Sin importar que todo Baja California se encontraba en una situación de contingencia derivado del arribo de la tormenta tropical Hilary, y que las fallas de intermitencia de energía eléctrica y acceso a internet complicaban las preguntas e intervenciones de diputados y de los propios aspirantes, se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Gobernación, donde se efectuaron las entrevistas de interesados en ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Legisladores decidieron no salir a la calle a ayudar a residentes de sus distritos, ni tampoco solicitar informes en el Pleno sobre los avances de la tormenta tropical Hilary y sus estragos. No; los diputados decidieron entrevistar a los aspirantes a ocupar la FGE, sin importarles que en varias intervenciones hubo complicaciones de conectividad entre los integrantes.
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Pese a que parlamentarios como Daylín García Ruvalcaba y Marco Antonio Blásquez Salinas, reiteraron que había varias complicaciones derivadas de la contingencia, y que varios diputados se vieron imposibilitados para sostener una conexión vía Zoom, el diputado Juan Manuel Molina -secundado por los diputados de su partido-, decidió desahogar el proceso.
Este domingo 20 de agosto, María Elena Andrade Ramírez, Rafael Orozco Vargas y José Antonio Lozano Blancas, presentaron su plan de trabajo y respondieron los cuestionamientos de diputados, quienes lucían incómodos por las constantes fallas en la comunicación.
Sin embargo, aún así decidieron continuar con una complicada sesión donde se evidenció que algunos legisladores tenían bien definidos los temas y planteamientos para los aspirantes, pero otros, como el diputado Manuel Guerrero Luna, Claudia Agatón y Víctor Navarro, quienes se dedicaban a preguntar por el simple hecho de aparecer en la sesión.
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Dentro de las principales propuestas de la comisionada del Sistema Penitenciario, María Elena Andrade Ramírez, se encuentra la creación de una Fiscalía Especializada en la atención de personas desaparecidas, lo cual le daría un peso específico, y no limitándola a una dirección subordinada ante otros hechos delictivos de trascendencia.
“Es la principal atención (desaparecidos) que se debe dar puesto que es un delito sumamente invasivo; es un delito poliofensivos, puesto que no cierran las heridas, donde hay familiares donde no pueden tener una tumba donde llorarle y cerrar esa herida”, refirió Andrade Ramírez, quien aseguró que también enfocará sus esfuerzos hacia temas relacionados con el género.
Agregó que durante su trabajo al frente de la Policía Municipal de Mexicali, emprendió el proyecto Fuerza Rosa, que sigue vigente y que luego de dejar el cargo, siguió coordinando como asesora dentro del gabinete.
La diputada Daylín García Ruvalcaba, la cuestionó por su renucia, pues -consideró- la Gobernadora ha tenido que remover a varios integrantes de su gabinete en materia de seguridad desde que es Alcaldesa, empezando por la propia María Elena Andrade y también por el ex fiscal Ricardo Iván Carpio.
“Un tema no menos importante son los delitos del orden común, para buscar y llegan a su casa y ya no tienen el tanque de gas en su vivienda, vamos a poner especial atención en casas de empeño y recicladoras, intervenimos a más de 30 casas de empeño y recicladoras que recibían objetos del robo, y finalmente quiero mencionar que vamos a reforzar Fiscal Enlace Contigo”.
Por su parte el fiscal encargado de despacho, Rafael Orozco Vargas, no brindó muchos detalles sobre sus proyectos, dado que -aseguró- 12 minutos era muy poco tiempo para exponer un cambio dentro de la FGE.
Se enfocó en precisar que buscarían trabajar mayores acciones relacionadas con los temas de género y coordinarse con otras instituciones para brindar apoyo. También señaló que los juicios abreviados serían analizados para no brindar beneficios en los delitos como feminicidio, secuestro y demás.
“Tenemos una percepción de inseguridad, nosotros vemos, y posicionamientos públicos que no corresponden con la realidad, lo que se tiene con números, utilizamos cifras que se publican en Secretaría o CCSP porque no quiero que se entienda que no estamos manejando números, donde tenemos el tema de homicidios que es de los principales y tenemos cifras a la baja, evidentemente en Tijuana no se percibe porque son demasiados, debemos buscar la manera para que esa perspectiva cambie”.
Agregó que no hay justificación para que haya agentes que cometan hechos delictivos como lo ocurrido en dos ocasiones durante la gestión pasada en la que él fue parte, y justificó que son 3 mil 500 empleados de la institución, lo que vuelve difícil revisar qué cada uno fuera de las instalaciones.
También precisó que todos los agentes que se gradúen de la academia serán para reforzar las acciones de Tijuana y temas de personas en condición vulnerable, como género, migrantes e infantes.
Por su parte, José Antonio Lozano Blancas, comentó que buscará mejorar las condiciones económicas y de prestaciones para todo el personal, pues considera que es complicado acceder a préstamos o créditos para casa cuando se trabaja en dicha institución.
“Así le paguen un millón de pesos se va a corromper, que no se corrompan tan fácilmente, que ir a responderle para llevarte a comer porque no necesito más, en relación a qué delitos le adolece más a la FGE”
Agregó que “A mi me vaciaron la casa trabajando en FGE, aparte de lo económico, pero tenemos que ver delitos que generalizan, homicidios, feminicidios secuestros, contestaba la pregunta anterior”
A pregunta de la diputada Evelyn Sánchez, comentó que revisaría cada uno de los casos donde agentes son investigados por temas relacionados al consumo de enervantes, y calificó de “indeseables” y drogadictos”
“Ese tipo de agentes indeseables, drogadictos, haremos exámenes de confianza y toxicológicos, pero que sean sorpresivos. Se les hacen examenes para acceder a la licencia colectiva de uso de armas”, refirió el funcionario, quien indicó que primero tendría que revisar cada caso para determinar el actuar.
Una vez analizados todos los perfiles, el Poder Legislativo elaborará el proyecto de dictamen y lo pasará al Pleno para su análisis y valoración, teniendo un plazo límite el día jueves para elegir al próximo fiscal general.
