Tal como lo adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno Federal publicó, el 26 de septiembre de 2023, un informe cronológico y con la narrativa de los hechos ocurridos el mismo día y mes, pero del 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.
En el informe ‘Caso Ayotzinapa: narrativa de hechos de acuerdo con la investigación realizada’, difundido por la Presidencia de la República, también se dieron a conocer tres posibles causas que motivaron la desaparición de los 43 normalistas, así como un breve contexto respecto a los nexos de las autoridades locales con algunos grupos delincuenciales y los conflictos entre los mismos.
“De acuerdo con la información hasta aquí presentada y la investigación realizada en coadyuvante con la titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa [UEILCA] se pueden establecer tres causales que motivaron la desaparición de los estudiantes”, dice el informe.
La primera causa que menciona el informe es la supuesta “confusión” de los líderes de la Guerreros Unidos, porque la organización criminal creía que dentro de los estudiantes se encontraban infiltrados miembros de Los Rojos, el grupo antagónico del lugar.
Asimismo, el informe señala que uno de los estudiantes, Bernardo Flores Alcaraz, era primo de alias ‘El Takia’, sujeto ligado a Los Rojos, por lo que Guerreros Unidos estableció un seguimiento a la caravana de autobuses en los que viajaban los normalistas.
Otra posible causa que indica el informe es la de un “escarmiento” a los estudiantes, derivado del contexto de “amenazas” por parte de José Luis Abarca Velázquez -alcalde de Iguala- y de Guerreros Unidos, ya que el entonces presidente municipal es señalado de haber tenido nexos con el grupo criminal.
El supuesto “escarmiento” estaría relacionado con las protestas que causaron destrozos en el Palacio Municipal de Iguala, derivada de la desaparición y asesinato de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Felix Rafael Banderas Román, a quienes habría asesinado el entonces alcalde, con una escopeta.
Como última posible causa de la desaparición de los normalistas, el informe señala que en alguno de los autobuses tomados por los estudiantes, pudo haber una eventual “presencia de droga, armas o dinero”.
Según el informe ‘Caso Ayotzinapa: narrativa de hechos de acuerdo con la investigación realizada’, la relación entre los militares y el cártel quedó al descubierto gracias a diversos testimonios e informes aportados por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
“A partir de diversas fuentes existen vínculos entre algunos elementos de la Policía Federal y el Ejército que operaban en la región de Iguala con Guerreros Unidos […] Derivado de diversas declaraciones de distintos testigos, así como mensajes de texto aportados por la DEA, se vinculan con ‘Guerreros Unidos’ el entonces Coronel José Rodríguez Pérez, Comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, el Capitán José Martínez Crespo y el entonces Coronel Rafael Hernández Nieto, Comandante del 41 Batallón”, señala el informe.
“Conforme a estas declaraciones, algunas brindadas en procesos judiciales en Estados Unidos, estos elementos recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”, revela el informe.
Según el reporte, en la actualidad se encuentran detenidas 132 personas en diversos penales 41 integrantes de Guerreros Unidos, así como 71 policías, cinco federales, 3 ministeriales, 7 estatales, dos de Cocula, 9 de Huitzuco y 45 de Iguala.
También están detenidos tres funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), además de Leonardo Octavio Vázquez Pérez, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Guerrero, el ex alcalde de Iguala, así como su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ex presidenta del DIF de dicho municipio y 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Por su parte, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), anunció, en su cuenta de la red social X, que el 27 de septiembre de 2023 presentará un segundo informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
TITULAR DE LA SEDENA SUGIERE A PADRES ENTREVISTAR A CAPO DE GUERREROS UNIDOS
Luis Cresencio Sandoval González, titular de la SEDENA, sugirió recurrir al ex líder del Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, alias “Cabo Gil”, para obtener la información que exigen los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, respecto a los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.
En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, el general aseguró que el “Cabo Gil” podría coadyuvar con datos respecto a la conversación en la que él mismo instruyó a un jefe policiaco, a “entregar” a 17 de los estudiantes.
“Es importante resaltar que se estima que la principal exigencia de dichos documentos versa sobre la necesidad de conocer de manera completa la conversación. Al respecto, se considera que el propio López Astudillo puede proporcionar mayor información, en virtud de las conversaciones (Mensajes/Chats) proporcionadas por la DEA, en los cuales se advierte que López Astudillo fue uno de los orquestadores y autores materiales de la desaparición de los estudiantes”, enfatizó Sandoval González.
“La Secretaría de la Defensa Nacional reitera su compromiso y disposición para seguir apoyando a las madres y padres afectados por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero; sin embargo, se considera que existen otros actores que pueden aportar valiosos datos para coadyuvar en este esfuerzo conjunto, como es el caso del propio testigo Gildardo López Astudillo alias el ‘Cabo Gil’, señalado como orquestador y uno de los principales autores materiales en la desaparición de los estudiantes normalistas, tal como se desprende de los ‘Chats’ proporcionados por la DEA”, abundó el mando militar.
La misiva enviada por el titular de la SEDENA al presidente de la República, fechada el 25 de septiembre de 2023, fue leída una noche antes a los padres de los normalistas, quienes criticaron que el Ejército no respondiera directamente.
Ello ante la exigencia de que se conociera una foja con el reporte que se hizo llegar al Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), que es un monitoreo, minuto a minuto, del ataque contra los estudiantes, entre las 21:00 horas del 26 de septiembre y las 3:00 horas del día siguiente, en Iguala, Guerrero.
Durante su conferencia de prensa matutina del 26 de septiembre de 2023, el mandatario nacional aseguró que dicho reporte sí existía y que ya había sido entregado a los familiares, quienes ahora exigían una grabación que el Gobierno Federal no tenía en su poder.
“Me lo entregó a mí el general secretario y entonces, para que no quedara ninguna duda, yo se lo entregué a los padres y a los abogados. Generó hasta cierta molestia entre los abogados y asesores porque es muy fuerte la transcripción”, aseveró el político tabasqueño.
“Porque ahora lo que quieren es la grabación y resulta que el documento aparece en los archivos, pero no hay grabación. Eso es lo que hay que ver y estamos investigando, pero existe el documento. Lo que tenemos no lo podemos, ni debemos ocultar; sin embargo, es: a ver, ¿a dónde está la grabación? Pues se está buscando”, respondió López Obrador.
