El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, el 3 de agosto de 2023, que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estaba analizando la muerte de dos personas que supuestamente quedaron atorados en las boyas colocadas sobre el río Bravo, a la altura de Eagle Pass, en Texas, para impedir el paso de migrantes a EE.UU., por parte del Gobierno texano, encabezado por el mandatario republicano Greg Abbott.
Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que su Gobierno buscaba contar con todos los elementos, antes de eventualmente responsabilizar al mandatario texano de dichas muertes.
El político tabasqueño señaló que Abbot no debería actuar así, ya que era “inhumano, no se trata así, a ninguna persona, no debe de tratarse así a nadie. No es de gente buena […] Lo tenemos que ver con objetividad [si el gobernador texano era el responsable de las muertes]. Tener la información para no actuar como actúan algunos”.
El 2 de agosto de 2023, la Cancillería mexicana informó que los cadáveres de dos personas fueron localizados atorados en el cerco de boyas con púas que el Gobierno de Texas colocó en el río Bravo, para evitar el paso de migrantes indocumentados.
La primera persona sin vida fue localizada alrededor de las 14:35 horas del 2 de agosto de 2023, en la zona sur de las boyas, mientras que el segundo cadáver fue hallado horas después, a cinco kilómetros de distancia. Hasta el momento, ni la SRE o las autoridades estadounidenses no habían identificado los motivos del fallecimiento o la nacionalidad de los migrantes muertos.
“Autoridades del Departamento de Seguridad de Texas notificaron al Consulado de México en Eagle Pass que […] encontraron el cuerpo de una persona sin vida atorado en la parte sur de las boyas”, compartió la SRE, en su cuenta de la red social Twitter.
“Reiteramos la postura del gobierno de México sobre que la colocación de boyas alambradas por parte de las autoridades de Texas es una violación a nuestra soberanía. Externamos nuestra preocupación sobre el impacto a los derechos humanos y seguridad personal de los migrantes que tendrán estas políticas estatales”, reclamó la Cancillería mexicana, en su comunicado.
