De repente, en pleno festejo por la Independencia de México, autoridades mexicanas, en lo que pareció una vía cortísima, extraditaron a Ovidio Guzmán López el Ratón a Estados Unidos. Era esta una acción que sucedería tarde o temprano. El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera había sido detenido en enero de este año, con una orden de aprehensión con fines de extradición.
Efectivamente, en México no se buscaba al vástago del capo del Cártel de Sinaloa para procesarlo por delitos cometidos en este país. De hecho, no fue hasta su detención, la segunda, que surgió una carpeta de investigación en Sonora. Ni la Fiscalía General como la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la República investigaron, o al menos no lo hicieron público, los hechos violentos ocurridos durante la primera detención de Ovidio en 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de Presidente, dio la orden de liberarlo, pero la acción criminal dejó por lo menos 19 muertos, entre otros daños y decomisos.
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En esas condiciones las autoridades mexicanas fueron muy condescendientes con el hijo del Chapo. Incluso AMLO entró en una discusión internacional que no fue respondida de manera acorde, cuando a través de su titular, Anne Milgram, la DEA norteamericana detalló en marzo de este año que habían infiltrado la célula de Los Chapitos, como se conoce a los hijos del narcotraficante preso en Estados Unidos, para conocer la denominada Ruta del Fentanilo, que se origina en China con la compra de precursores, continúa en México con la producción de las dosis y el trasiego de la droga con destino final a Estados Unidos.
Milgram detalló con nombres y apellidos, la red de Los Chapitos en el entramado para la producción y tráfico de fentanilo. López Obrador insistió en que en México no hace fentanilo, justificando que sólo se troquela la pastilla de la droga, dado que el país no es productor, como sí lo es Asia, de precursores químicos para la elaboración del fentanilo.
El mandatario mexicano ha insistido en ello y la extradición de Ovidio Guzmán dejó de ser tema hasta que, silenciosa y efectiva, esta se concretó los días de celebración de Independencia de México. De hecho, la información sobre el traslado del Ratón a territorio norteamericano, fue confirmada a la prensa nacional e internacional por un ex agente de la DEA, Derek Maltz, quien publicó en su cuenta de la red social X la imagen de Guzmán López a bordo de un avión mientras, se supone, es trasladado a Chicago, donde se le procesará. Después de eso, autoridades de EU confirmaron la información.
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En México pasaron días antes que el lunes 18 de septiembre, el Presidente López Obrador abordara el tema en su conferencia matutina, destacando el haber justificado la legal extradición, a pesar de la celeridad que se le imprimió en los últimos días, y la expresión de que ello contribuiría para evitar pretextos de politiquería a EU, dado que ese país está en medio de un proceso electoral: en 2024 renovarán la Presidencia, y los cárteles de la droga, particularmente todo ligado al Chapo Guzmán, son temas utilizados como bandera de campaña.
Pero ligero detalle: en México también sucederá un proceso electoral para renovar la Presidencia de la República en 2024, y la pronta -y afortunada- extradición de Ovidio Guzmán es un golpe político y mediático que también beneficia a quien será la candidata de Morena, el partido del Presidente, a sucederlo.
Aparte de enviar al hijo del capo sinaloense a la Unión Americana, para que tal aprehensión no sea utilizada como bandera político-electoral en Estados Unidos, López Obrador le limpia el camino a la campaña que habrá de iniciar, meses adelante, Claudia Sheinbaum por la Presidencia de México.
Es evidente que, ante los crecientes índices de inseguridad en el país y la fracasada política de abrazos, no balazos que ha aportado a líderes de los cárteles mayor impunidad, el tema de las estrategias para contener la violencia en el país será un factor en las campañas políticas de 2024, especialmente tratándose del Cártel de Sinaloa, organización criminal que por lo menos ha contado con dos favores presidenciales: la liberación ordenada por López Obrador en la primera detención de Ovidio, y un muy publicitado saludo personal y de mano por parte del mandatario nacional hacia la madre de Joaquín Guzmán Loera.
La cuestión es que, como lo adelantó en marzo la directora de la DEA, la Fiscalía de Estados Unidos no sólo quiere a Ovidio Guzmán en su territorio para ser juzgado, sino a todos los hijos visibles del Chapo, particularmente a los que señaló en el informe de la Ruta del Fentanilo: Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y Joaquín Guzmán López, a quienes acusan de encabezar la célula de Los Chapitos para la producción y tráfico de fentanilo, y por cuyas libertades ofrecen millonarias recompensas.
Restando meses para que inicie formalmente la campaña electoral presidencial tanto en EU como en México, autoridades de ambos países deberán analizar si se promueve una coordinación real para la aprehensión de Los Chapitos y así limpiar el camino electoral para evitar politizar el tema del narcotráfico.
Por lo pronto, en la campaña de Morena ya podrán politizar el tema y argumentar en su defensa que fue un gobierno emanado de ese partido, el que detuvo y extraditó a Ovidio Guzmán López.
