La falsa promesa de eficiencia en arrendamiento de vehículos y camiones de basura en BC, enriquece a pocas empresas y debilita al Estado. Shel-Ha y Turbofin, entre las más favorecidas
Desde 2017, los gobiernos municipales -y posteriormente el estatal- incluyeron dentro de sus esquemas de gobierno el arrendamiento de vehículos como una solución a las carencias materiales del servicio público, ya sea para la adquisición de patrullas, recolectores de basura o vehículos de uso común.
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A partir de ese momento, todos los gobiernos de Mexicali y Tijuana han recurrido al arrendamiento de automóviles para solventar sus necesidades, mediante contratos poco transparentes y repletos mecanismos irregulares de adjudicación directa.
En la pasada edición identificamos que el Poder Ejecutivo central, dirigido por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, gasta 52 millones de pesos al año en arrendar vehículos de lujo para sus funcionarios, pero la realidad es que el número se queda corto sí se incluyen otro tipo de servicios del mismo Estado, sus paraestatales, entes con independencia financiera e incluso otros gobiernos.
Los argumentos vertidos por presidentes municipales como Gustavo Sánchez Vázquez y Juan Manuel Gastélum, hasta Norma Alicia Bustamante y Montserrat Caballero, de Mexicali y Tijuana, han sido los mismos: no hay dinero para comprar, pese a que financieramente resultaría mucho más redituable.
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Sin embargo, las erogaciones son por demás groseras para los servicios que ofrecen, pues fácilmente pudieron comprarse muchos más automóviles, pero la realidad es que existe un interés compulsivo de los gobiernos por empresas del ramo, a las que brindan jugosos contratos para que adquieran las unidades, triangulen un financiamiento y se enriquezcan sin la necesidad de mover un dedo.
Uno de los casos más claros es el contrato signado por la actual administración municipal con la arrendadora Shel-Ha, SA de CV, filial de Blindajes Epel, la cual sostuvo contratos previos con otras administraciones en Tijuana y otras entidades.
En el contrato firmado en 2023 para el arrendamiento de 287 patrullas, la empresa está cobrando 237 millones 331 mil 215.80 pesos, según puede constatarse en Plataforma Nacional de Transparencia.
El director general de dicha empresa es Carlos Alfredo Juraidini Rumilla, hermano del ex diputado priista Jorge Juraidini, cuya familia tiene una amplia relación político-empresarial, en Puebla y Veracruz, principalmente.
Juraidini fue investigado por la Secretaría de la Función Pública cuando era director de Adquisiciones del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, encargado de la compra y mantenimiento del Lear Jet que se desplomó en Ciudad de México y cobró la vida del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, entre otros funcionarios de alto nivel.
Logró burlar la investigación administrativa y permaneció en el gobierno panista hasta su conclusión.
El problema es que bajo el argumento de que no hay dinero, los gobiernos municipales y estatal son seducidos por este esquema, que al final ahorca aún más a los entes públicos, pues las patrullas y recolectores de basura no sólo no son de su propiedad, sino que cuando se concluye el contrato, se ven obligados a renovar los acuerdos para continuar recibiendo el mismo servicio anual. Es decir, se vuelven más vulnerables y dependientes de las empresas arrendadoras, ya que suspender la renta representa afectaciones al servicio público.
En el mismo sentido se encuentra la empresa Turbofin, con dos contratos a la Secretaría General de Gobierno, donde uno se ofreció a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio por un monto de 561 mil 441 pesos por una camioneta modelo 2022 para su titular; y otro de 5 millones 834 mil 568 pesos por la renta de marzo a diciembre, de diez vehículos de diversos tipos.
Sin mencionar las unidades que también le rentó a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Dicha empresa también fue elegida por Montserrat Caballero, pues contrató 77 unidades recolectoras de basura por 7 millones 724 mil 769.30 pesos para brindar el servicio público básico.
Las dos empresas no han dejado de ganar con los gobiernos, indistintamente si son panistas o morenistas y sin competir, pues se entregan mediante adjudicaciones directas. Esos sí son bien democráticos, caray…
