La austeridad al gobierno de Baja California simplemente no se le da, y eso ha quedado claro en más de una ocasión, con jugosos contratos para satisfacer necesidades banales e incluso indolentes ante las condiciones económicas y crisis financiera que tanto se afirma que existen en la entidad.
Para 2023, el Poder Ejecutivo erogará más de 52 millones de pesos en el arrendamiento de vehículos, de los cuales la mayoría de los contratos son para hacerse de unidades de gran lujo para funcionarios de primer nivel.
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Dentro de las empresas identificadas como prestadoras de servicio, se encuentran algunas de reciente creación, otras con el mismo domicilio y unas más que podrían constituir un conflicto de interés, pero entre los compromisos destaca una empresa cuyo propietario fue sentenciado por una Corte de Estados Unidos, acusado de vender equipo de espionaje a políticos mexicanos con pleno conocimiento de que serían utilizados para espiar a rivales dentro y fuera de la administración estatal.
Mediante una petición en Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo respondió, pero a su vez restringió cierta información de los contratos, bajo el argumento de que pondría en riesgo la información personal de los participantes, lo cual resulta contradictorio a las leyes en materia de acceso a la información.
Sin embargo, se pudo constatar que prácticamente todos los contratos son para beneficiar a funcionarios de las secretarías del Bienestar, Educación, Campo, Coordinación de Gabinete, entre otros.
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Para Octavio Sandoval López, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), no hay justificación para contratar dicho servicio, ya que los montos se asemejan prácticamente a los costos reales de las unidades rentadas y 2023 tiene una tasa de interés sumamente alta, misma que repercute en el tipo de financiamiento que se adquiere.
EL SERVICIO
El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda llevó a cabo una serie de adjudicaciones directas en beneficio de cinco empresas, de las cuales dos son del mismo propietario, con lo que arrendó 28 automóviles de lujo para funcionarios de primer nivel -ocho tienen blindaje- y otros 62 vehículos pequeños para la Secretaría de Hacienda en ocho contratos.
Por dichos contratos, el Poder Ejecutivo gastó 52 millones 740 mil 614 pesos y ni siquiera cubren un año, pese a que varias de las unidades lo cumplirían, pues mientras unos terminan el último día del año, otros concluyen el 31 de octubre.
Según la respuesta emitida por la PNT con número 021166023000144, el Poder Ejecutivo consintió principalmente a Secretaría de Bienestar, Educación, Campo, Oficialía Mayor y Coordinación de Gabinete, destinando la mayor parte del recurso en beneficio de funcionarios de primer nivel.
ZETA hizo la petición de transparencia, pero como una medida intencional para retrasar la entrega de información, la Oficialía Mayor a cargo de Rocío López Gorosave restringió los contratos que en teoría deben ser públicos, al tratarse del manejo de recurso público.
El argumento fue que en las especificaciones del contrato establecían datos de las unidades que podrían poner en riesgo a los funcionarios, quienes, según la justificación presentada para el arrendamiento, requerían vehículos grandes que les permitieran desplazarse dentro y fuera del Estado para cumplir con sus funciones.
Sin embargo, la dependencia proporcionó algunos datos y montos que fueron suficientes para iniciar un rastreo de las empresas que se beneficiaron con los contratos de adjudicación directa.
SENTENCIADO POR ESPIONAJE, PREMIADO EN BC
Las administraciones de Francisco Vega de Lamadrid, Jaime Bonilla Valdez y Marina del Pilar Ávila Olmeda, han confiado contratos multimillonarios en beneficio de la empresa Blindado Seguro, SA de CV, propiedad de Carlos Alberto Guerrero Villanueva.
El empresario, originario de Tijuana, pero radicado en San Diego, California, recibió un jugoso contrato de 16 millones 648 mil 320 pesos para el arrendamiento de ocho vehículos blindados asignados a la Oficialía Mayor para el traslado de funcionarios de la administración pública.
Lo que no se dice, es que en el Distrito Sur de San Diego, Guerrero Villanueva se declaró culpable apenas en febrero de 2022, derivado de acusaciones de venta de productos de Hacking Team, empresa dedicada a proporcionar servicios de espionaje a gobiernos y particulares.
La compañía fue exhibida dentro de los cables de WikiLeaks, debido a que tenían pleno conocimiento de que vendían equipo de alta tecnología para violar la seguridad de las telefonías y redes de comunicación.
Guerrero Villanueva se declaró culpable y aceptó que vendió el equipo al Gobierno de Baja California con pleno conocimiento de que lo usaría para revisar conversaciones y comunicaciones de rivales políticos.
Pese a la sanción emitida por el Gobierno de Estados Unidos, en México no sólo se encuentra libre e impune, sino que fue premiado durante la administración de Jaime Bonilla Valdez y de Guillermo Ruiz Hernández, quienes le entregaron contratos por 7.5 millones de pesos para la compra de equipo táctico. Sin embargo, las dos empresas contra las que compitió no presentaron propuesta técnica, lo que dejó el camino libre a Blindado Seguro.
La empresa también contrató los servicios de arrendamiento de 200 vehículos para la Policía Municipal durante el período de Marco Antonio Sotomayor en la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, por lo que erogaron 21 millones de pesos.
Todos los servicios ofertados fueron cuestionados, debido a que se otorgaron de manera directa y por grandes sumas de dinero.
No conforme con ello, la representante legal de Blindado Seguro, Carla María Escamilla Degollado, ingresó a trabajar en la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en 2019, como jefa administrativa, para lo cual signó varios contratos en materia de seguridad, lo que podría representar un conflicto de interés.
Otra de las empresas beneficiadas fue Grupo Palmaco, SA de CV, creada en 2018, cuando Morena arribó al poder a nivel nacional. La empresa radicada en Ciudad de México tiene como propietarios a Lorena Palma, Marco Antonio y Jonathan Antonio Palma Costa, quienes se agenciaron dos contratos por 7 millones 905 mil 600 pesos, y 4 millones 704 mil 480 pesos para el arrendamiento de cuatro vehículos para Oficialía Mayor y tres más para la Coordinación de Gabinete. En ambos casos se limitan a decir que se trata de vehículos requeridos para el traslado de funcionarios.
Por su parte, MJ Industrial, SA de CV es una empresa dedicada al mismo giro de arrendamiento de unidades, creada en 1997, pero reactivada en 2014, según el Registro Público de Comercio (RPC). Sus propietarios son Miguel Ángel Pérez Camacho y Julia Camacho Íñiguez.
Poca información se puede obtener de ambos individuos, salvo algunas propiedades en Mexicali y Tijuana. Sin embargo, una fotografía hecha pública por Carlos Torres, esposo de la gobernadora de BC en una página de internet utilizada para promover su imagen en 2012, los exhibe juntos y recibiendo un apoyo de 2 millones de pesos, cuando el ex panista era delegado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado.
La imagen es una nota periodística de Grupo Healy, donde se observa a Torres Torres acompañado de integrantes del Club Rotario y a Julia Camacho Íñiguez como representante del Club Migrante Amigos de Mexicali en Calexico, organización de la cual no se logró obtener mayor información.
El texto subido el martes 30 de agosto de 2011 indica que el apoyo de Torres Torres sería para aulas escolares en zonas ubicadas en el Valle de Mexicali.
Como dato curioso, en aquel entonces el presidente del Club Rotarios de Mexicali era el actual delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), David Pérez Tejada, según el propio texto.
MJ Industrial recibió tres contratos para rentar 62 automóviles pequeños para la Secretaría de Hacienda, uno más para Juan Meléndrez, de la Secretaría del Campo y otro de cinco vehículos para Oficialía Mayor. Los montos fueron 18 millones 024 mil 008 pesos; 1.152 millones y 4 millones 711 mil 608 pesos, respectivamente.
Las otras dos empresas son personas físicas de nombres Livier Camacho Robles y Ana Nohemí Livier Ortiz Camacho, las cuales por separado recibieron contratos por 2 millones 835 mil 680 pesos y un millón 463 mil 038 pesos para arrendar seis automóviles a la Secretaría de Bienestar y uno más para Gerardo Solís Benavides, secretario de Educación.
Sí bien se trató de adjudicaciones directas separadas, al revisar información de ambas personas se pudo constatar que son madre e hija y que obtuvieron contratos separados, pero con el mismo domicilio en Avenida Madero número 1183-B, donde se ubica la empresa Optima, renta de autos.
Nohemí Livier fue delegada territorial del PRI durante el proceso electoral 2018-2019, según pudo constatarse en un documento oficial del partido tricolor.
Cabe señalar que existen otros tres contratos que la propia Oficialía Mayor restringió en su totalidad, de los cuales uno pertenece a la empresa Turbofin, propiedad de Jaime Rogozinski, la cual fue severamente criticada durante la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, debido a que opositores calificaron que el contrato -el cual intentó restringirse- fue desleal y perjudicial para el gobierno municipal, pues además de que otorgó 200 millones de pesos en total durante el arrendamiento, Gastélum Buenrostro terminó por financiar los camiones de basura al realizar una primera erogación de 20 millones de pesos.
Aunque no se tiene conocimiento del contrato, ZETA constató que se arrendaron 10 vehículos para la Secretaría General de Gobierno, desde automóviles Chevrolet Aveo, hasta una camioneta Tahoe para funcionarios de cargo superior, lo cual puede verificarse gracias a otra petición de acceso a la información realizada por este Semanario, donde se consiguió que de los 114 automóviles bajo custodia de la dependencia dirigida por Catalino Zavala Márquez, 10 son arrendados, todos a Turbofin.
NO HAY AUSTERIDAD: COPARMEX
Octavio Sandoval López, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, aseveró que este tipo de acciones confirman que no existe austeridad en el gasto público ni en el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
A su juicio, el arrendamiento de vehículos es una pésima idea para los gobiernos, sobre todo en 2023, que se tiene una tasa de interés sumamente alta.
Según comentó, este tipo de contratos lleva un financiamiento de por medio, lo que encarece el servicio ofertado por la empresa.
La mejor opción sería la adquisición directa y de contado, puesto que esquiva este tipo de tasas de interés en la que se terminan pagando hasta 500 mil pesos más por un vehículo de su valor.
“La tasa de interés de la de mercado, la TIA, anda por el 11 por ciento y normalmente te suben 10 puntos más, terminas pagando una tasa del 20%. Imagínate un carro de un millón de pesos, pagas 200 mil de intereses en un año. Ahorita no es el momento de obtener vehículos por arrendamientos ni financiamiento, andan hasta por el 24%”, destacó.
La única ventaja en el arrendamiento es que se tiene la capacidad de operar un vehículo de forma inmediata, pero se termina pagando mucho más por un vehículo.
Respecto a que la empresa se hace cargo de los servicios de dichos automóviles, lo calificó como “una falacia”, toda vez que el costo de este tipo de atenciones se incluye en las mensualidades.
“No se ve ningún cambio, hay que mandar un mensaje de austeridad y racionalidad del gasto, sobre todo cuando tenemos tantas necesidades”, puntualizó el representante empresarial en Mexicali.
