Baja California inicia la regulación de centros nocturnos, medida que ya se ha tomado en entidades como Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Jalisco y SLP
Sobre la calle F en Mexicali, se ubica un modesto “bar de colonia” conocido como Los Amigos. Austero, sin variedad, reducido de espacio y con una clientela más fiel que variada, abre casi todos los días y cierra a las dos de la mañana.
El centro nocturno no tiene nada de especial si se compara con los grandes inmuebles del giro ubicados en la zona hotelera de la Capital bajacaliforniana, donde es evidente el color, costo e ingreso económico que se genera.
Desde que iniciaron con los escándalos del bar Shots, donde sólo en un año desaparecieron cinco jóvenes, la cantina colocó un guardia de seguridad en la entrada con una paleta de 30 dólares para detectar metales e instaló cámaras cuyos monitores pueden observarse desde varios puntos.
Así, antes de entrar en vigor, el humilde bar cumplió con todas las medidas de seguridad propuestas por el Poder Legislativo, a través de una modificación a la Ley de Alcoholes que los obliga a contar con una serie de medidas de seguridad para garantizar la protección de los propios clientes.
Como es sabido, en Mexicali se han documentado diez desapariciones en la zona hotelera en el último año, y la cifra podría aumentar si se amplían el tiempo y el rango.
El martes 8 de agosto, el Periódico Oficial del Estado presentó los lineamientos para que los centros nocturnos instalen las medidas de seguridad necesarias para operar, lo cual consta de guardias de seguridad capacitados, cámaras -de ser posible instaladas a C4, arcos detectores de metales y botones de pánico en zonas visibles.
Dichas modificaciones no son un invento, pues entidades como Ciudad de México, Guerrero, Colima, Chihuahua, Campeche, Baja California Sur, Jalisco y San Luis Potosí, también tienen medidas de protección para garantizar o inhibir el delito dentro de bares y antros de sus entidades.
Si bien, la responsabilidad del Estado no debe perderse de vista, pues garantizar la seguridad es una obligación exclusivamente gubernamental, la realidad es que existe un terrible desorden en la actividad de los centros nocturnos, puesto que cada municipio establece sus propias reglas y muchos son permisivos.
Dentro de los lineamientos propuestos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se establece que los antros y bares pueden instalar cámaras de 2 megapíxeles, rango sumamente bajo que realmente no representa un costo sustancial; también define el adiestramiento de guardias de seguridad por parte de la institución estatal, medida ya avalada en varios estados que busca implementar la responsabilidad y capacitación para atender situaciones de riesgo, además de notificar a la autoridad cuando se tiene conocimiento de la comisión de un delito.
Como sociedad hemos normalizado que se cometan ilícitos dentro de los centros nocturnos, como venta de droga, trata de personas y homicidios, al grado que la Fiscalía General del Estado y los ayuntamientos han decidido ignorar lo que allí ocurre, por considerarlo parte de la vida nocturna.
Las omisiones gubernamentales históricas han costado caras y se ha permitido que nadie dirija la noche en el Estado, ahora veremos si las -impopulares- medidas que se pretende implementar en BC representan el inicio de una verdadera política pública de seguridad o sólo se trata de una estrategia de simulación por parte de los gobiernos morenistas; o bien, una herramienta más para implantar medidas de extorsión por parte de inspectores municipales.
