Sin Ley específica, por acuerdo, un instructivo determina que la destrucción de droga asegurada, es un acto interno de las fiscalías que se presta a suspicacias
Por diversas causas, la desconfianza está sobre la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad de Baja California.
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La insatisfacción ante los resultados, las llamadas de atención de los titulares de los poderes ejecutivos que manifiestan sentirse disgustados ante las pequeñas mejorías, genera suspicacias en la de por sí fracturada Mesa de Seguridad, donde algunas de las autoridades empezaron a preguntarse a dónde van los enervantes que por narcomenudeo asegura la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al final, la sospecha tiene fundamento si se consideran las versiones de las policías operativas que no reportan algunos decomisos y después “siembran” armas y drogas a los detenidos. O los casos de armas o paquetes de droga que han sido entregadas al Ejército o las fiscalías para su destrucción meses o años atrás, y decomisadas de nuevo en posteriores operativos. Delitos que siempre arreglan por debajo de la mesa, argumentando “respeto” a la institución.
En el caso del narcomenudeo, incluso el narcotráfico, no existe una Ley en la que se establezca punto por punto, cómo destruir la mercancía ilícita asegurada.
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La Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados -que opera desde 2020- instruye que “el aseguramiento, decomiso y destrucción de bienes, incluidos los de narcóticos y precursores químicos, se sujetarán a lo dispuesto en el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y en el Código Federal de Procedimientos Penales”, pero en ninguno de ellos especifica la disposición final de esos productos o herramientas del delito.
Razón por la que las destrucciones se han realizado a través de protocolos o convenios establecidos por las propias fiscalías.
Tratándose de la Fiscalía General de la República (FGR), el más reciente es el Acuerdo A/OIC/001/2022 por el que se distribuyen las facultades del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República entre sus Unidades Administrativas, en el cual determinaron que la Unidad de Verificación del Destino Final de Bienes Asegurados, será responsable de: “Vigilar la correcta aplicación de los distintos ordenamientos legales aplicables, en los procesos de incineración de narcóticos, de destino final de precursores químicos y sustancias nocivas; programar de visitas periódicas a las bodegas de indicios o almacenes de evidencias, en los territorios; proponer al titular del Órgano Interno de Control para su aprobación, el calendario nacional de eventos de incineración de narcóticos”.
Todas, funciones que ha tenido el órgano interno durante décadas.
De hecho, a partir de 2022 tienen la obligación de entrega de reportes semestrales y genéricos sin detalles, al Senado de la República.
Debido a las cantidades, la FGR solicita apoyo y espacio de la Secretaría de la Defensa Nacional para organizar las quemas, y usa al Ejército de testigo e invita a la prensa por mera cortesía, porque no tiene obligación; lo podrían hacer en solitario sin mayor supervisión que la interna.
A partir del 2012, cuando la FGR se desentendió del narcomenudeo y sin presupuesto decidió pasar la persecución de este delito a los estados, lo que hicieron las fiscalías locales, incluida Baja California, fue prácticamente copiar el I/01/94 -Instructivo del Procurador General de la República-, por el que se establece el procedimiento para el aseguramiento, custodia, identificación, conteo, pesaje y destrucción de estupefacientes, el cual desde siempre le ha dado a la Contraloría Interna la responsabilidad de organizar y dar fe del proceso de incineración a la Dirección de Servicios Periciales para la identificación, conteo, pesaje de lo que será destruido, y al Ministerio Público, la obligación de participar.
Todos hacen papeleo y todos firman, vigilándose unos a otros, pero sigue siendo un acto interno.
En Baja California, por “costumbre” queman la droga cuando reúnen un promedio de 40 kilos y los incineran en un bote en alguno de los patios de los inmuebles de la FGE. Realizan una o dos quemas por año.
Durante 2022, la Fiscalía contra el Narcomenudeo bajacaliforniana incineró apenas 3 mil 702 dosis de marihuana, 71 mil 053 de metanfetamina, 34 dosis de cocaína, 2 mil 023 de heroína y una de opio. Como no tiene autoridad sobre el fentanilo, ese lo entregaron completo a la FGR.
En 2023, la quema tuvo lugar en julio y los aseguramientos por narcomenudeo han sido los siguientes:
| Narcótico en dosis | Estadísticas FGE |
| Marihuana | 24, 260 dosis |
| Metanfetamina | 1,235,255 dosis |
| Cocaína | 10, 279 dosis |
| Heroína | 14,335 dosis |
| Fentanilo | 501, 616 dosis |
*Cifras de FGE correspondientes del 1 de enero al 31 de junio de 2023
De nuevo, será un proceso ejecutado por funcionarios de la FGE, con mucho papeleo, sin testigos externos, lo que es perfectamente legal porque no hay disposición que se los prohíba. Si las autoridades integradas a la Mesa de Seguridad desean mayor publicidad o supervisión adicional o externa, deberá sugerir y negociar otros acuerdos, otros instructivos… o pedir a los diputados que cumplan con su obligación de legislar.
