Desde 2022, Erick Baloyán Bárbara pretende convertir su predio ubicado en el fraccionamiento Chapultepec Hipódromo, en un hotel boutique y salón de eventos. Sin embargo, debido a la oposición, denuncia y manifestación de vecinos, tal plan se ha visto frustrado… al menos por unos meses. Ahora pretenden retomar el proyecto favoreciendo a algunos funcionarios para obtener su venia. Es el caso de Miguel Ángel Bujanda Ruiz, actual secretario de Gobierno de Tijuana y ex secretario de Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental, dependencia encargada de expedir permisos de cambio de uso de suelo y construcciones. El sábado 5 de agosto, de acuerdo a vecinos de Chapultepec Hipódromo, Bujanda realizó la fiesta de bautizo de su hija menor en la casa propiedad de Baloyán Bárbara. Lo que evidenció el festejo fue el despliegue de vehículos oficiales, uno de ellos tenía la calcomanía de Oficialía Mayor con numeración 20-055. Al lugar acudieron vecinos para protestar contra Baloyán y Bujanda, de quien saben, pretende facilitar los permisos para la operación del hotel boutique y salón de eventos. La molestia que causaron fue tal que la protesta pretendió ser frenada por policías municipales que llegaron al sitio, advirtiéndoles que si no dejaban de obstruir la vía pública, se los llevarían detenidos. Mariela González, una de protestantes, acusó que casualmente el lunes 7 de agosto, dos días después del incidente, llegaron a su casa inspectores de la Dirección de Administración Urbana a clausurar de manera directa y sin previo aviso, como debería hacerse, la obra de remodelación que estaba haciendo, la cual aceptó, no tenía permisos. No obstante, resaltó que de manera inmediata se haya clausurado cuando por la zona existen obras de construcciones verticales a las que sin tener permiso se les permite terminar la edificación y tramitarlo después. En todo caso, Bujanda Ruiz puede alegar que eligió dicha casa para el festejo de bautismo por su excelente vista, pero no les deja de ser sospechoso que de todos los salones sociales que existen en Tijuana, eligiera justo la casa de Erick Baloyán, quien pretende realizar modificaciones en el uso de suelo para construir su hotel boutique y salón de fiestas. ¿O acaso el empresario y el político ya son compadres?
Campaña
Aun adelantada y por tanto irregular, en todo México, aspirantes a la candidatura presidencial para 2024, tanto del partido oficial como de la oposición, llevan a cabo una campaña, y a pesar que por Ley, quienes encabezan gobiernos no pueden utilizar ni el recurso ni los programas para intentar incidir en el electorado a favor de sus siglas partidistas, vaya que tienen forma de hacerlo. Aparte de subir la intensidad en los programas sociales de Morena, ahora el Gobierno de Baja California ha establecido un programa para dotar de vivienda a los trabajadores del Estado. ViveBC, Vivienda para Empleados de Gobierno es para quienes laboran en la entidad pública y, vía mensajería celular, reciben una invitación a inscribirse al programa “diseñado exclusivamente para ti”, en el cual les solicitan registrarse para generar un diagnóstico “individual para determinar capacidad de compra, estatus de crédito y en caso de ser necesario ayudaremos a sanearlo en caso de que lo requiera para obtener la hipoteca”. Además, “se ofrecerá una hipoteca competitiva y servicio de gestión especial de acuerdo al perfil para crear soluciones personalizadas para la obtención del crédito”, y finalmente, “contarás una oferta variada y diferenciada de vivienda teniendo como marco el programa estatal de vivienda”. Ahora bien, aparte de ser un “beneficio exclusivo para los trabajadores de gobierno” emanado de Morena, claro, el mensaje no informa al trabajador con cuál institución financiera terminarían, si se trata de una institución crediticia, de un banco, si Gobierno del Estado tiene convenio con ellos o cuáles tasas de interés manejan. Nada. Lo que sí, es que les prometen que una vez aprobado su crédito (tramitado por el gobierno o por la institución financiera que el gobierno haya elegido) podrán estrenar casa. El enlace concluye con el escudo del Gobierno del Estado de Baja California. La campaña, si les pega y sigue adelante, no sólo podrá ser utilizada con fines electorales, también financieros, ¿no?
Cobrones
Una mezcla entre sorpresa e indignación sintieron varios agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) que recibieron un nada alentador mensaje por parte de sus superiores. El miércoles 9 de agosto, elementos de toda la entidad recibieron una circular mediante la red social WhatsApp, exhortándoles a comprar el parche distintivo de la FESC que se colocará en los nuevos uniformes de la corporación. Lo que no esperaban es que en el mensaje les indicaban que debían dar información sobre su placa policial, además, para notificarles que el costo del distintivo era de 80 pesos, a pagar por los propios agentes. Para no parecer miserables, los superiores les indicaron que, de adquirir dos piezas, les harían un descuento de 10 pesos. Es decir, como en el barrio: 1×80 o 2×150. El breve texto hecho circular a todos los agentes refiere: “Buenas tardes. Por indicación del Lic. Samuel Israel Ceballos Soto, Director de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, se remitan el listado de las Placas Policiales de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá un costo de $80.00 pesos cada una y 2 por $150.00 pesos, así mismo para que puedan ser encargadas deberán pagar la cantidad de $50.00 pesos”. Al menos el licenciado Samuel Ceballos tiene ganas de hacerle competencia a Julio Regalado, puesto que hasta promociones ofrece a los agentes para que se animen a usar el uniforme como legalmente está obligado el Estado a otorgarlo. El mensaje va acompañado de un distintivo, un parche que se pegaría en el atuendo policial para así completar el uniforme. Parece que el brazo armado del Gobierno del Estado no tiene dinero ni para cumplir las necesidades mínimas, o bien, algún abusivo está tratando de pasarse de listo y hacerse de un poco de dinero abusando de la tropa. Sea cual sea la situación, es vergonzoso y lamentable que ahora los agentes están obligados a cooperar para completar sus atuendos de trabajo. Parece que Leopoldo Tizoc Aguilar Durán salió más cobrón que bonito.
Descendencia
Suficientes problemas ha tenido con la Ley el dirigente social Bonifacio Martínez Cruz, integrante de la debilitada Alianza de Organizaciones por la Justicia Social, que en marzo de 2014 movilizó a miles de trabajadores del campo a San Quintín a realizar una protesta sin precedente en la comunidad y Baja California, al bloquear la Carretera Transpeninsular para exigir mejoras salariales. Al paso de los años, el líder social denunció públicamente ser víctima de persecución política cuando un juez le giró orden de aprehensión en 2022 por el delito de despojo; al final, no se ejecutó, pero la mala racha lo persigue. El viernes 4 de agosto, la Dirección de Seguridad Pública Municipal aprehendió, en la comunidad de Santa Fe, al hijo de Bonifacio, identificado como Tomás Martínez Hernández, quien tiene orden de aprehensión por robo calificado cometido con violencia a un establecimiento comercial con servicio público. Hasta la fecha su proceso sigue y él se encuentra en detención. Pobladores del lugar denunciaron estar cansados del comportamiento y reclaman justicia. El hijo tiene pendientes otras investigaciones de robo ante la Fiscalía General del Estado. La descendencia del líder, pues.
