre”, lo sujetó del brazo derecho y lo lanzó contra otra unidad, colocándolo en el cofre del auto, lo esposaron sin darle un motivo, recibió un golpe en la nuca y al mismo tiempo le exigían callar.
Uno de los presuntos policías le desabrochó y le bajó el pantalón hasta las rodillas, dejándolo expuesto en ropa interior, reiterando que les “valía madres” que fuera comandante; también le preguntaban qué llevaba en la unidad, al tiempo que la abrían la unidad y revisaban de manera exhaustiva. “De seguro has de llevar chingaderas. Cálmate, hasta que te calmes te vamos a soltar”.
Calculó que por una hora estuvo sometido a las órdenes de los cuatro agentes de FESC, quienes al final le preguntaron el motivo por el que se trasladaba a cierta velocidad sin detenerse en plena Transpeninsular. Les respondió que no recibió señal alguna para detener la marcha, aunado a que no cometió infracción.
El análisis médico derivó en que el comandante quedó lastimado del brazo izquierdo debido a los jaloneos, a la altura de codo y una luxación con hematomas, así como el hombro con inflamación.
“Me tuvieron incomunicado porque mi teléfono celular y mi radio estaban en mi unidad, hasta que ellos quisieron me dejaron ir”, reveló.
El secretario de Seguridad Ciudadana en Baja California, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, respaldó el actuar de sus elementos en la intervención contra el fiscal. Después del incidente tuvieron contacto con el comandante Sandoval de San Quintín, a quien infraccionarían por rebasar los límites de velocidad en la carretera sin estrobos encendidos.
“Tenemos una orden de investigación interna para determinar si se excedió o no los límites en relación a la detención, la actividad que llevó a cabo esta persona infractora (el comandante) provocó la reacción natural de los agentes y estamos en espera de la denuncia correspondiente para ver si procede o no, de acuerdo a los hechos acontecidos”, sostuvo, a la par de confirmar que el comandante reconoció parte de culpa.
El funcionario estatal aclaró que no hay policías inhabilitados por este hecho, y José Aarón Sandoval “reconoció que fue propicio para que -los estatales-, tuvieran la hipótesis de que se trataba de un delincuente dándose a la fuga”.
MÁS QUEJAS CONTRA ESTATALES EN 2022
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tiene un registro de quejas mayor a nivel estatal en comparación con 2022, al superar la cifra y aún falta casi un trimestre para cerrar el año en curso. En Ensenada las cifras son similares.
De acuerdo con las víctimas, los principales derechos vulnerados han sido a la seguridad jurídica, al trato digno, a la legalidad y a la libertad.
Tijuana encabeza las quejas, con 24 el año pasado y la misma cantidad en los primeros diez meses de 2023, seguida de Mexicali.
DENUNCIAS SIN RESOLVER EN CONTRA DE ESTATALES
El 24 de octubre de 2022 se registró un incidente violento en contra de un civil en el poblado Punta Colonet, donde al menos diez elementos de la FESC fueron investigados.
De acuerdo a información de la denuncia, publicada por ZETA el 31 de agosto, una familia estuvo varios meses escondida porque uno de los miembros fue torturado por agentes.
La información quedó asentada en la denuncia con Número Único de Caso 0201/2022/15747, presentada por la víctima, Jesús Núñez Martínez, ante la FGE por el delito de abuso de autoridad, lesiones y tortura.
En su declaración, afirmó que ese lunes conducía una camioneta propiedad de la empresa Dos Mares, donde trabaja, sobre la Carretera Transpeninsular, cuando dos patrullas se acercaron y le pidieron bajar. El problema, contó el denunciante, inició cuando le solicitaron desbloquear el teléfono celular.
“Les dije que no, de inmediato el agente se molestó y me esposó las manos por atrás y me llevó a la patrulla, donde me dio varios golpes en el abdomen con la mano abierta”, describió.
La golpiza continuó y el agente insistía: “Desbloquea tu teléfono, hijo de tu puta madre”. Después, con un aparato le propinaron toques eléctricos en los genitales.
Cuestionado respecto al antecedente de 2022, Tizoc Aguilar respondió que este asunto lo tiene el Órgano de Control Interno, y aunque han encontrado irregularidades, no hay elementos suficientes para girar órdenes de aprehensión. Explicó que el Órgano primero determinará si hay faltas al reglamento interno, faltas o delitos; de ser así, se abre una denuncia ante la fiscalía para iniciar una carpeta de investigación.
Los agentes investigados son Juan Francisco Ramos López, Sergio González Hurtado, Daniel Vázquez Fernando, Yerika Zuleima Razgado Ongay, Óscar Alejandro Salazar Pérez, Alejandro Haro Ramos, Gerardo Monreal Curiel, Ernesto Venegas Ramírez, Jaime Enrique Ruiz Hernández y Pedro Alonso Soria Gómez.
Información reciente del caso indica que no hay avances en el tema, el Ministerio Público responde que el caso está en manos del juez de Control y no hay fecha para la audiencia. Además, pide se le entreguen copias del expediente.
Sobre el aumento de quejas en la CEDH, el secretario dedujo que la capacitación y educación permitirán una mejor actuación entre tantas variables de situaciones que se pueden presentar, y, entre más preparados estén, mejor enfrentarán los problemas.
