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miércoles, octubre 2, 2024
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En libros de texto “hay elementos de propaganda simple y dura”: Carlos Mancera

Aun cuando el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador no ha definido claramente qué es la llamada Nueva Escuela Mexicana -en la que se basan los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024-, hay elementos que difieren de manera “importante” de la tradición educativa de México, que está sustentada en el Artículo 3 de la Constitución, señaló Carlos Mancera Corcuera, ex subsecretario de Educación federal.

Ese numeral establece un precepto básico que la educación será universal; es decir, que los niños y jóvenes en el país se beneficien de las ciencias, el conocimiento y naciones que son patrimonio de la humanidad. Además, estipula expresamente el aprendizaje de disciplinas como matemáticas, lenguaje, ciencias, geografía e historia.

Sin embargo, en el planteamiento curricular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en los nuevos Libros de Texto Gratuitos se organiza el conocimiento de manera muy distinta, por campos formativos.

“Hay un campo que se llama ‘Saberes y Pensamiento Científico’. Ahí se aglutinan matemáticas, ciencias, geografía y otras materias”, las cuales quedan difuminadas, y no hay un estudio sistemático y progresivo que corresponda a una teoría del aprendizaje, indicó.

“Se dice en este planteamiento que los saberes comunitarios serán tan válidos como el conocimiento universal; que serán intercambiables. Todos respetamos que es válido el conocimiento comunitario, pero no es equiparable con el conocimiento universal”; no puede ser intercambiable, manifestó el especialista en entrevista con ZETA.

El tercer elemento fundamental del Artículo 3 Constitucional es que la educación estará alejada de los fanatismos, de prejuicios y combatirá la ignorancia y sus manifestaciones. Y como cuarto elemento fundamental se señala que los alumnos deben lograr los aprendizajes, para una formación integral en todas las dimensiones del ser humano, que les permita ir desarrollando su criterio y desarrollarse en la libertad y para la libertad.

“La enseñanza tiene que ser laica; y no sólo en el sentido religioso, sino en el sentido de que debe ser ajena a los dogmas, a los fanatismos, al adoctrinamiento, porque todo ello lleva a una enseñanza que no favorece la libertad. Es una enseñanza que se queda corta, que no enseña a los niños a pensar”, abundó.

La reforma actual, propuesta por la SEP, está llena de elementos adoctrinantes que son contrarios a la noción de que la escuela tiene que estar libre de dogmas; deja en un segundo plano la formación para la libertad y la formación del pensamiento crítico, apuntó Mancera Corcuera.

“No hay una preocupación por el desarrollo progresivo de la personalidad de cada uno de los individuos, de cada uno de los actos que hay en la escuela”, señaló el ex secretario, “más bien la educación impulsada en la Nueva Escuela Mexicana favorece y da una preminencia absoluta a lo comunitario por encima de lo individual”.

Así, a un niño se le pretende imponer como un problema el que se salga de lo comunitario, que no cumpla con las reglas de la comunidad y sea diferente, lo que es completamente opuesto al Artículo 3 Constitucional.

Adicionalmente, de forma encubierta existen aspectos que justifican la violencia al promover la lucha de clases sociales, como en el libro para docentes “Un libro sin recetas número 6” de secundaria, en el que la SEP evitó calificar como delito el secuestro y homicidio del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada en 1973, señalando que en realidad fue un intento de retenerlo y que algo salió mal en la acción, muriendo el empresario, su chofer y dos personas más.

“Hay elementos de propaganda simple y dura” como el que en diversos materiales se señala que en la elección de 2006 hubo fraude y ganó el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador y no Felipe Calderón, agregó el especialista.

PROCESO DE ELABORACIÓN ILEGAL

Mancera Corcuera dijo que existe ilegalidad en el proceso de elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos, así como en los programas de estudio que la SEP pretende implantar en el ciclo escolar 2023-2024, que iniciará el próximo 28 de agosto.

“El problema no es un prurito procesal; el problema es que cuando no se consulta hay atropello, hay imposición y eso es lo que está produciendo las reacciones que ya conocemos” contra los nuevos Libros de Texto Gratuitos y la llamada Nueva Escuela Mexicana, manifestó.

En el ámbito procesal la Constitución y la Ley General de Educación establecen claramente la obligación que tiene la SEP de consultar a los interesados (maestros, padres de familia, pedagogos, expertos y cualquiera que desee expresar una opinión) en los procesos de elaboración del plan y los programas de estudio, así como los libros de texto.

Sobre el Plan de Estudios, publicado en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 2022, Mancera Corcuera afirmó que existen dudas de si hubo consultas, mientras en los programas de estudio y en la elaboración de los libros de texto no las hubo.

“Una consulta es un proceso en el que se llama a las partes interesadas a que den su opinión, a que aporten elementos, a que discutan y argumenten sobre la base de un diálogo civilizado y razonado para que se toman las decisiones. Eso no se ha hecho para los programas de estudio”.

“El que la ley obligue a las consultas obedece a que la educación es un bien público que nos concierne a todos y debemos encontrar fórmulas, planteamientos educativos como los que hay en los programas tienen que contener objetivos, secuencias de aprendizaje, criterios de evaluación”, explicó el especialista, que actualmente se desempeña como consultor.

La Ley establece que los libros de texto deben ser elaborados en cumplimiento de los programas de estudios; lo que es lógico, porque un libro de texto es un auxiliar didáctico, una herramienta para los maestros y los niños. “Es ahí donde hay otra falta muy seria”, porque los libros se elaboraron sin que hubiera programas educativos”.

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro.com

En el Artículo 113 de la Ley General de Educación se señala que se debe consultar a los gobiernos de los estados para elaborar los programas de estudio; lo que tampoco se hizo. De ahí que el Gobierno de Chihuahua presentara un amparo, cuya suspensión fue concedida por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luis María Aguilar Morales para no distribuir los libros de texto.

Luego de que la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) obtuviera una suspensión definitiva para que la SEP no elabore ni distribuya más libros, se refiere a las irregularidades cometidas en el proceso, mas no en el contenido del material educativo.

“La parte procesal está lejos de haber quedado resuelta” porque inclusive aun con la publicación de los programas educativos, la SEP tiene que acreditar que hubo una consulta; cosa que no sucedió, reiteró el especialista, quien previó que podrían presentarse nuevos amparos contra el fondo, es decir, contra el contenido de los libros.

En opinión de Mancera Corcuera, independientemente de que los gobiernos de Chihuahua y Coahuila presentan sendos juicios de amparo contra los libros de texto por las violaciones al proceso de su elaboración, las administraciones estatales tienen que valorar críticamente los libros de la SEP.

“Si quieren distribuirlos, que lo hagan; pero lo que no sería correcto sería quedarse sólo en esos materiales, porque estarían dejando a sus maestros y a sus alumnos en una situación muy frágil de cara a lo que se espera que la escuela produzca en cuanto a aprendizajes”.

Gobiernos como Colima, emanado de Morena, y Jalisco, de Movimiento Ciudadano, han cobrado conciencia para que producir y distribuir material auxiliar, con el que se asegure la enseñanza de las materias básicas: matemáticas, lectura, y escritura.

Mancera Corcuera lamentó que en el planteamiento de la SEP no se espera que los alumnos logren determinados aprendizajes en matemáticas, lectura, escritura y ciencias al término de un cierto nivel educativo. “Si no hay objetivos de aprendizaje, ¿cuáles son los referentes para la evaluación que permita saber si el país está avanzando o no, quiénes están haciéndolo y dónde?”, cuestionó.

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La negación de la evaluación obedece a que ya no habría ni siquiera objetivos de aprendizaje; porque la Ley General de Educación establece que debe haberlos, así como mediciones de logros, pero eso también se ha ignorado.

“Lamentablemente este modelo no tiene base, no tiene asideros; y las partes virtuosas que pudiera tener están dañadas porque todo se ha hecho al vapor, sin las consultas, sin capacitación de maestros, sin formación de cuadros que trabajen en las escuelas y sin nuevos materiales. No sólo libros de texto, sino otros que coadyuven en la enseñanza”.

Tampoco ha habido inversión en las tecnologías en las escuelas, ni mayor conectividad. No hay nada de eso, lamentó Mancera Corcuera: “En vez de poner la carga del mejoramiento educativo sólo en un currículum mal hecho, con libros de texto que van a servir para muy poquito, tendría que haberse puesto el acento en atender los problemas reales de las escuelas, en los apoyos que los maestros requieren para poder hacer mejor su función”, concluyó.

Autor(a)

Julieta Aragón
Julieta Aragón
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Cursé la maestría de Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y sigo en proceso de tesis. Soy reportera de ZETA desde 2017.
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