El XXIV Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por Montserrat Caballero Ramírez y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), dirigida por José Fernando Sánchez González, aún no han aceptado la recomendación número 9/2023 por tortura sexual cometida por policías municipales, así lo dio a conocer el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Jorge Álvaro Ochoa Orduño.
“El presidente anterior emitió 8 recomendaciones al inicio del mes de septiembre, de las cuales 7 ya fueron aceptadas por las distintas autoridades. Está pendiente una recomendación que se emitió al Ayuntamiento de Tijuana, está pendiente la respuesta; es la recomendación 9/2023 que va relacionada con actos de tortura sexual”, declaró el funcionario.
Según el presidente de la CEDHBC el plazo que tenía el Ayuntamiento de Tijuana para aceptar la recomendación ya venció, sin embargo se les emitió un recordatorio, con vigencia de 5 días hábiles, a modo de segunda oportunidad, para que la acepten, mismo que vence este próximo martes 10 de octubre.
En caso de que por tercera ocasión el Ayuntamiento y la SSPCM fueran omisos y no aceptaran la recomendación, Ochoa Orduño explicó que el asunto pasaría a manos del Consejo Consultivo de la CEDHBC, quien analizaría la posibilidad de llevar a cabo un acercamiento con las autoridades para que por fin la acepten y atiendan.
En en dado caso de que por cuarta ocasión las autoridades recomendadas no acaten la instrucción, el organismo defensor de los derechos humanos tiene dos opciones: dar vista al Congreso del Estado para que éste cite a la autoridad recomendada para que ésta manifieste porque no ha aceptado la recomendación; y la otra, es que las víctimas al estar enteradas de que no se aceptó tienen la facultad de presentar un recurso de inconformidad ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En respuesta, la alcaldesa del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Montserrat Caballero dijo “todavía tenemos una prórroga de cinco días más, está en el jurídico -la recomendación- y definitivamente la vamos a acatar. Es nuestra intención acatar este tipo de situación sobre todo tomando en consideración que cuando sucedió ese hecho de la recomendación fuimos los primeros en apoyar a las familias”.
Sobre la aceptación la primera edil mencionó que se realizará en los próximos días, pero no especificó si el lunes 8 de octubre o el martes, que es el último día hábil para aceptarla.
La recomendación 9/2023 emitida por la CEDHB al XXIV Ayuntamiento de Tijuana y la SSPCM se debió a que el 27 de abril de 2022, un hombre, identificado como Alonso, se encontraba laborando en un café internet en Playas de Tijuana, cuando llegaron dos unidades de la Policía Municipal. Los elementos bajaron de los vehículos, entraron al local y sometieron al hombre mencionado anteriormente y alrededor de ocho personas más.
Comenzaron a interrogarlos sobre la venta de drogas, no obtuvieron respuestas y uno de los oficiales señaló a la víctima como vendedor de dichas sustancias, por lo que tomó un tubo de PVC y lo golpeó. Posteriormente, le ordenó bajarse los pantalones y colocarse boca abajo en un escritorio.
Otro agente tomó una escoba y le colocó gel antiséptico en el mango para introducirlo en tres ocasiones en la cavidad anal de la víctima, quien también fue golpeada por otro oficial en las costillas. Después, los elementos tomaron los videos de las cámaras de seguridad y se retiraron del lugar.
El 2 de mayo del 2022, la víctima ingresó al área de urgencias del Hospital General de Tijuana, al día siguiente fue sometido a una cirugía por fístula anal y absceso perianal. Un día después, intentó suicidarse por la ventana de la habitación en donde se encontraba hospitalizado, pero fue auxiliado por personal del nosocomio, bomberos, la Unidad Municipal de Apoyo Social y Protección Civil.
El 18 de mayo de 2022, el hombre falleció en las instalaciones del Hospital General por consecuencia de la mala evolución y complicaciones de su diagnóstico de fascitis necrotizante más isquemia de colon descendente, consecuencia de la tortura sexual.
Entre las obligaciones que la Comisión instruyó cumplir a las autoridades está: ofrecer una disculpa pública a la memoria del hombre fallecido, así como todas las víctimas de tortura sexual; convocar a una mesa de trabajo con organismos colegiados de psicología y organizaciones de la sociedad civil que brinden atención psicológica, para que se ofrezca al personal operativo el acceso gratuito de procesos de psicoterapia.
También, se tiene que impartir un curso integral a todo el personal de la SSPCM sobre el cuadernillo de jurisprudencia No. 10 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e impartir un curso al personal sobre técnicas de desarrollo de habilidades socioemocionales.