El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió, el 26 de septiembre de 2023, al Ejército mexicano, al asegurar que no había ocultado información respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el mismo mes y día, pero de 2014, en Iguala, Guerrero.
“No es nada más fue el Estado y fue el Ejército y ya. No, vamos a conocer la verdad, lo que sucedió. Yo no voy a mentir ni vamos a fabricar algo que no sea cierto y vamos a actuar con rectitud y no somos iguales”, aseveró el político tabasqueño.
No obstante, durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal reconoció diferencias con los padres de los 43 normalistas.
“Hemos avanzado bastante. Ayer se tuvo una reunión con los padres, los abogados, asesores y me había comprometido a entregar toda la información […] Tenemos diferencias. Ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso”, agregó el mandatario nacional.
El presidente de la República se quejó que el abogado de los familiares de los 43 normalistas, Vidulfo Rosales Sierra, argumentó que lo dicho por su Gobierno fuera similar a la llamada “verdad histórica”, construida durante la Administración de Enrique Peña Nieto.
Ante ello, López Obrador instruyó a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, poner en la pantalla del Salón Tesorería, una carta escrita por él, dirigida a los padres de los 43 normalistas.
“Creo que exageró o se confundió porque nosotros tenemos principios y tememos ideales. Entonces, como no quisieron recibir el informe, es una carta mía, ponla, más el informe de la Sedena sostiene que no ha querido entregar la Sedena”, dijo el mandatario nacional.
Por último, el titular del Poder Ejecutivo Federal se comprometió a continuar la investigación y afirmó que siempre estaba dispuesto al diálogo. Sin embargo, los padres de los 43 normalistas han reiterado que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se ha negado a entregarles información clave del caso de la desaparición de sus hijos.
El 25 de septiembre de 2023, tras salir de una reunión con Luisa María Alcalde Luján y Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titulares de la secretarías de Gobernación (SEGOB) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), respectivamente, el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos afirmó que el nuevo informe que les presentaron del caso, se acerca más a la “verdad histórica” presentada en el Gobierno de Enrique Peña Nieto que a información recopilada recientemente.
En entrevista con representantes de diversos medios de comunicación tras el encuentro con las funcionarias federales y con Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la SEGOB, Rosales Sierra comentó que a los padres de los 43 normalistas desaparecidos no se les estaba dando la información que se les solicitó.
“Alejandro Encinas presenta una narrativa de donde estamos en este momento que se acerca más a la ‘verdad histórica’ que a los nuevos hechos. Hace una narrativa, refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado. Reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera al Ejército”, indicó el abogado.
Rosales Sierra abundó que en el nuevo informe presentado por la Administración encabezada por López Obrador, solo se le fincaba responsabilidad de los hechos al capitán José Martinez Crespo, pero que fuera de ahí no aparecía ningún otro militar y que no se indicaba quiénes construyeron la llamada ‘verdad histórica’.
“Los padres de familia protestan por esta información que se está negando, no se recibió ningún informe, habían varios documentos que se iban a entregar, se iban a entregar también la información referente a las escuchas telefónicas de Chicago, que no son de interés, porque es información que ya se conoce. Entonces no se recibió ninguna documentación”, explicó el abogado.
LA CONSTRUCCIÓN DE LA “VERDAD HISTÓRICA”, DURANTE EL GOBIERNO DE EPN
Jesús Murillo Karam fue titular de la Procuraduría General de la República (PGR), del 4 de diciembre del 2012 al 27 de febrero del 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien le ordenó investigar el caso los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
Fue el encargado de dar a conocer la llamada “verdad histórica” el 27 de enero del 2015, cuando, durante una conferencia de prensa, concluyó que los 43 normalistas fueron ejecutados e incinerados en el basurero del municipio guerrerense Cocula por el grupo criminal de los Guerreros Unidos, porque los señalaron como supuestos miembros de su banda rival, Los Rojos.
“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy”, indicó el entonces titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República.
Murillo Karam citó como evidencia de la “verdad histórica”, el contenido de 487 peritajes, 156 inspecciones ministeriales, 386 declaraciones y 39 confesiones de los implicados directamente en el crimen masivo ocurrido el 26 de septiembre entre Iguala y Cocula. Además, la PGR exhibió las declaraciones ministeriales y confesiones videograbadas de Patricio Reyes Landa, “El Pato”, y Felipe Rodríguez Salgado, “El Terco”, dos personajes claves en la presunta ejecución e incineración de los normalistas.
Tras su renuncia a la PGR, el 27 de febrero de 2015, fue sustituido en dicho cargo por Arely Gómez González y fue nombrado por Peña Nieto como titular de la Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno Federal, donde permaneció hasta el 27 de agosto del mismo año.
La renuncia de Tomás Zerón de Lucio a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se dio el 15 de septiembre del 2016, pero casi de inmediato fue designado Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS). No obstante, dejó el cargo en medio de reclamos de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Uno de los casos de la tortura es el de Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, quien fue detenido arbitrariamente y torturado antes de la diligencia que elementos de la AIC de la PGR, encabezados por Zerón De Lucio, realizaron el 28 de octubre del 2014 en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, donde supuestamente se habrían encontrado bolsas de cenizas y fragmentos de huesos de los 43 normalistas.
Dicha diligencia es una de las principales bases para que las autoridades federales hubieran dado a conocer la llamada “verdad histórica”, el 27 de enero del 2015, en la que se argumentó que los 43 normalistas de Ayotzinapa habrían sido asesinados y carbonizados en el basurero de Cocula, y sus cenizas tiradas en bolsas de plástico a dicho río.
García Reyes fue detenido arbitrariamente y torturado antes de dicha diligencia. También se acreditó que fue llevado al río San Juan sin el registro adecuado, donde fue interrogado sin la presencia de su abogado, por el entonces director de la AIC, Zerón De Lucio, a pesar de que ese funcionario federal no tenía mandato legal para hacerlo.
En su momento, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) criticó la ausencia de documentación en el expediente que sostuviera legalmente las diligencias practicadas aquel día, así como el inadecuado registro y manejo de la cadena de custodia de la evidencia supuestamente encontrada en el río San Juan.
Además, condenó la “falsa” declaración del entonces director de la AIC de la PGR, en la que afirmó que integrantes del equipo de la ONU-DH y del Equipo Argentino de Antropología Forense estuvieron presentes en la diligencia en el río San Juan.
La “verdad histórica” señala, también, que los días 26 y 27 septiembre del 2014, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron privados de su libertad por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco. Después, integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos los habrían incinerado en el basurero municipal de Cocula.
