– Inconformes “tienen salvaguardados sus derechos”: dirigente estatal
El Partido Revolucionario Institucional en Baja California procedió a acreditar liderazgos municipales para el período 2023-2026 con una serie de recursos de inconformidad de por medio. Las impugnaciones corrieron por parte de quienes se vieron impedidos de participar en el proceso electivo cuya convocatoria fue emitida el 25 de julio.
Como demanda principal, los denunciantes solicitaron la reposición de la contienda interna.
Martha Rubio y Édgar Moreno, quienes intentaron participar en Tijuana, así como Bernardo Saldaña, en cuyo caso pretendió contender en Rosarito, refirieron a ZOOM POLÍTICO que la presidenta del Comité Directivo Estatal Guadalupe Gutiérrez se negó a incluirlos en la lista de aspirantes que cumplieron con el requisito de solicitar constancia de registro partidario.
En esa relación, remitida por Gutiérrez Fregoso al coordinador nacional de Afiliación, José Luis Villalobos, sólo figuraron las fórmulas encabezadas por Lucina Sánchez, Dulce Valdez y Macario Rodríguez, en Mexicali, Tijuana y San Quintín, respectivamente; así como Sergio Martínez, Magdaleno Montiel y Guadalupe Gutiérrez Lerma, en Ensenada, Tecate y San Felipe.
“Cuando pregunté qué era lo que faltaba, por qué se me estaba diciendo que se me negaba, me dijeron que porque no había llegado el registro partidario”, refirió Rubio Ponce, quien asentó que los hoy denunciantes solicitaron ese documento vía correo electrónico tal cual se estipuló en la Convocatoria.
“La Comisión Estatal de Procesos Internos fue la que dictaminó que a nosotros nos faltaba cierta documentación. Nos presentamos para poder subsanar esa falta y desafortunadamente dijeron no la presentaron y nos negaron el registro”, aseveró Moreno Aguilera.
Precisó que en consecuencia los inconformes recurrieron a la Comisión de Justicia Partidaria, al Instituto Estatal Electoral o al Tribunal de Justicia Electoral del Estado.
Saldaña Téllez deploró que la convocatoria se publicara a finales de julio, cuando la celebración del proceso se aprobó el 28 de febrero.
Al igual que los tres entrevistados, Felipe Rosales y Miguel Valadez procedieron contra el dictamen de improcedencia, habiendo pretendido contender en Mexicali y Tecate.
Vía telefónica, Guadalupe Gutiérrez que, previa consulta con el área encargada, a ella se le notificó que sólo las personas a las que inscribió a la lista remitida a Villalobos solicitaron la constancia de registro partidario.
También negó que la convocatoria estipulara hacer esa solicitud vía correo electrónico.
De acuerdo con uno de los dictámenes impugnados, pese a que en el plazo concedido para subsanar irregularidades demostró una militancia vigente desde el 17 de noviembre de 2020, Martha Rubio no entregó constancia emitida por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro con la que debió haber acreditado membresía “de al menos tres años”.
El dictamen alusivo a Moreno Aguilera dio cuenta de que el consejero político municipal no presentó el consabido documento en el período de rectificación.
En referencia la convocatoria, Gutiérrez Fregoso asentó que “se publicó en tiempo y forma a través de estrados digitales”, de tal suerte que “ellos (los inconformes) se dieron cuenta de que iba a haber un proceso de renovación del comité municipal”.
En alusión a los recurrentes, aseguró que “sus derechos están a salvo”, y remató: “Estamos esperando que las autoridades electorales resuelvan lo que a su derecho convenga y veremos si es que tienen razón”.
Estableció que “en principio”, Dulce Valdez ya había quedado designada como dirigente en Tijuana (habiendo recibido acreditación el 18 de agosto) y que en Rosarito se había ratificado a Patricia Rosales. “En el caso de San Felipe (igualmente) se queda la que estaba”, abundó. En los otros municipios, quienes recibieron la constancia de registro partidario, finalmente fueron acreditados como dirigentes.
