Aunque, de entrada, como todos los mandos que integran la Mesa de Seguridad en Baja California, María Elena Andrade, la recién nombrada fiscal general del Estado (luego de la renuncia de Ricardo Iván Carpio) dice que “no es mi trabajo combatir directamente a los cárteles”, más adelante en la entrevista, acepta que, “por supuesto”, los combatirá desde el fuero común… en la persecución de los delitos que le corresponden.
Directora de Seguridad en Mexicali, justo cuando la hoy gobernadora Marina Ávila Olmeda era la alcaldesa, María Elena Andrade salió de esa posición; y cuando Ávila tomó posesión del cargo, la nombró comisionada del Sistema Estatal Penitenciario, y a la primera oportunidad, la propuso para ser fiscal general del Estado.
Con “más de 35 años de trabajo en seguridad y justicia”, como se autodefine Andrade, trabajó en la Procuraduría General de Justicia de Baja California; incluso fue colaboradora cercana del procurador Rommel Moreno en el sexenio de José Guadalupe Osuna Millán, y le siguió la ruta a Ciudad de México para ejercer en el centro del país.
Favorita, como evidentemente quedó a cargo de la FGE, resaltó más su relación con la gobernadora Ávila que su experiencia en el mando de la procuración de justicia. Pero ella no lo ve así. Se autoclasifica como la primera fiscal mujer en BC, aunque esa posición -aun cuando la institución tenía otro nombre (PGJE)- la ocupó la licenciada Perla Ibarra Leyva en la administración de Francisco Vega de Lamadrid.
De sus cartas credenciales, Andrade refiere:
“También estuve ocho años trabajando en Juzgados Penales, que me ayudó a cerrar el círculo del proceso penal, donde también me desempeñé como ministerio de Ley. Siempre he trabajado en temas de orden común, delitos del orden común, Juzgados y procesos del orden común”.
Con ese conocimiento, y ocupando una nueva posición en la Mesa de Seguridad -ya estaba presente en su calidad de comisionada penitenciaria-, justifica que perseguir a los cárteles, es responsabilidad “del orden federal”.
En las oficinas que ocupa en el cuarto piso del edificio de la FGE en Tijuana, ciudad en la que próximamente residirá de manera intermitente, concedió a ZETA una entrevista, la cual, en sus partes medulares, se transcribe a continuación:
— ¿A quiénes se enfrenta en estos momentos?, ¿nos puede decir?
“Precisamente a esos grupos que pueden ser delincuentes del fuero federal, y devienen en delito del orden común. Sé que operan por ser frontera, cárteles, y sé precisamente a qué nos enfrentamos. Nosotros vamos a combatir los delitos, independientemente de donde provengan; es nuestra obligación cuando son delitos del orden común o coordinarlos con las autoridades correspondientes si de plano se advierte la comisión de un delito del fuero federal con las fiscalías generales de la República. Como Fiscalía del Estado no combatimos grupos delincuenciales en este tipo de delitos; sin embargo, sí combatimos los delitos y es nuestra obligación atenderlos de donde estos devengan cuando sean delitos del orden común”.
— Entonces, directamente no va a combatir a los cárteles.
“No es mi trabajo combatir directamente a los cárteles, pero sí trabajar coordinada con las autoridades correspondientes, sobre todo las federales, para lo que nos corresponde. Y como trabajamos en la Mesa (de Seguridad) para lo que resulte, compartiendo información; porque además la actividad de la Fiscalía General del Estado no es de prevención, sin embargo, sí de coordinación, y eso vamos a llevar a cabo. Pero no vamos directamente a buscar o desmembrar una banda delictiva de delincuencia organizada federal”.
— Por ejemplo, entre los principales objetivos prioritarios (los asesinos), son miembros de los cárteles, y en algunos casos están judicializados, como los hermanos Arzate del Cártel de Sinaloa, acusados de homicidio. ¿Va a enfrentarlos de manera directa, aunque pertenezcan a algún cártel?
“Totalmente, porque vamos a atender el caso por los cuales ellos están siendo o hayan sido investigados o procesados por el delito del orden común, con la vista correspondiente a la Fiscalía General de la República. No estamos viendo a qué cártel pertenecen, sino el delito que están cometiendo; y si se conoce, se advierte su participación en ese cártel, precisamente es para allegarnos información y saber sobre qué estamos pisando. Pero cada quien dentro de sus competencias”.
— ¿Cómo va a combatir a los cárteles desde su ámbito y facultad?
“Quiero comentar que nuestro trabajo no es ir a combatir a los cárteles…”.
— Pero es el principal problema de BC…
“Eso sí. Exactamente, nos queda bien claro. Pero sí tenemos que tener bien establecida la forma de trabajar de ellos, precisamente por los delitos que devienen del fuero común y que van de la mano con el fuero federal. Realmente las investigaciones tienen que darse de manera alterna, dándole vista FGR en su caso, de la participación delictiva del orden federal. Que claro que nos vamos a enfrentar a estos tipos de grupos delictivos, pero no vamos a detenernos por la forma o en el cártel en que se desempeñe; sin embargo, sí va a haber intereses que se van a tocar definitivamente. Por eso sabemos que este es un trabajo de riesgo, pero no decimos porque vayamos a cazar o desarticular cárteles; el contacto es directo porque estamos pisando en esos terrenos”.
— El tema de homicidio ha sido preponderante en la Mesa de Seguridad. ¿Sabe cuántas órdenes de aprehensión pendientes de homicidio hay en este momento en la FGE?
“No, no puedo dar número exacto. Sé que tenemos varias órdenes de aprehensión pendientes y otras medidas específicas sobre ese delito, sobre objetivos específicos. De los grupos que pudiéramos mencionar, tenemos varios con órdenes de aprehensión cumplimentadas en estos operativos enfocados que estamos llevando a cabo; sin embargo, hay muchas todavía por cumplimentar y todas tienen que ver con homicidios y delitos del fuero común que, repito, van de la mano con estos grupos delictivos que se desempeñan en delincuencia organizada”.
— ¿Cuál es su propuesta para ser más efectivos en la captura y sentencia de asesinos?
“Primeramente, creo que es directamente la ubicación de esos objetivos y la participación directa de los grupos. Estamos trabajando en la creación de un grupo para atender este tipo de delitos, específicamente por la seguridad y por lo que pudieran llevar a cabo para enfocarse en estos objetivos, porque sabemos que al cumplimentar o ejecutar una orden de aprehensión, inmediatamente se ve que viene a la baja los delitos del orden común, como los homicidios. Se ha hecho aquí un gran trabajo en la Fiscalía, en la ubicación, detección, ejecución de estas órdenes de aprehensión, sin embargo, creemos que falta mucho por hacer, falta reforzar estos grupos dotándolos de mayor tecnología, mayores herramientas para la ejecución de estas órdenes de aprehensión o de investigación correspondientes; pero eso sí: yo le pedí a la Mesa de Seguridad lo que es presencia directa en las áreas de zona que ya tenemos todos ubicadas, áreas conflictivas donde estén operando estos grupos tanto en Tijuana, Mexicali y Tecate, porque solamente, así con la Mesa de Seguridad y los grupos federales, con la presencia directa…”.
“Aquí no hay fórmula mágica. Sí lo hemos visto cuando en un área específica, ya sea Tijuana, Mexicali, Tecate, se mete directamente el Grupo Coordinación y se planta directamente ahí, e inmediatamente estos grupos empiezan a retirarse, porque no hay una zona de confort donde ellos puedan cometer estos delitos sin que haya una consecuencia”.
“Por ejemplo, nuestro trabajo en Fiscalía no es la prevención de delitos, sin embargo, no hay impedimento legal para participar; pero si pongo a mi a Policía todo el tiempo a prevenir delitos, y a una Policía Municipal le falta más presencia en cualquier municipio, entonces yo dejaré de lado las investigaciones. Y necesito sacarlas adelante para que ellos también puedan avanzar en la prevención y ubicar cuáles son esos puntos que tienen que atender más puntualmente”.
— ¿Cuáles son las actuales zonas de conflicto?
“En Tijuana las tenemos ubicadas en Sánchez Taboada, Camino Verde y varias zonas que tenemos para aquel mismo rumbo. En Mexicali, su Valle; también Tecate. Creo que son los principales objetivos que vamos a trabajar; se lo pedí al propio comisionado, sin desatender en sí la ciudad, pero me refiero a lo que es la prevención diaria. Sí conminamos a los directores de Seguridad Pública y al secretario de Seguridad Ciudadana de aquí de Tijuana y de todos los municipios para que hagan su labor preventiva”.
— Las armas que circulan en las calles… no es un delito del fuero común, ciertamente, y de hecho el decomiso de droga, ¿ahí sí les va a dar la orden de que continúen con eso?
“Por supuesto que sí, de hecho, todos los días estamos teniendo aseguramientos de drogas y armas con el tema de los operativos que estamos haciendo. Recién empezó mi administración, giré instrucción precisamente al coordinador encargado de despacho de la Comisión, de la Agencia Estatal de Investigación, que detuviera un poco las investigaciones y se metiera de lleno a prevención para coordinar a las diversas corporaciones policiales. Mientras a veces los cambios sí generan ciertas incertidumbres, para efecto de continuar con la dinámica y establecer bien las líneas de competencia: que los policías municipales se sintieran bien acompañados, los policías estatales, nosotros nos metimos. Tenemos desde mi llegada trabajando temas operativos de prevención, como si fuéramos preventivos; al igual, inclusive encabezando y liderando la mayor parte de los operativos de prevención. Esa va a ser la dinámica, que siga el aseguramiento”.
— Entonces, desde su fuero sí va a combatir a los cárteles.
“Por supuesto que sí. Si lo vemos de esa manera y en esa forma de actuar, por supuesto que sí. No me puedo hacer a un lado totalmente, ese tipo de delitos del fuero común tiene que ver con el federal”.
— En perspectiva de género, ¿habrá cambio de estrategias para prevenir los asesinatos de mujeres y feminicidios?
“En cuanto a los delitos presentados en la Fiscalía, aproximadamente el 20 por ciento tiene que ver con temas de perspectiva de género; inclusive ya tuvimos una Alerta aquí en Baja California, pero no tenemos los protocolos todavía, se encuentran en las áreas jurídicas. Vamos a trabajar mucho ese tema, sacando los protocolos y trabajando con los grupos que tienen que ver (CEJUM, Inmujer, el propio Congreso) en los temas de género, y estableciendo cuáles son esas medidas y protocolos a llevar cuando se trate de muertes por algún tipo de asesinato de mujeres, por género. Cuando se lleva a cabo el asesinato de una mujer o un homicidio, inmediatamente ordeno que se atienda con los protocolos de perspectiva de género”.
— Cuando se empieza a investigar como feminicidio, que era la instrucción que viene desde el Gobierno Federal desde hace mucho tiempo…
“No todos atendían así. Nosotros ordenamos que todo, sea cual sea o tengas evidencia preliminar, o un análisis a priori que podría ser un feminicidio o no, la muerte de una mujer se atiende con los protocolos de feminicidio; independientemente que conforme vaya avanzando la investigación, se advierta que no es un feminicidio, que no reúne los requisitos para catalogarse como un feminicidio, pero pues no perdimos ese tiempo o esas evidencias que se trabajan con la sensibilidad de un feminicidio”.
“Como primera mujer fiscal del Estado de Baja California, es lo menos que puedo hacer; es mi compromiso con el grupo, con el gremio, y que tengan la confianza de acercarse. He recibido a mucha gente y voy a recibir a más personas en el tema de homicidio de mujeres, a madres de familia que quieren comentar o tienen dudas o inconformidades en cuanto a las investigaciones que se han llevado por las muertes de sus hijas o de sus familiares, precisamente para establecer qué más podemos hacer para avanzar en esas investigaciones”.
— Otro foco rojo que tiene son los desaparecidos, que luego los califican como no localizados o como privado de la libertad. ¿Cuál es su propuesta para abatir rezago en este delito, si ni siquiera se tienen estadísticas confiables, números? En enero se habló de la adquisición de equipo para tener registros de ADN más confiables, ¿pero cuál es su propuesta en tan delicado tema?
“Primero que nada, pedí y me están terminando de hacer una información respecto a la situación real en que estamos: cuántos están clasificados como desaparecidos, cuántos de desapariciones forzosas, cuántos como desapariciones únicamente, cuántos como no localizados, para hacer una clasificación exacta, sobre todo esas desapariciones que no están calificadas como forzosas, pero son desaparecidos. O como esos no localizados, que también pueden ser desapariciones forzosas. Estamos trabajando ahorita en esa clasificación porque tengo que tener cifra real, sea como esa, nos guste o no, para con ello tomar decisiones y ver la magnitud del problema: cómo afrontarlo, no maquillar cifras. Les pedí cifras reales”.
“Como ustedes saben, también creé la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos de Desaparición Forzosa. Contamos con una Fiscalía de Delitos Especiales donde hay cinco rubros de delitos que se investigan, entre ellos las desapariciones forzosas; están delitos contra migrantes, contra periodistas, especiales, secuestros y desapariciones forzosas. Esa Fiscalía ve cinco temas, cinco direcciones, y desapariciones forzosas es el quinto rubro que tiene que atender ese mismo fiscal especializado, lo cual obviamente que sus energías, recursos y tiempo lo tienen que compartir en cinco temas, y los cinco temas se tienen que atender en total relevancia; pero ahorita por la magnitud y el número de casos, lo que está pasando, especialmente en Tijuana y Mexicali, más lo que suceda en otros, se tiene que atender específicamente con todo el impulso y el recurso para esta Fiscalía. Estamos en el momento oportuno”.
— ¿Cuáles son sus objetivos prioritarios en cuanto a fuero común? Me refiero a personas a detener.
“Creo que con todos estos delitos de alto impacto que se ha estado hablando y se tratan también en la Mesa, no debemos dejar de lado los delitos del orden común, como los robos en todas las modalidades: robo a comercio, a vehículo, domiciliarios; son delitos que pueden aquejar, independientemente del tema que ya hablamos de violencia, de feminicidio, violencia familiar y otros delitos que todos los días aquejan al ciudadano que va a trabajar a la industria, a la fábrica, al trabajo, del que lleva el sustento y de inmediato sale y ya no está su vehículo. O fue a una plaza comercial y ya no está su unidad vehicular, el vehículo que compró con tanto esfuerzo. O el ama de casa que sale a llevar a los niños a la escuela, sale de la escuela y ya no está el vehículo; o sale y regresa a su casa y le vaciaron el refrigerador, sus muebles, su microondas”.
“Vamos a trabajar en delitos de fuero común, a intervenir mucho el tema de recicladoras y casas de empeño. En mi experiencia como subprocuradora del Estado, en aquellos tiempos nos tocó intervenir: hicimos un programa junto con otras áreas de Gobierno del Estado, como Bomberos, Secretaría General de Gobierno, áreas del Ayuntamiento, para ver permisos de uso de suelo y otros requisitos para establecer un negocio de esos; que contara con lo necesario, sobre todo aquellos negocios informales o ver que los formales reúnan los requisitos, y a su vez, intervenir en la comisión de algún delito. Fue un éxito total, teníamos un aumento de robo de vehículos tremendo; no recuerdo los porcentajes de aquel tiempo, pero fue totalmente a la baja, y en casas de empeño encontramos en su tiempo muchos objetos robados. En las recicladoras hasta hidrantes de esos de Bomberos o tapas de la CESPT, que si llega una persona con un hidrante de Bomberos o una tapa de la CESPT, pues ni modo que no adviertas que es de su propiedad”.
— ¿Pero cuál es la prioridad? Y preguntaba también sobre los objetivos prioritarios que tiene la FGE.
“Los delitos graves, los prioritarios, ya los acabamos de platicar (no sé si no me di a entender), y creo que esos son los prioritarios. Por eso conversamos con esos, iniciamos la conversación. Obviamente como segundo rubro vienen todos los delitos que, repito, son los que afectan a la gente, porque independientemente que vamos a enfocar las energías en todos estos delitos de los que ya hablamos (homicidio, delincuencia, todos los que tienen que ver con delincuencia organizada, que vamos a entrar de rebote en ese tema, desaparecidos), no podemos dejar de lado porque son los delitos que nos tocan del fuero común e impactan directamente al ciudadano, los robos con violencia. No podemos dejar de atender esos delitos, independientemente de que enfoquemos como prioridad los delitos que comenté”.
— De personas, de objetivos prioritarios a detener, ¿hay una lista?
“Sí, la tenemos, por supuesto. O sea, tengo toda la información de lo que ya tenemos aquí de avanzado. Sabemos los objetivos prioritarios, inclusive muchos de esos objetivos prioritarios no tenemos delitos del fuero común; hay del federal… sin embargo, tenemos que ubicar de qué se trata o de quién se trata para atender esos delitos que nos van a impactar del fuero común, que, repito, no es mi obligación ni compromiso ir a desmembrar bandas del crimen organizado, porque inclusive estaría invadiendo un fuero que es de la Fiscalía General de la República. Pero si en el trayecto nos encontramos con estos objetivos, inclusive con la Comisión de Delitos del fuero federal, de una persona que esté, que tenga un acopio de armas o posesión (que es delito del fuero federal), o de drogas, vamos a intervenir”.
— ¿Cuánto durará la evaluación de los mandos?
“Será permanente, sin embargo, creo que a un mes, que sería después de la primera reunión plenaria, que cada mes la vamos a tener. Va a ser un mecanismo de mi administración, vamos a tener las reuniones plenarias cada mes en cualquier municipio del Estado, donde van a comparecer todos los fiscales regionales, especializados, comandantes, para efecto de estar evaluando cómo vamos, qué hacemos. Y no es la reunión plenaria para hacer una ‘cacería de brujas’; no va a ser ‘tuve la reunión plenaria ahora y mañana te voy a quitar’, no. Vamos a reajustar”.
“¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, quizá en algún grupo no hemos llegado a las metas que se van a establecer y me dicen ‘es que tengo cinco parejas de la Policía, pero de esas, tengo dos incapacitados’, o una de vacaciones, y de cinco unidades de patrulla, pues tengo tres en taller. Obviamente ahí está pasando algo que tiene que ver con la responsabilidad de la institución, de apoyarlos con este tema del recurso para que puedan sacar adelante sus metas y estadísticas, pero no es precisamente como metas y estadísticas frías; esto va de la mano con lo que empezamos a platicar. Antes de eso, les voy a requerir atención ciudadana y a los medios de comunicación, todos tienen que salir a dar la cara a las atenciones mediáticas que les sean requeridas”.
— Hablando de metas, en homicidio el 30 por ciento es reducción anual de incidencia. ¿Cuál sería la suya en homicidios?
“Mis metas, repito, no como autoridad preventiva que no soy, no puedo comprometerme a reducir el tanto por ciento de los delitos porque inclusive estaría invadiendo funciones del propio secretario de Seguridad Ciudadana y de las policías municipales. Mi meta es aumentar la judicialización en estos delitos de acto impacto y del orden común”.
— ¿Aumentar en qué porcentaje?, porque acaba de mencionar que en este momento tienen el 30 por ciento de judicialización. ¿O es menos?
“Es menos de judicialización, creo que está al 16 por ciento. Estoy revisando también esas metas para establecer otras más reales; inclusive tenemos los indicadores que van en tema de seguridad y justicia de la mano con Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Fiscalía del Estado y otras áreas que tienen que ver con indicadores. Es decir, si establecemos como indicador aumentar la judicialización al 25 por ciento, tiene que estar de la mano con Poder Judicial porque de ahí vienen las audiencias para que sean judicializaciones efectivas que podamos atender de la mano de los fiscales que yo tengo, de los de audiencia, de litigación. Y también, por medio de Consejería Jurídica, Defensoría Pública, que va a atender esas audiencias. Platicamos con el presidente del Tribunal y encontramos algunas situaciones que repetidamente se han diferido audiencias porque se abre la audiencia; y a veces va el defensor o va el fiscal, y por no haber conocido antes del caso, pide tiempo para imponerse los autos. Entonces, no queremos que se convierta en eso: en audiencias diferidas porque el agente o el policía no pudieron imponerse de los autos”.
— ¿En este momento cuál es su meta? ¿25 por ciento?
“Ajá. Tenemos una reunión el próximo lunes para establecer una meta fija, que vaya de la mano, porque va a haber cambio de indicadores con el Poder Judicial, Defensoría Pública y Fiscalía, para que sean metas reales. Mi meta es aumentar al 25 por ciento, pero quiero ver la factibilidad de ese aumento, o a lo mejor viendo exactamente los indicadores que manejan las otras dependencias que van de la mano, la cadena de justicia, poder aumentarlo más. Esa es la reunión que tendremos incluso con la coordinación del Gabinete el lunes, porque una meta impacta a otra”.
— ¿Cómo andan a nivel corrupción?
“Vamos a reforzar el área de Visitaduría para atender estos temas; habrá próximos ajustes en esa área para efecto de aquellos pendientes que tenemos, que se lleven a cabo las investigaciones. Estoy convencida. Tengo más de 35 años trabajando con policías en las diversas corporaciones: la gran mayoría son agentes comprometidos, funcionarios comprometidos, ya sea en este caso en la prevención o procuración de justicia. Sin embargo, hay malos elementos; son los menos, pero pueden incurrir en algún desvío en sus actividades. Y va a haber mano dura, ¿eh? Cero tolerancia”.
— ¿De qué porcentaje estamos hablando en esos menos?
“No puedo darlo ahorita, porque precisamente habrá ajustes, pero estoy segura que son lo menos. Pero los que sean, cero tolerancia. Tengo más de 35 años trabajando en esto y muy directamente con la Policía; veo el trabajo diario de los demás y no vamos a permitir que por unos cuantos se empañe el trabajo de los que sí queremos hacer bien las cosas”.
— Hablando de corrupción, hay casos en investigación, o por lo menos hubo denuncias, contra dos ex gobernadores: Francisco Vega de Lamadrid y Jaime Bonilla Valdez. No había formalmente una Fiscalía Anticorrupción, ya hay nombramiento, inclusive una persona que trabajó con Usted en el sistema penitenciario. ¿Qué va a pasar con esas investigaciones?
“Van a ser atendidas. El fiscal Anticorrupción de hecho ya se está imponiendo de los autos de esas investigaciones, precisamente para que lleve toda la transparencia y sobre todo el enfoque. Son investigaciones que requieren de mucho análisis, carpetas mucho, muy voluminosas, hablo de tomos, de anexos donde se requiere de una atención focalizada y especializada. He tenido contacto con el fiscal Anticorrupción para los temas que él requiera en cuanto a éstas y otras carpetas de investigación que tendrá que atender para efecto de que precisamente para eso fue establecida esta figura de Fiscal Anticorrupción”.
— Francisco Vega de la Madrid lleva tres años y medio en la impunidad, y Jaime Bonilla, uno y medio, por lo menos. ¿Continuará esa impunidad para los ex gobernadores?
“No, no habrá impunidad para nadie, hablemos de gobernadores o la persona que sea; no habrá impunidad, y menos impunidad intencional. Son avances que se han hecho en este gobierno, precisamente para enfocar las energías en temas que quedan pendientes, también tomando en cuenta que son investigaciones complejas y se requiere una atención directa de esos casos; por eso la creación de esta Fiscalía”.
Muchas gracias.
