Diversas colectivas, como Deudores Alimenticios Desobligados Baja California y Ley Sabina Baja California, buscan la aprobación de la Ley Sabina en el Estado, reforma que propone hacer que los deudores alimenticios cumplan con la obligación de satisfacer las necesidades de sustento de sus hijos según corresponda.
El 27 de abril, la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes, realizó el Foro Virtual de la Ley Sabina, en donde expuso los dos principales objetivos de reformar la ley en Baja California: tener un registro de deudores alimentarios y garantizar por vía penal, civil y constitucional el cumplimiento de la obligación de dar alimentos a los hijos y las hijas.
“Sé que también hay hombres que demandan la pensión, pero la estadística es clara y son las mujeres quienes sufren más esta situación, y también los niños, niñas y adolescentes”, comentó.
“Aquí en Tijuana han sido más de 100 personas con las que hemos estado interactuando y en el resto del país son miles de mujeres que están en la misma situación”, informó Flor Ruíz, abogada, vocera y representante de Ley Sabina en Tijuana. Además, destacó que uno de los principales efectos positivos sería el incremento en la calidad de vida de las infancias, al no tener que atravesar problemáticas por falta de recursos.
“El objetivo principal es que se apruebe o ya se materialice el registro contra deudores alimentarios, y se le restrinja los derechos a licencia de conducir, así como ellos les restringen los derechos a sus hijos, como lo es el pasaporte o el que ellos hagan trámite de visa”, externó.
Compartió que actualmente el colectivo, se encuentra solicitando que se haga una mesa de trabajo para exponer sus experiencias, así como el trato recibido en el Ministerio Público en materia de deudores alimentarios, donde -según expuso- la judicialización de los casos puede llegar hasta ocho años, como es en el suyo.
“El padre de mi hijo tiene sin darme seis años una pensión digna para su hijo”, denunció Kenia Hermosillo, ama de casa, quién externó que su principal motivo para impulsar la aprobación de la ley es el registro los deudores alimentarios para que cada infante tenga su pensión digna. De igual manera, señaló que no ha obtenido respuesta por parte de las autoridades.
Maricruz Ambrosio Bautista, madre de familia, quién se dedica a la limpieza de casas, denunció que el padre de su hijo debe pensión alimenticia desde 2017; resaltó que los daños no solamente radican en la cuestión económica, sino en el estado emocional y psicológico de su hijo. “El me impulsó a defender sus derechos”, comentó.
Y agregó Ruíz: “nosotros no podemos obligar a que ellos quieran a sus hijos, pero sí se puede obligar a que respondan y asuman las obligaciones que tienen”.
