El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, el 27 de julio de 2023, que no era cierto que las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina (SEMAR), hayan bloqueado la información oficial del caso 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa -desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero-, según concluyó, en su sexto y último informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Solicitado por el propio Gobierno de México desde el 2014, el GIEI fue un grupo de asesoría técnica conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que participaron Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa. Sin embargo, dejó el caso en abril del 2016. Pero regresaron a investigar al territorio mexicano, a principios de marzo del 2019.
Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal defendió a las Fuerzas Armadas y aseguró que se había avanzado en el caso, precisamente por la colaboración de la SEDENA y de la SEMAR.
“Vamos avanzando en el propósito de aclarar lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa, se ha ido avanzando bastante, mucho. Hay como 115 detenidos, y no solo funcionarios menores, o personas de pocas influencias, no, está detenido el anterior procurador de justicia [Jesús Murillo Karam], están detenidos dos generales. Esto debe saberse, porque no se informa, y otros importantes funcionarios públicos”, indicó el mandatario nacional.
“No hay impunidad, y se está actuando. Y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Respeto su punto de vista, pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es por la colaboración, precisamente de Marina y de Defensa, y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad”, respondió el presidente a un reportero.
“Pero una cosa son las instituciones y otra son los funcionarios o servidores públicos y no por el hecho del mal comportamiento de un funcionario se va a manchar una institución. ¿Por qué sucedió todo esto, por qué se ocultó la verdad? Porque supuestamente se iban a afectar las instituciones, cuando es lo contrario”, agregó López Obrador.
“Si hay impunidad, si se ocultan las cosas entonces si se afectan las instituciones, que además es lo que quisieran algunos, afectar, socavar instituciones como Marina como la Secretaría de la Defensa que son instituciones muy importantes para el funcionamiento del Estado mexicano. Entonces, di la instrucción de que se vaya a fondo y hemos avanzado y vamos a seguir adelante”, insistió el político tabasqueño.
“Lo más importante ahora es la búsqueda, porque ya tenemos información, ya se rompió el llamado pacto de silencio y ya tenemos una aproximación a lo que sucedió, y quiénes fueron los responsables. Y en eso vamos a seguir avanzando y están abiertas las investigaciones”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Pero lo que más nos importa, nos interesa, es saber en dónde están los jóvenes. Porque podemos llenar las cárceles de los responsables, ¿y si no encontramos a los jóvenes?. Entonces, estamos trabajando en eso, todos los días, todos los días, buscando encontrarlos a los jóvenes”, finalizó el mandatario nacional.
Durante la presentación de su último informe, el GIEI acusó que el caso no se iba a resolver, mientras el Ejército y la Marina ocultaran y bloquearan la información oficial. Ante ello, el Grupo dio por concluido su trabajo en México.
“La SEDENA y la Marina nos han negado documentos que sabemos que existen y que son esenciales. Y el Presidente lo sabe. Por eso nos vamos”, indicó el experto español Carlos Martín Beristain, integrante del GIEI.
El Grupo indicó que había evidencia de que existían datos y documentos en la SEDENA, la SEMAR, y del ahora extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), que, a pesar de la promesa del actual Gobierno Federal, no habían sido aportados para la investigación del caso.
FF. AA. Y AUTORIDADES (MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES), CULPABLES EN DESAPARICIÓN DE 43 DE AYOTZINAPA: GIEI
Autoridades en funciones de de los tres niveles de gobierno supieron en todo momento lo que les sucedió a los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa -desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero-, pero ocultaron y manipularon la información, según concluyó, en su sexto y último informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Solicitado por el propio Gobierno de México desde el 2014, el GIEI fue un grupo de asesoría técnica conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que participaron Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa. Sin embargo, dejó el caso en abril del 2016. Pero regresaron a investigar al territorio mexicano, a principios de marzo del 2019.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes enfatizó que luego de llevar a cabo varias pesquisas y entrevistas, encontraron que había información que el Estado mexicano, a través de sus instituciones, tuvo desde el primer momento y que fue manipulada o le fue ocultada deliberadamente al GIEI.
Marinos, miembros del Ejército, policías, autoridades municipales, estatales y federales, así como órganos de inteligencia del Estado Mexicano, supieron minuto a minuto, con monitoreo en tiempo real, el paradero de los jóvenes, pero obstaculizaron información y construyeron una versión falsa de los hechos, según consideró el GIEI.
“Todos colaboraron para desaparecerlos”, acusó Carlos Martín Beristain, experto del GIEI, quien junto con la penalista Ángela Buitrago dio a conocer, durante una conferencia de prensa, nuevos hallazgos de sus investigaciones, previo a la presentación del sexto y último informe del Grupo de asesoría técnica, conformado por la CIDH.
El GIEI concluyó en su investigación, que marinos y militares habrían manipulado información relevante del caso en operaciones conjuntas que mantuvieron en secreto y reveló la existencia de videos donde se muestra como son amenazados, torturados y esposados presuntos involucrados en el caso.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señaló que durante horas cruciales del ataque a los jóvenes, previo a su desaparición, un centro de información policial recibió al menos 500 llamadas telefónicas denunciando la agresión.
El reporte indicó, también, que se identificó que soldados que habían dicho estar en descanso o en instalaciones militares la noche del ataque, estuvieron en sitios donde un grupo de los estudiantes de Ayotzinapa habrían sido trasladado.
Buitrago explicó que documentos, fotografías y testimonios también relevaron que miembros de las secretarías de Marina (SEMAR) y de la Defensa Nacional (SEDENA), realizaron operaciones secretas, en las que detuvieron a cinco presuntos criminales, hasta ahora desaparecidos, y la posible ejecución extrajudicial de otros dos detenidos.
Sin embargo, GIEI no dijo quiénes podrían haber asesinado a esos dos detenidos, ni explicó cómo llegaron a la presunción de que habrían sido ejecutados. Asimismo, el informe señaló que los expertos documentaron discrepancias en archivos internos de la SEDENA, en los que se reportó el hallazgo del cadáver del estudiante Julio César Mondragón Fontes, quien fue desollado la noche del ataque en Iguala, lo que, según el reporte, abre serias dudas respecto la posible manipulación del cadáver.
“Los miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos y en base a esa tortura se hizo la llamada ‘versión histórica’ junto con [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada] SEIDO y la [Procuraduría General de la República] PGR”, indicó el experto de GIEI.
“Tuvimos información que, realizaron un operativo de inteligencia de carácter reservado con un grupo especial de inteligencia del que no hemos conocido casi nada, llevando a cabo detenciones y torturas en el que hemos identificado el resultado de muerte de dos personas en esos operativos no se sabe quiénes son, solamente tenemos una fotografía”, aseveró Beristain, acompañado de Buitrago.
“Se acuerdan que el año pasado mostramos un video de un dron. La actuación de la SEDENA, el 27 de septiembre [de 2014], fue ilegal. Sabemos que el escenario del basurero de Cocula, en Guerrero, es un escenario donde se construyó la llamada ‘versión histórica’ y hubo una intervención previa de Marina que no había sido contada y que encontramos en un video secreto”, expresó el experto del GIEI.
Beristain detalló que, si bien no había ninguna información de que la SEMAR interviniera la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014, sí lo hizo inmediatamente después, y a partir del día 28 del mismo mes y año, la versión proporcionada por la Secretaría Marina es que sus elementos participaron en cuestiones de seguridad perimetral.
“Es decir asegurando lugares para que se pudieran hacer diligencias y como saben la participación de los buzos en el Río San Juan, municipio de Cocula, donde se encontró una bolsa oficialmente el día 29, de septiembre del 2014, saben de la visita que hizo Tomás Zerón [de Lucio], quien se desempeñó como titular de la Agencia de Investigación Criminal [AIC], con un detenido el día 28, todo eso nosotros lo descubrimos e hicimos público en nuestro segundo informe y una bolsa donde se encontraron los restos de Alexander Mora [Venancio]. Esa es la versión oficial”, expresó el experto del GIEI.
Por otra parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes aseguró que el Ejército mexicano se “movilizó de diferentes maneras” durante la noche de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, contrario a lo que la SEDENA manifestó en diversas entrevistas.
Al presentar un análisis de telefonía durante la noche del 26 de septiembre de 2014, como parte de su sexto y último informe, Buitrago y Beristain expusieron los movimientos que los elementos de la SEDENA realizaron en dicha ocasión, así como las horas en las que lo hicieron, en el municipio de Iguala, Guerrero.
Buitrago aseguró que los militares tuvieron comunicación con el C4 de Iguala en diferentes momentos, además de que estuvieron en el Palacio de Justicia de dicho municipio. “Niegan los monitoreos, pero encontramos 16 documentos que hacen referencia a los movimientos”, señaló la experta del GIEI.
Mientras que Beristain afirmó que el análisis de las comunicaciones telefónicas en las horas críticas de la desaparición de los 43 estudiantes, muestra cómo se movieron algunos elementos de la SEDENA, incluidos miembros de inteligencia del Ejército.
“Con datos de telefonía, se muestra la movilización y la intensidad de las comunicaciones que contrasta con las declaraciones que se presentaron […] La actuación del Ejército se explica por su colusión con el crimen organizado y por una visión contrainsurgente que estigmatiza a los jóvenes”, dijo el experto del GIEI.
Además, Beristain agregó que el ahora extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), ocultó su participación en el caso, pese a que en diversos videos se descubrió su participación en interrogatorios a detenidos por la desaparición de los normalistas.
GIEI EXPRESA “SU MÁS PROFUNDA TRISTEZA ANTE FALTA DE VERDAD” EN CASO AYOTZINAPA; PIDE INVESTIGACIÓN SERIA
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aseguró, el 31 de octubre de 2022, que, según un peritaje forense, no se puede determinar la autenticidad de los mensajes de Whatsapp contenidos en el informe que dio a conocer la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), presidida por Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Solicitado por el propio Gobierno de México desde el 2014, el GIEI fue un grupo de asesoría técnica conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que participaron Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa. Sin embargo, dejó el caso en abril del 2016. Pero regresaron a investigar al territorio mexicano, a principios de marzo del 2019.
En conferencia de prensa, en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el GIEI indicó que, de 467 capturas de pantalla contenidas en el informe, en 181 imágenes se determinó que existen incoherencias e inconsistencias entre los metadatos y las capturas de pantalla, por lo que podrían ser usadas como pruebas judiciales, en el caso los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
Los presentado por el GIEI, se da tras pedir una prórroga para extender su participación en la investigación y analizar las capturas de pantalla presentadas por la Comisión, a las cuales tuvieron acceso el 23 de septiembre de 2022, apenas seis días antes de su último informe ante medios de comunicación.
En un pronunciamiento conjunto, los expertos advirtieron que la prisa por dar resultados, ha originado una crisis, por lo que pidieron retomar el camino de una investigación seria, que permita dar respuesta a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.
El GIEI indicó que decidieron someter a peritaje los mensajes luego de que estos fueran dados a conocer el 18 de agosto de 2022, sin que los integrantes del GIEI previamente supieran de su existencia y ante las dudas que generaron entre los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos.
Sin embargo, los expertos aseguraron que la existencia de dichos mensajes no altera las investigaciones realizadas por la de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), de la Fiscalía General de la República (FGR), debido que la solicitud de 83 órdenes de captura no se basaron en los datos contenidos en el informe presentado por la Comisión presidida por Encinas Nájera.
Asimismo, el GIEI dio a conocer que ante la confusión que se ha registrado en las últimas semanas con la renuncia de Omar Gómez Trejo -ex titular de la UEILCA- y el desistimiento de órdenes de aprehensión que ya habían sido concedidas por el Poder Judicial, determinaron que dos de sus integrantes le den seguimiento al caso, pero sólo por otros dos meses más.
El GIEI, en el nuevo mandato estaba compuesto por cuatro integrantes, sin embargo, solo dos de ellos, Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristain continuarán, en tanto que Francisco Cox Vial y Claudia Paz y Paz, terminarán con su labor.
Beristain recordó que el mandato del Grupo terminaba hace un mes, sin embargo, decidieron prorrogar, ante las dudas que generaron los mensajes dados a conocer por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y la renuncia de Gómez Trejo.
“Se puede evidenciar que algunos mensajes fueron emitidos el 8 de enero de 2015 y la metadata muestra fecha de creación el 1 de octubre de 2014, por lo tanto, no existe confiabilidad en la metadata, ya que no es posible obtener una captura de pantalla de un mensaje que aún no ha sido generado y enviado. En total, se logran determinar 181 imágenes, tipo screenshot que presentan este tipo de situación”, señaló Francisco Cox Vial, uno de los integrantes del GIEI.
“Como conclusión del presente informe forense, se establece que los mensajes analizados no pueden considerarse como una prueba digital, teniendo en cuenta que no fueron extraídos directamente de los dispositivos, que supuestamente fueron utilizados para el uso de la aplicación Whatsapp”, indicó el miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
“De acuerdo con el análisis realizado de los ficheros entregados como evidencia digital se determina que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registros fotográfico, ya que no se puede determinar, mediante el estudio de la metadata, de los ficheros su autenticidad, dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje, mediante la herramienta ExifTool”, agregó Cox Vial.
“Tampoco es posible verificar el tipo de dispositivo celular donde se encuentra configurada la cuenta de Whatsapp de la cual se realizó la copia tipo screenshot o captura de pantalla, objeto del análisis forense solicitado […] Lo que sí hay que investigar es, ¿por qué se entregaron? ¿quién los entrego? y ¿cómo los obtuvo? Y ese es un elemento fundamental”, señaló, por su parte, Ángela Buitrago.
“Como conclusión del presente análisis forense, se establece que los mensajes analizados no pueden considerarse como una prueba digital, teniendo en cuenta que no fueron extraídos directamente de los dispositivos que supuestamente fueron utilizados para el uso de la aplicación WhatsApp y que lo que se tiene como evidencia son ficheros tipo capturas de pantalla que no garantizan la originalidad de estos”, dijo el experto del GIEI.
“Ante este cambio de escenario y, tras un examen crítico de las condiciones necesarias para seguir y las implicaciones para los familiares y el propio caso, de una posible salida del GIEI de México, el Grupo ha tomado la decisión de proponer a las autoridades mexicana, a la Comisión Interamericana, a los familiares y representantes, una medida transitoria de que dos de sus miembros sigan adelante con el desarrollo del mandato”, indicó, en su turno, Beristain.
Por otra parte, el GIEI también reveló que Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se ha negado a entregar toda la información relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que demuestra que estaba enterada de lo que estaba sucediendo con los jóvenes.
Ángela Buitrago, indicó que ya le solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que el Ejército entregue los archivos y dé acceso a los investigadores, para que no se obstaculice la investigación en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.
En concreto, precisó Buitrago, se trata de información generada por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI), el cual recopiló información de la complicidad entre autoridades e integrantes del grupo criminal Guerrero Unidos.
“El GIEI ha seguido insistiendo en que se necesita proporcionar toda la información existente en los archivos de inteligencia de Sedena y en el Centro Regional de Inteligencia y otros que puedan tener información clave para la búsqueda, que incluyen los monitoreos o escuchas telefónicas en tiempo real del 26 de septiembre de 2014 y de los días subsiguientes, incluido el 4 de octubre de 2014”, dijo Buitrago.
“Entre otras, que se encuentran parcialmente recogidas en notas oficiales de los archivos de Sedena que muestran que se tenía conocimiento de los hechos en el mismo momento en que se estaban dando. Dichos mensajes del Centro Regional de Inteligencia no han sido proporcionados”, señaló la experta.
Buitrago agregó que la SEDENA ha negado la existencia de dichos archivos, sin embargo, el GIEI tiene información de que sí fueron generados. Además, insistió que existen datos que demuestran la relación de elementos del Ejército con integrantes de Guerrero Unidos, quienes presuntamente desaparecieron a los 43 jóvenes normalistas.
“El GIEI ha pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que ordene la presentación de toda la información de dichos archivos y el acceso al lugar donde se encuentran, sin lo cual, se obstaculiza la búsqueda de los desaparecidos”, enfatizó la experta.
“Igualmente, existe evidencia de que numerosos miembros del 27 batallón estuvieron al tanto de los hechos desde la llegada de los jóvenes a Iguala, fueron testigos de las detenciones, no actuaron para su protección mientras tenían reportes de inteligencia de lo que estaba sucediendo y además controlaban el C4 y existe, al menos un testimonio, que lo relaciona con haber tenido a un grupo de normalistas en su poder”, insistió.
Buitrago recordó que el Ejército tenía infiltrados a los normalistas, ya que uno de los jóvenes desaparecidos, Julio César López Palotzin, era un militar que se hacía pasar como alumno y reportaba a mandos militares todo lo que hacían los estudiantes.
“El GIEI ha documentado que en esta clase de delitos la investigación debe ser por acción y por omisión. Eso significa que si nosotros encontramos toda una serie de información que permite afirmar que hubo conocimiento por parte del Batallón 27 de la 35 Zona Militar de la Novena Región del DN1 que llevaba a la Ciudad de México, pues no hay duda que por lo menos tienen que dar explicaciones”, agregó Buitrago.
“En un intento de acelerar los resultados del caso sin las debidas medidas de investigación a tomar para ello, han conllevado una situación de crisis en la capacidad de entes investigadores, de la independencia y confianza en los resultados de la investigación y un desconocimiento del propio papel del GIEI en la asistencia técnica internacional”, planteó Beristain.
“Se juega en Ayotzinapa la credibilidad de las instituciones. México tiene una oportunidad de mostrar que la voluntad política junto a la independencia y consistencia de la investigación son determinantes para la justicia que los familiares reclaman en este caso y en otros muchos miles que se han dado en el país”, dijeron los expertos..
Pero sobre todo se juega una respuesta digna frente al dolor y sufrimiento de unos familiares que han sido tantas veces golpeados no sólo por los hechos sino por las versiones distorsionadas o las mentiras sobre los mismos”, afirmaron los miembros del GIEI.
“A pesar de lo que se ha dicho estas semanas, la investigación está suficientemente fortalecida, ha logrado mediante pruebas fehacientes acabar con la inconsistencia y mentiras de la llamada ‘Verdad Histórica’”, afirmaron los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
AMLO DEFIENDE A GERTZ MANERO TRAS SEÑALAMIENTOS DEL GIEI POR CASO AYOTZINAPA
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió, el 30 de septiembre del 2022, a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), a quien el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó de poner en peligro la resolución del caso los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
“En ningún caso tuve resistencia del fiscal Gertz Manero ni del presidente de la Corte [Arturo Zaldívar Lelo de Larrea], porque hablé con ellos, les pedí apoyo, colaboración, y los dos siempre dispuestos a ayudar, ninguno me dijo ‘no podemos llegar tan alto’ o ‘esto no tiene fundamento ‘, o ‘para qué nos metemos o vamos a buscar darle carpetazo’. Ayer los expertos, que han ayudado mucho, hablaron de obstáculos y señalaron al fiscal”, indicó el mandatario nacional.
“Yo sostengo que en lo que a mí corresponde, la actitud del fiscal ha sido de colaboración, no tengo un solo acto, una acción, un proceder contrario al propósito de aclarar lo sucedido y de castigar a los responsables y de encontrar a los jóvenes”, insistió, el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
El titular del Poder Ejecutivo Federal aseveró, también, que los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Marina (SEMAR), Luis Cresencio Sandoval González y José Rafael Ojeda Durán, respectivamente, actuaron conforme a sus instrucciones, lo que permitió el avance del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
“Fue una investigación que implicó muchas acciones de todo tipo, desde revisión de llamadas telefónicas hasta búsquedas en distintas partes, declaraciones de testigos, una investigación a fondo. Como sabían que era un asunto delicado lo que hicimos fue darle celeridad porque si nos tardábamos más, pues iban a haber filtraciones e iban a querer descarrilar la investigación por los intereses”, señaló.
“Yo respeto su punto de vista [del GIEI], pero no lo comparto, cuando a mi me entregan el informe, Alejandro Encinas, que es el comisionado, leo el informe y ahí vienen los nombres, y cuando hablo con el Fiscal le aportamos el informe y lo que hace el Fiscal es ajustarse a ese informe y actúa en función de ese informe, y no dudo que en la Fiscalía haya habido gentes que no quisieran que se llevara a cabo el proceso de solicitar las órdenes de aprehensión”, respondió López Obrador.
“Por años se habla que fue el Estado, sí, fue el Estado, y fue el Ejército, pues sí, pero no la institución, fueron elementos, y como la investigación no borra al Estado, no quita al Ejército, no sirve la investigación, cuando es un acto de justicia que no se había visto en muchos años, nada más dejo la pregunta en el aire. ¿Creen que si hubiera ganado Anaya o Meade se hubiese llegado hasta donde estamos en este asunto? No, ni en este ni en otros por la red de componendas y de complicidades”, insistió.
GIEI ADVIERTE QUE MURILLO KARAM PODRÍA QUEDAR LIBRE POR FALTA DE EVIDENCIAS
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificó, el 29 de septiembre del 2022, como algo grave que la Fiscalía General de la República (FGR) no haya incluido más evidencias y antecedentes probatorios que hubieran fortalecido las acusaciones contra Jesús Murillo Karam, ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), vinculado a proceso por los presuntos delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia, registrados con la causa penal 307/2022.
Francisco Cox Vial, uno de los integrantes del GIEI, advirtió que ante la judicialización débil contra el ex gobernador de Hidalgo, se corre el riesgo de que no se logre una condena, pese a que existe evidencia y pruebas de su participación en la construcción de la “mal llamada verdad histórica”.
Cox Vial aseguró que, desde un principio, el GIEI llamó la atención sobre el sistema de justicia mexicano, en el que, según dijo, se tiene mayor atención a la detención que a la condena. “Lo que parece importar es la oportunidad fotográfica de una detención, de un inicio de una vinculación a proceso, sin importar el resultado de esa formalización”, indicó.
El integrante del GIEI dijo que desde agosto del 2022, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes comenzó a observar que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), de la Fiscalía General de la República, se había quedado sin elementos que asistieran en las indagatorias y que pudieran llevar adelante las diligencias, además de que se han ordenado auditorías en su contra. “Parece ser que esto fue ordenado con un criterio ajeno a la investigación”, criticó.
Durante una conferencia de prensa sobre el caso Ayotzinapa, Cox Vial detalló que la mayor intromisión se dio el 16 de agosto del presente año, cuando se comisionó a un elemento de Asuntos Internos de la FGR, para que se desempeñara como agente del Ministerio Público de la UEILCA. “No se explica por qué esta persona debía ser comisionada, no se da explicación, no se justificó […] Esta persona no tenía conocimiento del caso”, señaló.
Al otro día de que se comisionó a la nueva agente del MP, se obtuvo la orden de aprehensión contra Murillo Karam, quien fue detenido el 19 de agosto del 2022, por los delitos contra la administración de justicia, desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa. Durante la audiencia de vinculación a proceso, la recién asignada al caso mostró su falta de conocimiento de la carpeta de investigación.
“Lo que es más grave, en opinión del GIEI, es que se dejaron de incluir evidencias y antecedentes probatorios que hubiesen fortalecido aún más la responsabilidad del ex procurador Murillo Karam […] Producto de esta judicialización débil del ex procurador Murillo Karam, se corre el riesgo de que posteriormente no se logre una condena, aunque hay evidencias y pruebas de la participación del señor en la construcción de la mal llamada ‘verdad histórica’”, agregó Cox Vial.
Los especialistas lamentaron la renuncia del fiscal del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien, según consideraron, “actuó con voluntad, con profesionalismo y tenía la confianza de los papás”, además de que alertaron también una posible represalia, luego de que ha sido anunciada una auditoría a la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa.
El integrante del GIEI señaló que un problema estructural del sistema penal mexicano, es que se tiene una atención mayor a la detención que a la condena. “Lo que parece importar es la oportunidad fotográfica de una detención, de una vinculación a proceso, sin importar el resultado de esa formalización”, insistió.
Además, Cox Vial aseguró que la FGR intervino en el trabajo de la UEILCA al cancelar 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se habían obtenido contra posibles implicados en el caso Ayotzinapa, entre ellos, contra elementos del Ejército y personal del C4. “Estas órdenes de aprehensión fueron concedidas por el juez, es decir, en su momento se consideró que se tenía evidencia suficiente para girarlas”, dijo.
Carlos Martín Beristain, otro integrante del GIEI, reveló durante la conferencia de prensa, que se encontraron conversaciones que evidencian la relación entre autoridades y el grupo delictivo Guerreros Unidos, en las que hacen referencia a los estudiantes el 4 de octubre de 2014.
“Esos archivos que encontramos en [la Secretaría de la Defensa Nacional] SEDENA, muestran que el día 26 de septiembre y el 4 de octubre había interceptaciones telefónicas que hablaban sobre los jóvenes, que hablaban de dónde había que mandar los jóvenes, y algunas de ellas son del día 4 de octubre, es decir, varios días después de los hechos. Esas comunicaciones mostrarían que una parte de los jóvenes estarían vivos en esos días”, explicó Beristain.
El integrante del GIEI sostuvo que este tipo de datos ayudan a entender el escenario de los hechos ocurridos durante el 26 y 27 de septiembre del 2014, ya que, según enfatizó, la complicidad de las autoridades va más allá del ámbito local. Asimismo, señaló que los reportes indican que desde el 12 de octubre de ese mismo año, el Ejército tuvo conocimiento de la ubicación del basurero de Cocula, donde presuntamente los estudiantes habían sido asesinados y quemados.
Sin embargo, Beristain aclaró que la llamada anónima en que se basa la ‘Verdad Histórica’, mediante la que se informó sobre el paradero del basurero, nunca existió. Por su parte, Ángela María Buitrago Ruíz, también integrante del GIEI, mencionó que reportes de inteligencia indican que, por lo menos, un grupo de 11 alumnos y otro de seis fueron trasladados a distintos lugares entre el 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.
“Hay lugares que se han resguardados de manera especial, y solamente contando con el colaboración total de la persona que está enfrente de cualquiera de esas secretarías podemos conseguir esos documentos”, acusó la abogada colombiana durante la conferencia de prensa, quien también recordó que desde el Centro Regional de Inteligencia Militar ubicado en Iguala, el Ejército mexicano dio seguimiento en tiempo real al secuestro y desaparición de los 43 estudiantes, sin embargo todavía se niega proporcionar toda la información.
“Hemos insistido, seguimos insistiendo y dejaremos la constancia de la insistencia porque es fundamental encontrar los documentos que fueron generados por el famoso Centro Regional de Inteligencia Militar denominado Zona Norte, en Iguala […] Este punto es fundamental porque inclusive por escrito nos han negado la existencia de ese centro regional en el año 2014. Nos dicen que nace en el año 2015 lo cual ya sabemos que no es cierto”, abundó Buitrago.
