La abrupta renuncia del fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, el jueves 10 de agosto, puso en pausa la persecución y el combate a los criminales asociados a tres cárteles en Baja California: al de Sinaloa, el de Jalisco y el de los Arellano. Fue evidente, ante la presencia de convoyes, reuniones con narcocorridos, y autos y hombres sospechosos transitando libremente, particularmente en la zona costa, que lo que ha imperado estos días es la falta de autoridad, lo cual favorece al crimen organizado.
Carpio Sánchez incomodó a mandos federales, y los recientes cambios internos en la Sedena tendrían que ver con la salida de quien fue el primer fiscal de la administración marinista. En los corrillos gubernamentales, refieren que la gobernadora le habría solicitado la renuncia debido a “temas que habrían causado desgaste”. ¿Cuáles temas? No se sabe. Lo que sí, es que como fiscal se había concentrado en judicializar los casos de criminales hasta hace no mucho impunes, generando órdenes de aprehensión para perseguirlos, detenerlos y procesarlos. Hacer valer el Estado de Derecho, pues.
Fue evidente, porque la gobernadora tardó una semana en enviar la terna para nombramiento de titular de la FGE al Congreso del Estado, que la decisión de retirarlo no fue producto de una reflexión o un pensamiento profundo. A diferencia de cuando propuso a Carpio, a quien perfilaba desde su etapa de gobernadora electa como secretario de Seguridad, pero ante el madruguete de la Sedena para imponer a uno de los suyos en esa área, Ávila Olmeda rescató a Carpio Sánchez y lo hizo fiscal con sus votos en la Cámara local.
Ante la oposición de la Sedena, Carpio trabajó solo. Primero por desavenencias con el primer secretario de Seguridad, el General Gilberto Landeros; y después por la falta de destreza del segundo secretario de Seguridad, el General Leopoldo Aguilar, a quien sus agentes le juegan las contras a favor del crimen. Lo mismo ocurrió con la Guardia Nacional. La participación de elementos de esa corporación federal en delitos y complicidades junto con criminales organizados, los alejó de una coordinación real con la FGE.
Pero ahora la Fiscalía General del Estado está a merced de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y quién sabe quién más. La terna que dio a conocer la gobernadora Ávila Olmeda este jueves 17 de agosto en sus redes sociales, trae dedicatoria. Una mujer: María Elena Andrade; y dos hombres: Rafael Orozco, quien es encargado de despacho ante la renuncia de Carpio y fue con él, fiscal central; y José Lozano, fiscal regional en Tecate.
Si de servicio de carrera se tratara, el nombramiento recaería entre uno de los dos fiscales que fueron con Carpio Sánchez, Orozco y Lozano, dada su experiencia y su labor en los últimos años en el plan de desarrollo de Ávila y del ex fiscal; pero tratándose de política, el favoritismo impera sobre la meritocracia: no es necesaria la experiencia, la habilidad, el mérito y la capacidad, como sí las conexiones políticas, el amiguismo y el chambismo.
María Elena Andrade ya fue colaboradora de Marina Ávila, cuando, siendo alcaldesa de Mexicali, la nombró directora de la Policía Municipal, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar esa posición en la Capital del Estado. Sin embargo, no pudo controlar la inseguridad ni en la zona urbana, mucho menos en el Valle de Mexicali, y después de nueve meses en el cargo, Andrade renunció. Ni un año le mantuvo la seguridad a Marina.
Ya gobernadora, Ávila Olmeda no dejó desamparada a su amiga Andrade. La propuso y fue votada para ser la titular de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, un área sensible y de mucho compromiso, que fue retirada de la facultad de la Secretaría de Seguridad, cuando la fusión de esa dependencia con la Procuraduría para crear la Fiscalía, días previos a la toma de posesión de Jaime Bonilla Valdez.
De corte autónomo, el sistema penitenciario dejó de ser supervisado por el área de seguridad estatal, ante el capricho de Amador Rodríguez Lozano, secretario de gobierno con Bonilla, para quitar esa facultad al nuevo fiscal, Guillermo Ruiz Hernández, y aprovecharse de la misma. Fue ahí donde Rodríguez colocó a quien fue el Primer Oficial Mayor del ex gobernador morenista, Jesús Núñez, quien había sido removido por su señalamiento de intervención en los moches corruptos de los funcionarios de Jaime Bonilla, precisamente cuando solicitaron dinero y comisiones a empresarios, a cambio de contratos para el manejo de alimentos en los penales.
Ni Núñez ni Andrade, lograron controlar los penales. María Elena, de hecho, ha debido sortear una serie de mítines dentro del penal, negociando con los bandos criminales internos que ostentan el autogobierno en los penales de Baja California, como los Paisas y los Sureños, amos del control de las cárceles.
Entre los Paisas y los Sureños, y siete pandillas más que tienen cierto control en las cárceles del estado, desde el sistema penitenciario se ha negociado la paz al interior de los mismos. No se erradicaron las prácticas del autogobierno; se mantuvieron en nueva línea. María Elena Andrade tampoco cumplió en esa materia. En esta edición de ZETA, de hecho se publica información corroborada con investigadores locales y federales que da cuenta de los privilegios con los que cuenta el Cabo 20, David López Jiménez, en el penal de El Hongo, que hasta la fecha está en la facultad y responsabilidad de Andrade, para continuar encabezando desde el encarcelamiento actividades criminales, sea vía mensajeros o vía celular.
Los criminales en Baja California han vivido días de impunidad ante la renuncia de Carpio Sánchez. Y lo que se viene…
