En medio de discusiones y señalamientos contra el trabajo de la XVI Legislatura con respecto a la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, destacan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que revelan que las muertes por siniestros automovilísticos van en aumento en Baja California Sur.
De acuerdo con la información publicada por el Sistema Nacional, entre enero y agosto de este año se han registrado 51 muertes por siniestros viales en la entidad, lo que representa casi el 100 por ciento de los homicidios culposos que se reportan en las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS).
Asimismo, se da a conocer que se han abierto 353 carpetas de investigación por lesiones culposas provocadas en este tipo de incidentes.
En la comparativa del mismo periodo de 2022, donde se reportaron 40 muertes por accidentes automovilísticos, el estado reporta un incremento del 28 por ciento en decesos por este motivo.
Mientras que, con respecto a las lesiones culposas, en los primeros ocho meses del 2022 se reportaron 318 víctimas, lo que se traduce en un aumento del 11 por ciento en comparación con el 2023.
Ante este panorama, activistas en la materia han señalado que no existen políticas efectivas que ayuden a erradicar la violencia vial en Baja California Sur y el aumento de muertes en siniestro es prueba de ello.
Por su parte, datos del histórico de la Comisión Estatal de Protección de Riesgo contra Accidentes (Coepra) indican que el mayor índice de mortalidad se encuentra en el municipio de Los Cabos.
Lo anterior lo atribuyen a las circunstancias del principal destino turístico de Baja California Sur que se divide en dos ciudades: San José del Cabo y Cabo San Lucas, las cuales se conectan por una carretera.
Es esta vía, conocida como corredor turístico, se han documentado los siniestros con mayor probabilidad de mortalidad por la alta velocidad, la falta de aplicación de reglamentos y descoordinación entre municipio y federación para vigilar la zona.
Es en este escenario en el que activistas como Cristina Ortuño, directora de Pies, Cabeza y Corazón, hacen hincapié en la Falta de una Ley de Movilidad, que se supone que hubo una presentación en el Congreso del Estado; sin embargo, no es el proyecto que se trabajó durante más de un año y que procuraba erradicar este problema de salud.
Desde su perspectiva -al igual que otros activistas-, considera que la falta de ese documento entorpece lo que podría hacerse para revertir la situación, porque ahora no hay un rumbo claro.
“Teníamos la intención con ello y la ilusión de que estas cosas que ya pasaron y que ya están mal, que se fueran, si no revirtiendo, sí mejorando. Porque la ley que se trabajó, no la que se aprobó, hablaba de un sistema; y eso implica que todas las instituciones involucradas estuvieran haciendo lo que les corresponde hacer”, dijo.
“El asunto es que esa esperanza se hace añicos cuando esta gente del Congreso nos traiciona. No le puedo llamar de otra manera, porque sí fue una traición: no a nosotros, que estuvimos involucrados sino al pueblo que confía en ellos”, agregó.
Señaló que la ley aprobada en julio por las y los diputados dice que hay que procurar el bienestar de los peatones, pero no establece cómo ni a quién le corresponde; no da herramientas ni armas, ni blinda a los más vulnerables de una manera efectiva.
Otro punto que considera importante es la falta de aplicación del reglamento, pues si no hay quien lo difunda, se encuentran a personas pasándose semáforos, altos, con impunidad, sin que nadie detenga ni sancione este comportamiento.
“Si hablamos de siniestros viales, más allá de la ley general, derecho constitucional a la movilidad, ahorita en La Paz tenemos un reglamento de tránsito y de movilidad y seguridad vial que es de última generación, que toca todos estos temas que deberían estar en la ley”, señaló.
Considera que la autoridad está quedando a deber en difusión del reglamento y aplicación del mismo, así como un total desinterés, en el que el municipio autoriza obras que desde su perspectiva están interfiriendo con la libertad de movimiento de las personas.
“Estoy viendo autoridades estatales y municipales a las que en la práctica pareciera no importarles el bienestar de las personas más vulnerables en las calles, que son los peatones y ciclistas. Justamente se habla de estos temas cuando empiezan a morir personas en las calles”, insistió.
La otra cara de la moneda es la falta de conciencia y empatía de quienes conducen a exceso de velocidad en las vialidades.
Es así como se perdió una oportunidad para iniciar con un cambio verdadero, ante un proyecto de ley que se trabajó por más de un año y al final se desechó, mostrándose una realidad que rebasa a la entidad y que hoy se refleja en las cifras.
