Quienes corren peligro en Baja California, y acaso en todo el país ante el incremento de la inseguridad y la violencia provocada por los impunes miembros de los cárteles de la droga, en realidad son los ciudadanos todos. Una bala perdida, un encontronazo en público entre criminales rivales, una equivocación delincuencial o convertirse en blanco de asalto, extorsión, cobro de piso, los ubica en una posición vulnerable.
Como en la peor época de inseguridad en BC, allá entre 2007 y 2010, la inseguridad ya está trastocando a quienes desde la legalidad participan en la economía. En los últimos días, un empresario restaurantero en Ensenada, una agencia de autos en Tijuana, una plaza comercial en Mexicali, han sido escenario de asaltos. Algunos con claros visos de la criminalidad organizada, otros, perpetrados por avezados ladrones.
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Ni hablar de los delitos que, utilizando una charola, sea de la Guardia Nacional o de alguna corporación local, se están realizando en la entidad.
En medio del caos por la inseguridad, está la impunidad en que se desarrollan los miembros de los cárteles en Baja California. En estas planas, en la edición anterior de ZETA se dio cuenta de cinco criminales, tres del cártel de Sinaloa (René y Aquiles Arzate, Pedro Herrera) uno del Cártel Arellano Félix (Pablo Huerta) y unos más del Cártel Jalisco Nueva Generación (Javier Beltrán), quienes son considerados epicentro de la violencia y, por tanto, responsables de cientos de homicidios en la frontera, que están en calidad de intocables.
Pese a que desde hace años pesan sobre ellos órdenes de aprehensión, locales, federales y en Estados Unidos, no se les ha detenido, y desde la clandestinidad continúan ejerciendo un poder criminal sobre sus bases para controlar sus ilícitos negocios a costa de lo que sea, aun se trate de la vida, la seguridad y el dinero de los demás.
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Son cinco los intocables porque ninguna corporación o fiscalía de cualquiera de los tres órdenes de gobierno en México, tiene una estrategia o ha estructurado un operativo para aprehenderlos, desmantelar sus redes criminales y asegurar con ello la tranquilidad de la ciudadanía.
Entonces, si quienes son considerados por la Mesa de Seguridad en el Estado (que cada vez parece más membrete que centro de operaciones) los “principales generadores de violencia” viven en la impunidad, ¿de quién se cuidan las autoridades?
Vea: el convoy de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien por cierto, no ha sido amenazada por el narcotráfico, consta de dos unidades municipales, sus camionetas, dos unidades de Guardia Nacional y dos motociclistas de la Policía Municipal. Uno cierra el paso al tránsito regular para que pase el convoy de la funcionaria, y otro zigzaguea detrás del mismo para impedir que cualquier auto ciudadano se acerque al convoy, poniendo en peligro no sólo su vida, sino la del resto de los mortales.
De hecho, este “protocolo” de seguridad hace más visible la ubicación de la alcaldesa y tensa el tráfico por las zonas en que va transitando. Con menores unidades, pero no menos visible, la gobernadora Marina Ávila Olmeda se mueve por todo BC. Lo mismo el fiscal general Ricardo Carpio, o los secretarios o directores de Seguridad en todos los municipios, como el de Tijuana, Fernando Sánchez.
¿De quién se cuidan con tan notorio aparato de seguridad en sus trayectos? De nadie. Los narcotraficantes y criminales suelen -así consta por hechos del pasado- atacar a las autoridades en dos contextos muy precisos: uno, cuando están coludidos con ellos y rompen un acuerdo o traicionan la palabra; y dos, cuando los persiguen, los investigan, los exhiben.
Existen muchos ejemplos locales sobre ello. Los policías ministeriales asesinados en aquella época entre 2007 y 2010 porque traicionaron los acuerdos que tenían, ya sea con el Cártel de Sinaloa (CDS) o con el Cártel Arellano Félix (CAF), o con ambos.
Y también los casos de asesinatos como el de Federico Benítez en 1994, por no ceder a los sobornos y amenazas de los cárteles, o las amenazas vertidas contra el Teniente Coronel Julián Leyzaola, algunas en 2009, porque abierta y públicamente, combatía tanto a miembros del CAF como a los del CDS. Es decir, los narcos amenazan y atentan porque se saben perseguidos, exhibidos, o porque se sienten traicionados.
En estos momentos ha sido denunciada, principalmente de manera extraoficial, la complicidad que existe entre ciertas corporaciones y algunos cárteles. La Guardia Nacional robándole droga a un cártel, la Policía Municipal de Tecate favoreciendo a otro, la de Tijuana a varios, la colusión con Los Rusos en Mexicali o el CDS y Jalisco Nueva Generación, cada uno con su corporación aliada, peleando por Ensenada y sus valles.
Ninguna cabeza de autoridad, federal estatal o local, sea de elección popular, por designación legislativa o parte del gabinete, ha salido públicamente a enfrentar y combatir a los criminales para dar certeza a los ciudadanos. Cosa contraria, la falta de operativos para detener, erradicar o menguar las estructuras criminales hablan si no de una complicidad, seguramente de una incapacidad para enfrentar el fenómeno delincuencial que ya está tocando las fibras del sector productivo.
En estas condiciones, ¿de quién se cuidan los alcaldes, la gobernadora y los mandos policíacos y de la procuración de justicia? De quién se cuidan si no persiguen a nadie. De quién se protegen, si no han sido amenazados.
Ojalá el nivel de su protección fuera similar o superior al nivel de su compromiso por combatir la inseguridad más allá de reuniones mañaneras de “seguridad” o la emisión de cifras alegres en las que deliberadamente ocultan muertos, robos, asaltos y otros hechos de violencia. Pero en las condiciones actuales, se cuidan de nadie. Si acaso, de la grilla política, que también suele ser violenta… pero ese es otro tema.
