La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó, el 27 de julio de 2023, mantener en sus cargos a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Oaxaca, que el gobernador Salomón Jara Cruz -militante de Morena-, buscó disolver, a través de una reforma ejecutada en 72 horas por el Congreso local.
La Comisión de Receso del máximo tribunal constitucional -integrada por los ministros Alberto Gelacio Pérez Dayan y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena-, admitió parcialmente a trámite una controversia de los integrantes del TJA oaxaqueño y concedió la suspensión “de los efectos y consecuencias derivados de los actos combatidos”.
Ello para que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, “continúen en el cargo que les fue conferido y no sean sustituidos por aquellas personas nombradas en la sesión extraordinaria del Congreso de Oaxaca, el 22 de julio de 2023; y por ende, para que no se dé curso a la indemnización a que se refiere el Decreto combatido, y no se les interrumpa el pago de sus percepciones”.
“De igual forma, se concede la medida cautelar para que las funciones del actual TJA del Estado de Oaxaca no se modifiquen sino hasta en tanto entre en vigor la nueva legislación. Asimismo, la medida cautelar se otorga para que el Congreso del Estado se abstenga de realizar la reasignación presupuestal a que se refiere el artículo noveno transitorio del Decreto cuestionado”, agregó la Comisión de Receso de la SCJN.
Asimismo, Pérez Dayán y Gutiérrez Ortiz Mena rechazaron suspender el nombramiento y toma de protesta de los magistrados que integrarán el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción (TJACC), ya que, según los ministros, se trataba de un hecho que se consumó el 22 de julio de 2023, ello luego de que el gobernador los designó y el Congreso les tomó protesta, sin que se hubiera publicado la reforma Constitucional respectiva, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.
La Comisión de Receso también se negó a admitir la controversia en la parte que impugna la “inminente” publicación del decreto de las reformas, ya que este tipo de juicios no proceden contra actos futuros, ni contra leyes que aún no habían sido publicadas.
Según informó la SCJN la suspensión del decreto se concedió para asegurar que las personas habitantes de Oaxaca contaran con un Tribunal de Justicia Administrativa, ante el cual dirimir sus diferencias frente a la Administración Pública Estatal y evitar una vulneración del derecho humano a la impartición de justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 constitucional.
La medida cautelar concedida por la SCJN también tenía por efecto que las funciones del actual Tribunal de Justicia Administrativa oaxaqueña no se modifiquen y que el Congreso local se abstuviera de realizar la reasignación presupuestal que ordenaba el decreto cuestionado y publicado por el gobernador.
Ante ello, la SCJN deberá analizar si la reforma de la que derivó el decreto impugnado, siguió el procedimiento legislativo que se define en la Constitución local y, en su caso, si el contenido del decreto cumplía con los principios establecidos en la misma.
Los actuales integrantes del TJA oaxaqueño, por tanto, podrán impugnar la reforma ante la SCJN, una vez que sea publicada, mediante una ampliación de su demanda, en la que nuevamente tendrían que solicitar una suspensión.
La iniciativa presentada por el grupo legislativo de Morena en el Congreso local fue presentada el 20 de julio de 2023 y fue aprobada el día 22 del mismo mes y año, con 33 votos a favor y un sufragio en contra, durante una sesión virtual convocada de forma urgente.
Luego elementos armados de la Policía estatal tomaron las instalaciones del TJA oaxaqueño, órgano que, hasta antes de su disolución, resolvía disputas entre los ciudadanos y el Gobierno de dicha entidad, entre otros temas.
Más tarde, a propuesta del gobernador, el Pleno del Congreso local aprobó, con 33 votos a favor y dos sufragios en contra, los nuevos nombramientos del TJACC, durante una sesión de 14 minutos, en la cual no hubo argumentación ni debate. Tras ello se tomó protesta a los nuevos magistrados.
El 25 de julio de 2023, el gobernador argumentó que el extinto TJA oaxaqueño era improductivo y costoso por tener doce magistrados -mientras que el nuevo Tribunal tendría siete- y que era “un monumento a la corrupción”.
El mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado respecto a la desaparición, por iniciativa del gobernador de Oaxaca y ejecutada por el Congreso local, del Tribunal de Justicia Administrativa oaxaqueño.
“Me hablan de los tribunales administrativos, y lo mismo, están sobredimensionados, es muchísimo el aparato burocrático y administrativo. Claro que hay que hacer ajustes y hay muchísimas oficinas, instituciones, supuestamente autónomas que no hacen nada”, señaló el político tabasqueño.
“Yo pienso que hace falta seguir llevando a cabo reformas en el Gobierno, en todo lo relacionado con la administración pública, porque se amplió mucho el Gobierno durante el tiempo del neoliberalismo”, indicó el mandatario nacional.
“Aplicaban lo de la ‘empleomanía’, es decir, el Gobierno era para dar empleo, ocupación a los amigos, a los familiares y se hizo un Gobierno muy grande y oneroso, un Gobierno muy costoso, al grado de que la mayor parte del presupuesto se destina para mantener el mismo Gobierno, se tragaba todo el presupuesto público”, abundó.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal rechazó que los 60 aspirantes a magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), propuestos al Senado, fueran cercanos a él.
Sin embargo, el mandatario nacional reconoció que las candidaturas pasaron por las manos de Adán Augusto López Hernández, entonces titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
“Y acerca de las propuestas, sí hay una renovación, porque no se había hecho, de las personas que pueden ocupar cargos en el Tribunal Administrativo y corresponde al Ejecutivo a presentar las propuestas”, indicó el presidente.
“Puedo asegurar que, si son 60 los propuestos, debo de conocer cuando mucho a seis, porque el procedimiento es la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica, tienen que ser abogados, tienen que reunir ciertos requisitos y entonces me hacen la propuesta y se envía al Senado, que allá tienen que decidir si los aprueban o no los aprueban, pero ese es el procedimiento”, agregó López Obrador.
