El patrimonio de más de 70 años de la familia Tejeda en Playas de Rosarito, donde viven alrededor de 25 personas, está en riesgo tras iniciar un proceso de expropiación de tres predios de su propiedad, donde se planea construir una plaza que sea una “ventana al mar” con acceso a la playa.
Originalmente, el anteproyecto Circuito Cultural de Playa: Renovación del Parque y del Centro Cultural con Biblioteca Abelardo L. Rodríguez no contempló la afectación de los predios privados, pues planeaba hacer escalinatas al final de las calles Ciprés y René Ortiz, así como un andador y una terraza aledaños a la playa. Además, rehabilitarían las instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), cuyo terreno sí pertenece al Ayuntamiento y se ubica enfrente de la propiedad de los Tejeda.
Así que no está claro por qué la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encabezada Román Meyer Falcón, cambió de opinión e incluyó los predios de la familia Tejeda, ya que Marysol Tejeda afirmó que nunca han estado en venta y, si se habló con la alcaldesa Araceli Brown Figueredo, “fue por atenderle, pero jamás se llegó a negociaciones, ni acuerdos”, aclaró.
El domingo 2de julio, tanto Marysol como su familia y simpatizantes de su defensa hicieron una valla ciudadana, en una manifestación pacífica para defender su propiedad, ya que el gobierno municipal debería tener en un mejor estado los baños, el área de la playa y la calidad del agua para atraer turismo antes de pensar en expropiar predios.
La presión para que sean cedidos los terrenos es tal que, sin haberse definido jurídicamente si procede o no la expropiación, la administración municipal anunció que en próximos días se hará peatonal la calle Sauce y Costa Azul, lo cual restringirá el acceso a las viviendas de la familia Tejeda, que tienen su entrada por dicha vialidad.
Incluso, en días pasados Brown Figueredo fue acusada por Rosario Castillo, presidente del Grupo Madrugadores de Playas de Rosarito, de amenazarlo, luego de que él expresara su apoyo a la familia Tejeda.
Por otro lado, hay discrepancias en la información del Programa de Mejoramiento Urbano, en el portal MiMéxicoLate de la Sedatu y los datos proporcionados por la dependencia. En el portal se aprecian aspectos generales del proyecto en los que aparece afectada la parte central de los predios de la familia Tejeda, pero no se menciona una segunda etapa que el gobierno municipal ha denominado Ventana al Mar.
No obstante, en una tarjeta informativa dirigida a ZETA, Sedatu confirmó que la segunda etapa del proyecto incluye una plaza pública, quiosco y skatepark en un predio que está en espera de tener certeza jurídica. “En caso de que el proceso de expropiación y certeza no se concluya, la Sedatu no realizará la segunda etapa del proyecto” con una inversión estimada de 18 millones de pesos, señaló la dependencia federal.
SIDURT NO VERIFICA EXPEDIENTE; CABILDO NO APROBÓ EXPROPIACIÓN
El 16 de junio, el Gobierno del Estado de Baja California emitió la declaratoria de utilidad pública para iniciar el proceso de expropiación de los tres predios de la familia Tejeda, ubicados en la manzana 37 de la colonia Centro, Sección Playa Sur, con una superficie conjunta de 2 mil 799.69 metros cuadrados.
El primer predio corresponde al lote 1, con superficie de 900 metros cuadrados e identificado con la clave catastral RT-037-001, propiedad de Alma Ezequiel Tejeda Mancir. El segundo predio, con superficie de mil 500 metros cuadrados, clave catastral RT-037-002, es propiedad de Ernesto Tejeda Mancir. Y el tercer predio, con superficie de 399.695 metros cuadrados y clave catastral RT-037-003, está a nombre de Raúl Yagues Tejeda.
El documento signado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda refiere que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PMDU PR) 2015-2035 contempla que los predios sujetos a expropiación se localizan en un área con déficit de equipamiento urbano; la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) será la entidad encargada del proceso de expropiación.
“Si bien Playas de Rosarito es ampliamente conocido por sus playas, en la actualidad no cuenta con ningún inmueble o equipamiento público con conectividad directa a la playa, motivo por el cual el equipamiento urbano identificado como Parque Abelardo L. Rodríguez, el Foro Conrado Acevedo, así como una cercanía a 50 metros (obstruida únicamente por los predios identificados con clave catastral RT-037-001, RT-037- 002 y RT-037-003…), forman parte del proyecto Construcción del Circuito Cultural con Biblioteca Abelardo L. Rodríguez”, el cual cumplirá con la función de parque central, “con una amplia historia, oferta cultural y una cercanía a la playa, con la que no cuenta otro equipamiento municipal”.
El 28 de junio, Arturo Espinoza Jaramillo, titular de la SIDURT, expuso que los afectados tuvieron una reunión previa con el abogado de la secretaría y que ese día se les notificó formalmente sobre el proceso de expropiación.
En atención a medios, el funcionario admitió que la dependencia a su cargo no verificó el expediente con que se pretende llevar a cabo la expropiación.
“El responsable completo es el Ayuntamiento (de Rosarito); el solicitante y armante del expediente, y ya si un aspecto legal corresponde y si tenemos que atenderlo, será a través del Ayuntamiento”.
El gobierno de Rosarito contempla un proyecto “para construir un parque metropolitano playero”. La administración municipal solicitó a Gobierno del Estado llevar a cabo el proceso de expropiación de los terrenos, dado que no había llegado a un acuerdo de compra.
Al preguntarle por qué se destinaron recursos sin tener certeza jurídica del predio, Espinoza Jaramillo dijo desconocer los acuerdos entre Sedatu y el gobierno municipal: “No sé si Sedatu no empezó la obra porque son terrenos particulares, si empezó en una zona, ya es asunto de ellos, no quisiera opinar sobre eso”.
En entrevista con ZETA, la regidora Dalia Salazar Ruvalcaba, de Movimiento Ciudadano, afirmó que el Cabildo del IX Ayuntamiento no aprobó la expropiación de los predios y que el gobierno municipal clasificó como “confidencial” el Estudio Técnico Justificativo para la Declaratoria de Utilidad Pública.
La también presidenta de la Comisión de Recuperación de Espacios Públicos dijo que en ese cuerpo edilicio se revisaron las demoliciones de edificios contemplados para los proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano de la Sedatu, sin que “jamás, en ningún momento”, haya sido considerada la afectación a los predios de la familia Tejeda al Oeste del terreno que albergaba el IMAC.
Tras las demoliciones, en marzo de 2023, la mayoría de Morena aprobó un dictamen para que el Ayuntamiento dispusiera de 41.2 millones de pesos para obtener inmuebles de equipamiento urbano, sin mencionar el polígono de la familia Tejeda.
Para Salazar, la forma en que se está intentando expropiar los tres predios está plagada de irregularidades, y criticó que se gasten recursos municipales para obtener un predio “porque se dice que es necesario una ventana al mar”, cuando las áreas verdes y parques de la propia demarcación no tienen mantenimiento ni uso, y son las que más utiliza la ciudadanía.
“En todas las ciudades se van abandonando los centros, porque se van mudando las personas a otros subcentros”, dijo.
En el caso de Rosarito ha crecido la población en Plan Libertador, Constitución y al sur, de modo que hay manera de invertir ese recurso en un hospital y en la seguridad, que tanta falta hacen en la ciudad, debería dársele prioridad a ello, pues ya se logró el recurso federal para renovar el espacio del IMAC, consideró Salazar Ruvalcaba.
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CONTRATO, SÓLO PARA RENOVAR PREDIO DE IMAC
En febrero, la empresa Comermas, SA de CV inició la renovación del Parque y Centro Cultural con Biblioteca Abelardo L. Rodríguez. Los trabajos contratados por Sedatu costarán 64 millones 631 mil 207 pesos (sin IVA) y sólo incluyen el predio municipal donde fue demolido el IMAC Rosarito, según archivos adjuntos en la licitación pública LO-015000999-E1467-2022.
Al cierre de edición, jueves 6 de julio, Sedatu reportó un avance del 50% en los trabajos para edificar una biblioteca, un auditorio, salón de usos múltiples, terraza, foro, museo, ludoteca, oficina, talleres, sanitarios, bodega, juegos infantiles, aparatos deportivos, así como un cuarto de máquinas y eléctrico. Según el contrato, los trabajos en el predio municipal terminarán el 4 de diciembre del año en curso.
NO ES UN CAPRICHO: ARACELI BROWN
La alcaldesa Araceli Brown Figueredo afirmó no temer al descrédito que podría acarrearle la expropiación de los predios de la familia Tejeda y la posibilidad de que Gobierno del Estado pierda el proceso jurídico, como ocurrió con el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez al intentar expropiar –infructuosamente- el Club Campestre de Tijuana.
“No le tengo temor a eso. Sé que estoy trabajando conforme a la Ley, no es ningún capricho. Insisto: si no se hace, no pasa nada. Pienso, y de manera muy particular, el Municipio va a seguir condenado a no tener estos espacios que merecemos”, declaró.
“En una negociación con la familia, ellos al principio estuvieron de acuerdo. Yo le pido a la familia que seamos honestos y se diga que ellos al principio, por eso siguió la mesa de diálogo, porque ellos siempre dijeron ‘Lo vamos a pensar, no es un mal proyecto’”, indicó la alcaldesa, quien atribuyó el cambio de la familia a que se ha querido especular con el precio de la tierra.
En entrevista con este Semanario, Brown dijo que con el proyecto Ventana al Mar, Rosarito tendrá una playa incluyente con dos accesos para personas con discapacidad, y un espacio público con vista al mar que será “un atractivo turístico detonante” para la comunidad”.
Cuestionada respecto a cuántos turistas podrían visitar, respondió:
“Podrían ser miles, porque podría ser un espacio que congregue ciudadanos y la intención obviamente es que si Rosarito es un semillero de artistas, puedan hacer sus presentaciones o traer otra clase de artistas, y eso provoque un atractivo turístico. Es una plaza cívica que no tenemos.
“En el gobierno de nuestro Presidente se han ido haciendo esta clase de proyectos y van más o menos 800 y tantas expropiaciones en el país”, justificó la primera edil, para concluir que, previo a planear el proyecto, tanto la administración a su cargo como la Federación hicieron consultas públicas para determinar las necesidades de la comunidad.
