La XVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó en periodo extraordinario la Ley de Movilidad y Seguridad Nacional, y aunque las y los diputados celebraron el acontecimiento y pregonaron un gran avance para Baja California Sur, la realidad es que activistas especialistas en la materia desaprueban el trabajo legislativo realizado sobre el último documento presentado ante el Pleno.
Un trabajo cuestionado desde el inicio, debido a que tomó más de un año a la XVI Legislatura presentar un dictamen sobre la armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
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Incluso se dio en medio del desafuero y regreso del diputado presidente de la Comisión de Transporte, Juan Pérez Cayetano (Morena), quien a su retorno, tras recibir el amplio perdón de la mujer que lo denunció por abuso sexual, cuestionó por qué el proyecto tomó tanto tiempo a sus compañeros de legislatura si sólo se trataba de una homologación.
Es en este escenario en el que miembros de la sociedad civil señalaron que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial no cumple con la armonización, ya que las y los diputados eliminaron la estrategia y el sistema que esta reforma obliga a las autoridades de cada entidad a establecer.
Se dio una primera lectura, un descanso y luego se votó sin comentarios, dijo el director de BCSicletos, Carlos Mancilla.
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Desde su perspectiva como líder de un colectivo dedicado a la lucha por los derechos de movilidad de Baja California Sur, la XVI Legislatura “mochó” estructuras contundentes para que esta ley sea garante para la ciudadanía.
“El dictamen que presentaron y que se votó, no responde a lo estipulado en la normatividad en la materia y atenta en contra de garantizar particularmente el derecho a la movilidad para todas las personas”, reiteró.
“Nos parece muy curioso que se quite el trabajo sistémico y las responsabilidades de las instancias estatales y municipales; lo convierten en un documento totalmente inoperante”, agregó.
Enfatizó que durante el último año participaron en una decena de mesas de trabajo y de análisis, en donde la sociedad civil pudo involucrarse abiertamente para tener certeza de que esta ley sería un avance para la movilidad.
De último momento todo cambió y la Comisión Transporte echó a la basura las discusiones que aportaron y enriquecieron la iniciativa.
De repente presentaron un documento en el que desaparecieron las atribuciones de las autoridades, los mecanismos institucionales, los instrumentos como un observatorio ciudadano, y extrajeron todo el seguimiento y capacidad de incidencia que tendría la sociedad civil dentro de la estrategia de movilidad y seguridad vial.
Carlos Mancillas enfatizó que la Ley General de Movilidad mandata que haya un sistema nacional de Seguridad Vial, lo cual estaba garantizado en un borrador de la ley.
“Ni la estrategia ni el sistema estatal aparecen, los quitaron. Dejan un vacío hacia las atribuciones que tienen de arranque, ¿quién va a representar a Baja California Sur en el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial?”, señaló.
Asimismo, comentó que, en su narrativa, la ley habla sobre el derecho y cambios de paradigma, sin embargo, en sus artículos que establecen criterios para el diseño y operación de la infraestructura vial pone en tela de juicio la pirámide de movilidad.
“Me parece gravísimo que ahora resulta que colocar una banqueta para una persona con discapacidad con la intención de salvaguardar la vida pues debe ponerse en tela de juicio, diciendo que incluso puede afectar la propia movilidad, la seguridad vial y la economía”, apuntó.
Aunque las organizaciones de la sociedad civil participaron abierta y ampliamente en el proceso de creación, al final las y los diputados ni siquiera compartieron el dictamen que se sometería a votación ante el pleno.
“Ni siquiera se nos hizo llegar el borrador, nos llegó por otro lado y resaltar que en estas mesas de trabajo estuvo sociedad civil, representantes de personas afromexicanas e indígenas, representantes de personas con discapacidad y transportistas de Baja California Sur y todo ese proceso fue desechado”, corroboró.
Activistas como Carlos Mancillas califican esta situación como una estrategia legislativa de bajo nivel, ya que no se ignoró a las asociaciones, sino que se les hizo trabajar para sólo ignorar todas las aportaciones de especialistas.
“Tenemos una pésima ley estatal de Movilidad y Seguridad Vial. Lo que vemos muy lamentable es la capacidad que se podría haber tenido con una ley de avanzada y ahora tenemos una ley que poco sirve”, finalizó.
