A casi 13 años de la desaparición de Lisset Soto Salinas aquel sombrío 14 de octubre de 2010 en La Paz, hay nuevas pistas que no se siguieron en su tiempo y ahora complican aún más las investigaciones.
Aunque el móvil de la desaparición no fue confirmado por el padre de la niña de entonces 8 años, una fuerte cercana a ZETA confió que estaría relacionado con trata de personas, sobre todo con la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Baja California Sur.
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“Saber a ciencia cierta, nada, hay líneas, hay una línea por ahí que es la que está sosteniendo la Subprocuraduría, y vamos a comentarlas a ver qué ha pasado con esa línea. Jamás investigaron los antecedentes de otros sucesos similares a los de mi hija, que sí existen, eso podía haber llevado a una forma de actuar de esas personas que se dedican a levantar niñas”, comentó Melchor Soto Torres, quien, a su vez, recordó que aproximadamente a las 15:30 horas de ese jueves de octubre, la pequeña bajó del camión urbano frente al primer Oxxo de Camino Real.
Se le vio caminando en la cámara de vigilancia y habría expresado a su madre que una camioneta la seguía, fue lo último que se supo de ella.
Según Daniel de la Rosa Anaya, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la desaparición de Lisset estaría relacionada con la muerte de Marely Adriana Meza Macías, reportada como desaparecida el 24 de noviembre de 2006, cuyo cuerpo fue encontrado a inicios de 2007 en avanzado estado de descomposición, muy cerca de las instalaciones del Rastro Municipal de La Paz.
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La madre de la menor reconoció los restos por la ropa, pulseras y collares que llevaba al momento de su desaparición.
“En este caso se le ha venido dando seguimiento, estamos hablando de un hecho prácticamente de 2010, casi 13 años, sin embargo, eso no es obstáculo, hemos seguido investigando, ahí tenemos por lo que les pudiéramos informar, se ha avanzado mucho también, así que tenemos por judicializar ya un caso que lo vemos relacionado, de otra niña en aquellos entonces, Marely, que fue dos años antes; sin embargo, no me puedo anticipar, para que ustedes sepan que sí se está actuando, no se ha dejado de actuar”, confirmó el funcionario.
En tal contexto cobra relevancia gran cantidad de sucesos en los que fueron encontrados menores de edad asesinados. En abril de 2011, la pequeña Ashley Madeleine Ruiz Avendaño, de 5 años, fue secuestrada en San José del Cabo. El caso conmocionó a los habitantes porque la menor fue ejecutada por sus captores al no concretarse el pago del rescate. Sus restos fueron encontrados en el Arroyo El Tule.
En aquel tiempo se dio la detención de cinco personas relacionadas con el incidente, aunque la PGJE no descarta que pudieran tener algún vínculo en otros hechos similares.
EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS EN LA PAZ
El Senado de la República ha reconocido que en México, “entre 80 mil y 85 mil niños y niñas son explotados sexualmente”.
Baja California Sur no está alejado de esa realidad, los casos de Marely y Lisset están vinculados por una actividad atroz. Datos de la Agencia de Investigación Criminal en la entidad estarían relacionando estas carpetas con fines de explotación sexual, “es un tema muy delicado, y sin duda habrá muchas personas involucradas, de servicios turísticos, criminales y funcionarios públicos que dejaron pasar esto, poco a poco se va llegando a los responsables, qué lamentable que familias hayan tenido que pasar por esto, pero ya el propio procurador lo dijo: hay vínculos y el móvil es con fines de explotación sexual”, afirmó a ZETA un agente de investigación.
“Las áreas de Inteligencia están recabando datos importantes, el que se haya vinculado el caso de Lisset Soto y de Marely, uno en 2010 y otro unos años antes, sólo demuestra una cosa, había una red de trata, sobre todo de gente que estaba dedicada a la explotación infantil con fines sexuales, y eso ocurría aquí y poco dijeron en aquellos tiempos, no sabemos aún si esa misma red siga operando, pero sin duda se irá esclareciendo”, confió el investigador.
La PGJE ha reabierto estos casos e indagan entre todas las pruebas, mientras fuentes consultadas por ZETA confirmaron que se analiza reabrir otros archivos que tendrían relación. “Entre la información que se ha estado reuniendo, nos va a llevar a buscar en el archivo de otros sucesos con menores de edad, que simplemente por omisión, complicidad o desconocimiento se dejaron archivados, estos casos nos llaman a reabrir casos, a desempolvar muchos otros más, darles seguimiento y seguramente se tendrá conocimiento de cómo puedan estar vinculados”, finalizó el agente de Investigación Criminal.
MAL SILENCIOSO
Para familiares de las pequeñas Lisset y Marely, las investigaciones no se hicieron de manera correcta desde un inicio, y actualmente, con las líneas que maneja la PGJE, podrían establecerse vínculos con los responsables.
“Lo que no hay son líneas, no hay porque no las investigaron en su momento, inclusive la versión de la misma procuraduría es que si se hubiera investigado como es, se hubiera encontrado a mi hija, hay diferentes búsquedas cuando una persona está desaparecida, y eso viene en los protocolos, es increíble que una procuraduría no conozca los protocolos”, lanzó Melchor Soto, padre de Lisset.
Por su parte, Arturo Rubio Ruiz, representante del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito, externó que lamentablemente la explotación sexual de niños y niñas sigue en aumento y no descarta que los destinos turísticos de BCS estén inmersos en tan terrible realidad.
“El cobijo de los pederastas es la invisibilidad de las víctimas, en materia de prostitución infantil no hay ninguna estadística porque los niños son invisibles, no denuncian, no tienen representación, son las víctimas perfectas en el mercado de explotación, donde no hay quejas. Si tomamos en cuenta que se elige a Los Cabos por ser un destino de playa, se da por entendido que la mayoría de los perpetradores de esta conducta delictiva vienen del exterior, llegan en calidad de turistas. Los empresarios dicen nomás que no pueden hacer nada al respecto, no afirman ni niegan la presencia de este mal”, consideró Rubio.
“Ante este cáncer que nos afecta y del que poco se habla, menos se actúa, es necesario que desde la sociedad civil y los órganos del Estado, se genere una estrategia de medición, combate frontal, integral, sobre todo en la atención a las necesidades grupales de los núcleos marginales que crecen en torno a zonas turísticas, en particular destinos de playa, cuyas conexiones de tránsito aéreo facilitan la realización del turismo sexual internacional. Contar con un sinnúmero de entradas internacionales agrava la situación”, agregó.
“En lo que refiere al entorno socioeconómico, particularmente la actividad fundamental de Baja California Sur, que es el turismo y sus efectos, la entidad reúne todos los factores para que siga al alza la prostitución infantil en la entidad, una actividad por demás denigrante. Es indispensable que desde el Congreso del Estado, todos los órdenes de gobierno y desde luego la sociedad civil organizada, participen para endurecer los mecanismos de protección, y sobre todo reconozcamos el problema, sólo así vamos a iniciar con la tarea de cuidado de nuestra niñez. También, que se organicen foros de discusión y análisis, y se establezca una estrategia integral y clara para erradicar la prostitución infantil en Baja California Sur”, finalizó el representante del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.
A través de su Embajada en México, el Gobierno de Estados Unidos emitió un reporte debido a la falta de información, condenas y aplicación de la Ley en contra de tratantes.
