La consejería jurídica del Gobierno del Estado en Baja California analiza las opciones que existen para proceder a pesar del fuero como Senador contra el exgobernador Jaime Bonilla Valdez por las irregularidades en su bienio, como las denunciadas en el caso de Next Energy. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó que el caso del arresto y encarcelamiento del fiscal Uriel Carmona fue el detonante para que se exploren nuevas rutas.
“La consejería jurídica tendrá que hacer la revisión del fuero que aplica para el Senador (Jaime Bonilla) y eso ocurrió y se está buscando el criterio de la Ciudad de México y hacer lo consiguiente en lo local”, comentó la gobernadora Ávila Olmeda.
Uriel Carmona, fiscal de Morelos, fue detenido en su hogar en el Estado de Morelos el pasado 7 de agosto, es acusado de delitos cometidos contra la procuración y administración de la justicia en el caso de la joven Ariadna Fernández López Díaz, localizada sin vida el pasado 2 de noviembre de 2022 en la carretera del Estado de Morelos.
Debido a que la última vez que se vio con vida a Ariadna fue en un bar de la Condesa en la CDMX y en un edificio en la colonia Roma Sur, fue que la Fiscalía General de la Ciudad de México retomó el caso al desestimar lo que en fiscal Carmona había determinado como una muerte por broncoaspiración etílica. La segunda autopsia, hecha por la FGJCDMX determinó que la joven de 27 años había muerto por trauma múltiple.
La Fiscalía capitalina encontró la jurisprudencia para detener y llevar a proceso al fiscal morelense Uriel Carmona pese a su fuero y fue entonces cuando la noticia hizo eco en la gobernadora morenista.
“Desde que yo vi el caso del fiscal de Morelos, hablé con mi equipo de consejería jurídica. No sé si proceda, porque al fiscal tenía fuero por delitos federales y no locales, del fuero común. Ahora, el Senador tiene fuero político, que podría ser diferente, pero eso es lo que estamos viendo”, explicó la gobernadora a ZETA.
En el caso relacionado con Next Energy, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una recompensa de hasta 1 millón de pesos por información que lleve a localizar a David Alejandro Rodríguez Jacobo y Nabor Medina Garza, representantes legales de Banca Afirme, quienes se encuentran prófugos y son presuntamente responsables del delito de abuso de confianza por retención.
De acuerdo a información de la fiscalía, Rodríguez Jacobo y Medina Garza participaron en la retención indebida de 123 millones de pesos pertenecientes al erario del Gobierno de Baja California, misma que se efectuó como pago por la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali.
