Desde masacres dentro de penales, malos resultados durante sus últimas gestiones, fuga de reos, violaciones a Derechos Humanos e historial panista, son fantasmas del pasado que persiguen a varios de los aspirantes a ocupar el espacio vacante que dejó Ricardo Iván Carpio Sánchez, en la Fiscalía General del Estado (FGE), tras poco más de un año y medio al frente de la institución.
La abrupta salida de Carpio Sánchez, sigue sin tener una explicación de fondo, pues sólo hay rumores y especulaciones derivadas de la falta de información al respecto. Lo único claro es que el Congreso de Baja California tiene 20 días para designar al nuevo Fiscal, luego de la entrega de la terna por parte de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien de manera oficial ha respaldado a Carpio Sánchez y ha anunciado que enviará dentro de los próximos días la lista de aspirantes a ocupar la Fiscalía.
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En tanto, los tres nombres que han surgido como aspirantes son cinco, pero tres son los que -hasta este momento- se encuentran bajo el estudio en la oficina de la Gubernatura.
Aunque existe la posibilidad de que se pudieran agregar algunos nombres extra, la lista de tres -hasta este momento- está conformada por: María Elena Andrade Ramírez, Alonso Ulises Méndez Manuell-Gómez y Daniel de la Rosa Anaya; los nombres de Pedro Ariel Mendivil y Javier Salas, no han sido analizados -hasta este momento- dentro del círculo cercano de la mandataria estatal.
María Elena Andrade Ramírez, es actualmente comisionada del Sistema Penitenciario, cargo con el que inició desde el primer día de la administración marinista. Fue directora de la Policía Municipal de Mexicali, pero fue removida luego de una serie de errores y conflictos originados por la política restrictiva de bebidas embriagantes proveniente de los Estados Unidos, durante el periodo de pandemia.
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Hay que recordar que durante la Presidencia Municipal, de Marina del Pilar Ávila Olmeda, Andrade Ramírez, dirigió la instalación de retenes al salir de la garita con rumbo a México, con la intención de revisar sí los residentes de Estados Unidos llevaban consigo bebidas embriagantes, y en caso de que esto ocurriera, las incautaban.
Ávila Olmeda fue severamente criticada por esta política y fue uno de los motivos por los que terminaron por remover a Andrade Ramírez durante su gestión; también tuvo una tendencia a la alza en materia de homicidios durante los meses que dirigió la institución.
Andrade Ramírez, también trabajó en la implementación del sistema oral penal en la Fiscalía General de la República y antes, fue Subprocuradora en Mexicali, durante el periodo de Romel Moreno Manjarrez, quien recibió acusaciones directas por parte del general de la II Región Militar, Sergio Aponte Polito, de que varios de sus funcionarios formaban parte de la delincuencia organizada.
Alonso Ulises Méndez Manuell-Gómez, es actual asesor de seguridad de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y jefe de seguridad de PIMSA, dirigida por Juan Ignacio Guajardo, empresario y financiero del colectivo Ocupa, que -a veces- ha intentado ser un ente crítico de los gobiernos morenistas; fue director de la Policía Municipal durante la administración de Gustavo Sánchez, de 2016 a 2019, pero en su último año inició la tendencia a la alza de homicidios que no pudo detenerse en los años subsecuentes, pasando de 150 asesinatos y aumentando cada año hasta que en 2022 se rondaba la cifra de 300.
Méndez Manuell-Gómez, tuvo una labor destacada durante su primera gestión como Director, en el periodo de Rodolfo Valdez Gutiérrez (2007-2010), donde había gran opulencia y los apoyos federales en materia de seguridad rondaban los 70 millones de pesos, al grado que esto lo motivó a comprar un helicóptero que sólo duró tres años y hoy se encuentra inoperante.
Méndez Manuell-Gómez, terminó y se fue al frente de la policía estatal de Sonora, durante el periodo de Guillermo Padrés, un panista plagado de acusaciones de corrupción que lo llevaron a la cárcel.
Daniel de la Rosa Anaya, ex secretario de Seguridad Pública de José Guadalupe Osuna Millán y de Francisco Vega de Lamadrid; fue director de Averiguaciones Previas durante el periodo de Antonio Martínez Luna, conocido como El Blindado.
De la Rosa Anaya es recordado por dirigir la Policía Estatal Preventiva (PEP) en un periodo plagado de acusaciones de tortura e incluso desapariciones forzadas, donde varios de sus agentes fueron acusados de desaparecer o asesinar a presuntos narcomenudistas.
También fue conocido debido a la Matanza de La Mesa, donde se perpetró un motín que duró tres días y que concluyó con un saldo de 30 muertos.
A De la Rosa también se le atribuyen detenciones sustanciales durante los 10 años de gobierno panista que dirigió.
El hoy Procurador de Baja California, renunció de la administración kikista, el mismo día que se autorizó el endeudamiento millonario por parte del Poder Ejecutivo, para hacerse de los servicios de la empresa Seguritech, que costaría al erario casi 800 millones de pesos, mismos que pudieron ser utilizados para reforzar a la corporación.
El actual gobierno respaldó el proyecto de Seguritech para la instalación de cámaras de vigilancia, fibra óptica y arcos carreteros, mismos que el propio De la Rosa no respaldó.
