Un grupo de ocho legisladores -integrantes del grupo legislativo de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión-, presentaron, el 19 de julio de 2023, una solicitud de juicio político en contra de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la presunta violación del artículo 127 constitucional, en el que se establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República.
Los diputados federales Adriana Bustamante Castellano, Alejandro Robles Gómez, María Clemente García Moreno, Juan Guadalupe Torres Navarro, Graciela Sánchez Ortiz, Manuel Vázquez Arellano, María Magdalena Olivia Esquivel Nava y Francisco Javier Borrego Adame, solicitaron el juicio político de los ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge María Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Gelacio Pérez Dayán Javier Laynez Potisek, Norma Lucía Piña Hernández, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Loretta Ortiz Ahlf.
“Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 110 y 114, primer párrafo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, venimos a formular la denuncia de juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia”, señala el documento entregado por los legisladores de Morena en San Lázaro.
Los diputados de Morena explicaron que dicha solicitud de juicio político tenía por objeto que los ministros de la SCJN se sujetaran al cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y acatar la soberanía popular, expresada en las urnas en el 2018, a fin de que haya austeridad en el servicio público.
Durante una conferencia de prensa, llevada a cabo en la sede de la Cámara baja del Congreso de la Unión, el diputado Alejandro Robles Gómez aseguró que los ministros de la SCJN habían abusado y faltado a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
“Presentamos esta demanda de juicio político porque no es capricho presidencial, sino es una definición de la voluntad del pueblo de México, para dar esa voz que no han querido escuchar las ministras y ministros que han decidido ampararse”, expresó Robles Gómez, quien en mayo de 2023 afirmó que iban a “obradorizar” el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Por su parte, la diputada Adriana Bustamante Castellano celebró en su cuenta de la red social Twitter, que se haya presentado la denuncia de juicio político contra los citados cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“¡Nunca más jueces, jueces, magistrados y magistradas que se pongan en contra de la voluntad del pueblo!. ¡Nunca más iniciativas que el pueblo proponga y que sean rechazadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación!”, señaló la legisladora.
Bustamante Castellanos comentó que la SCJN había mandado “un mensaje que simboliza la prevalencia del neoliberalismo al estar yendo en contra de las decisiones del pueblo de México e inmiscuirse en el trabajo legislativo y rechazar normativas que se han legislado a favor del pueblo”.
Mientras que la diputada María Clemente García Moreno advirtió respecto a la supuesta usurpación de funciones de los ministros de la SCJN, al rebatir decisiones del Congreso de la Unión, ya que, según la legisladora, con ello han “violentado al país”.
“La constante intervención de los ministros del Poder Judicial en el ámbito Ejecutivo y Legislativo, ha significado un ataque a la democracia y un ataque a la forma de gobierno republicana y representativa que hemos logrado recuperar con los gobiernos de la Cuarta Transformación”, apuntó García Moreno.
Por su parte, el diputado Juan Guadalupe Torres Navarro señaló que la solicitud de juicio político contra los integrantes de la SCJN, era para hacer frente al combate a la impunidad, porque se debía sancionar la corrupción y “los ministros han incurrido una y otra vez en actos de corrupción”.
Asimismo, la diputada Graciela Sánchez Ortiz se pronunció a favor del juicio político, porque, según consideró, era momento de que se le pusiera un alto a las acciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Es necesario que los mexicanos tengan conocimiento de cómo está actuando el Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no hay quien la regule, se regula ella misma y deberían estar conscientes de los errores que han cometido, no están respetando la autonomía de poderes”, mencionó la también presidenta de la Comisión de Reforma del Estado en San Lázaro.
Sin embargo, diversos especialistas y abogados constitucionalistas han advertido que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión están parados todos los procesos de juicio político, porque en la Sección Instructora de San Lázaro existía un empate de posibles votos entre los grupos legislativo de la llamada “cuarta transformación” y las bancadas de oposición.
¿QUÉ ES EL JUICIO POLÍTICO Y CUÁLES SON SUS CAUSALES?
Según el Sistema de Información Legislativa, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el juicio político es el procedimiento de orden constitucional que realizan las cámaras del Congreso de la Unión, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
Las causales de juicio político son el ataque a las instituciones democráticas; el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; las violaciones a los derechos humanos; el ataque a la libertad de sufragio; la usurpación de atribuciones; cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves; las omisiones de carácter grave; así como las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal.
AMLO CALIFICA COMO ACTO DE CORRUPCIÓN QUE MINISTROS DE SCJN GANAN MÁS QUE ÉL
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, el 4 de julio de 2023, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de cometer un acto de corrupción, al supuestamente mantener sueldos y prestaciones más altas a las establecidas por la Constitución.
“Imagínese, uno que gana 600 mil pesos mensuales, la va a pensar, si se trata de actuar con rectitud, me va a ir mal. ¿Para qué me meto en problemas? Es un acto de corrupción en sí mismo ganar ese sueldo, es una inmoralidad en un país con tanta pobreza, y más si se trata de impartidores de justicia”, indicó el político tabasqueño.
“Ahora están totalmente en contra de nosotros, de la transformación, permitiendo, porque forman parte del mismo bloque conservador, que se abuse de amparos para detener las obras, que significan progreso, bienestar, empleo para el pueblo”, acusó el mandatario nacional.
Al reiterar la necesidad de una reforma constitucional al Poder Judicial, misma que promoverá en septiembre de 2024, el presidente exhibió una serie de 40 altas prestaciones que tienen los ministros y que supuestamente ascienden a más de 73 mil millones de pesos.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, López Obrador afirmó que los ministros recibían un sueldo mensual de 298 mil pesos, que es superior al suyo, que estaba tasado en 108 mil pesos mensuales.
El político tabasqueño agregó que los ministros tenían aguinaldos de 40 días que equivalen a 586 mil pesos, así como primas vacacionales por 95 mil pesos, que equivalían a 10 días de sueldo. Asimismo, indicó que contaban de una partida por 723 mil pesos anuales, para comer en restaurantes.
Según la lista difundida por el mandatario nacional, los ministros también tienen un fondo de más de 5 millones de pesos para la contratación de personal así como 6 millones de pesos para dos camionetas blindadas modelo Suburban, marca Chevrolet.
“Saben sobre el Poder Judicial las élites, pero el pueblo no. Porque, a ver, ¿qué han hecho los del Poder Judicial en beneficio del pueblo? Díganme una cosa que hayan hecho. Nada. Al contrario, últimamente se han dedicado a defender a las empresas nacionales y sobre todo extranjeras, que afectan la economía popular”, lamentó López Obrador.
“Entiendo muy bien su respuesta, no queda más que enviar una reforma a la Constitución más precisa porque ellos dicen que no está clara la Constitución. No está especificado bien en la Constitución, entonces hay que detallar todo. Entonces voy a enviar esa iniciativa de ley en su momento, solo que vamos a esperar si en la próxima Legislatura hay mayoría calificada. Quitar todo eso porque es muy ofensivo”, expresó el político tabasqueño.
“Era de esperarse una respuesta así, leguleya porque es muy claro el artículo 127 de la Constitución y lo están violando los ministros de la Corte. Por qué qué interpretación se le puede dar a un artículo que con mucha claridad establece todos los servidores públicos de la nación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la ciudad de México, en sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, organismos autónomos, o sea pueden haber excepciones, pero solo el 50 por ciento más, esto es lo que están violando porque están ganando hasta 4 o 5 veces más que yo”, agregó el presidente.
SCJN RESPONDE A SEGOB, QUE NO TIENE FACULTADES PARA PEDIR EXPLICACIONES RESPECTO A SALARIOS
Rafael Coello Cetina, titular de la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclaró, el 3 de julio de 2023, a la Secretaria de Gobernación (SEGOB), que los salarios de los ministros no podían ser disminuidos por decisiones de otros poderes, ni pagarse de manera diferenciada entre integrantes del máximo tribunal constitucional.
Luisa María Alcalde Luján, titular de la SEGOB, envió un oficio, el 27 de junio de 2023, a Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN, solicitando un informe del cumplimiento al artículo 127 de la Constitución, en el que se establece que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la del titular del Poder Ejecutivo Federal.
La SCJN indicó que sus integrantes no perciben “remuneraciones” mayores a las del presidente de la República, ya que dicho concepto no sólo abarca salarios, sino también habitación, seguridad, alimentación, transporte, servicios de salud y otros que el Poder Ejecutivo Federal recibe como parte de su cargo.
El máximo tribunal constitucional detalló en su respuesta a la SEGOB, que en principio no estaba obligado a responder el oficio de Alcalde Luján, debido a que el mismo fue emitido con base en normas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que no eran aplicables al Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Por instrucciones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en atención al oficio dirigido a esta, por virtud del cual se solicitó informar las acciones que este Alto Tribunal ha realizado a efecto de cumplir con lo previsto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en principio, se le comunica que en los preceptos citados en dicho escrito no constituyen el fundamento jurídico para que la Secretaría de Gobernación realice una petición de esa naturaleza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, argumentó el funcionario judicial.
“No obstante, en función de fortalecer el diálogo entre los poderes del Estado y en aras de rendir cuentas a la sociedad de conformidad con el Artículo 134 Constitucional, le proporciono la siguiente información”, señaló Coello Cetina, en la respuesta.
El titular de la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN dijo que la decisión que adoptó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en enero de 2019, poco después de la elección de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como presidente, fue de reducir voluntariamente los salarios de los ministros, en 25 por ciento respecto al 2018.
“El Artículo 94 constitucional establece que la remuneración que perciban los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”, sostuvo la SCJN, citando lo que su Pleno determinó en 2019.
“Por su parte, el Artículo 123 constitucional establece el principio de que a trabajo igual debe corresponder salario igual. Derivado de lo anterior, las percepciones que reciben los Ministros de la Suprema Corte no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros Poderes”, agregó Coello Cetina.
Asimismo, el funcionario judicial recordó que, en mayo de 2019, la SCJN invalidó porciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que el Congreso de la Unión había expedido a finales de 2018, porque no contenía los elementos para determinar cuáles eran las remuneraciones del presidente de la República.
Según consideró la SCJN, en su respuesta a la SEGOB, en dicha sentencia se aclaró que la “remuneración” incluía no sólo el salario pagado en dinero al titular del Poder Ejecutivo Federal, sino todas las prestaciones en especie propias del cargo.
Por último, la SCJN remitió a la SEGOB a su portal de transparencia, donde se podían consultar los salarios de su personal.
LUISA ALCALDE ENVÍA OFICIO A NORMA PIÑA; PIDE EXPLIQUE POR QUÉ MINISTROS DE SCJN GANAN MÁS QUE AMLO
Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), envió un oficio, el 27 de junio de 2023, a Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), solicitando un informe del cumplimiento al artículo 127 de la Constitución, en el que se establece que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la del titular del Poder Ejecutivo Federal.
“El día de hoy, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, solicitó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña Hernández, un informe sobre las acciones que ha realizado la SCJN para cumplir con el mandato del artículo 127 de nuestra Constitución Federal, que a la letra señala que ‘ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República’”, indicó la SEGOB, en un comunicado.
En el oficio se argumenta que dicha solicitud se realizó conforme al artículo 27, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que faculta a la Secretaría de Gobernación, “para vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país”. Además, refiere que la SCJN tenía cinco días para responder en qué medida había cumplido con su obligación constitucional.
“Conforme a la atribución de la @SEGOB_mx de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por las autoridades del país, solicitamos a la @SCJN informe sobre el cumplimiento al artículo 127 constitucional que prohíbe recibir mayor remuneración que el Presidente”, escribió Alcalde Luján, en su cuenta de la red social Twitter.
“El presidente @lopezobrador_ informó que la Secretaría de Gobernación dirigirá a la SCJN un escrito sobre la constitucionalidad de sus sueldos. El art. 27 de Ley Orgánica de la APF faculta a esa dependencia a ‘vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales’”, tuiteó, por su parte, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República.
Sin embargo, en el sitio web del Gobierno de México se reconoce que el Poder Judicial de la Federación (PJF) no forma parte de la Administración Pública Federal.
“¿Qué es la Administración Pública Federal? La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada”, se indica.
“Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal”, se enfatiza.
AMLO ENVIARÁ ESCRITO A SCJN, PARA QUE MINISTROS EXPLIQUEN POR QUÉ GANAN MÁS QUE ÉL
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, el 27 de junio de 2023, que enviaría un escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para que los ministros expliquen si era legal ganar más que el titular del Poder Ejecutivo Federal, ya que acusó que están violando la Constitución.
“Voy a presentar, a través de la Secretaría de Gobernación, que tiene las facultades, un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia, para que me respondan en el término establecido por este ordenamiento, ¿por qué ellos violan la Constitución?”, indicó el mandatario nacional.
“En especial, ¿por qué violan el artículo 127 de la Constitución? que establece que nadie debe ganar más que el presidente de la República, y ellos ganan cuatro o cinco veces más de lo que yo gano“, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el político tabasqueño dijo que los ministros de la SCJN deberían responder en cinco días con la explicación respecto a sus salarios, por lo que decidió enviar el escrito, luego de que sus abogados estudiaron el ordenamiento.
“Hoy lo van a enviar, quiero ver si es legal lo que están haciendo, lo va a mandar la Secretaría de Gobernación, si es legal violar el artículo 127 de la Constitución. Porque la Constitución establece que nadie puede ganar más que el Presidente y ellos ganan como cuatro veces más, o gano como 140 mil y ellos ganan como 600 mil. Entonces quiero que me expliquen para que yo lo informe al pueblo de México”, agregó López Obrador.
No obstante, el presidente de la República afirmó que desistió de convencer a los ministros de su política de “austeridad republicana”, aunque tuvieran un cuadro de Benito Juárez García, quien promovió que los servidores públicos debían vivir en “la justa medianía”.
“Pueden tener a Juárez que decía que hay que vivir en la justa medianía y ellos tienen sueldos elevadísimos. Es nada más que nos expliquen porque ganan ellos cuatro veces más que el Presidente, por qué violan la Constitución, si es legal lo que están haciendo. Eso es lo que les voy a solicitar, y espero respuesta”, abundó el político tabasqueño.
El titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que la SEGOB tenía la facultad de consultar respecto al funcionamiento de las diversas instituciones. Dijo que esperaba que los ministros obedecieran el Artículo 127 y la Constitución no fuera letra muerta.
“Ojalá que ellos informaran que a partir de que no hay fundamento, que es una violación flagrante a la Constitución lo que están haciendo, ellos que son jueces, los encargados de cuidar de que no se violen la Constitución, un acto de sensatez, rectifiquen, es de sabios cambiar de opinión, y resuelvan que van a actuar con austeridad y sobre todo que se va a respetar el artículo 127 para que deje de ser letra muerta”, finalizó López Obrador.
Según la última reforma fijada al Artículo 127, en 2009, ningún servidor público debía recibir remuneración por el desempeño de sus funciones, mayor a la establecida por el presidente de la República en el presupuesto vigente.
Sin embargo, en 2018, el Pleno de la SCJN ordenó suspender la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún funcionario, incluyendo a los integrantes del Poder Judicial, podría ganar más que el presidente de la República.
Según la Secretaría de la Función Pública (SFP), López Obrador gana al año un millón 451 mil 376 pesos netos. Mientras que al mes, obtiene un sueldo bruto mensual de 174 mil 26 pesos y neto de 120 mil pesos 948 pesos.
