Dentro su domicilio en Privada Todos Santos número 141 del fraccionamiento Vista Hermosa, Jesús Salvador García Castro, de 28 años de edad, purga una condena de 30 años por el delito de homicidio calificado.
En Baja California, otros criminales han recibido la misma condena dentro de sus casas, para ello se les pide adquirir un brazalete electrónico.
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ZETA cuestionó a elementos sobre la eficiencia de este accesorio, y respondieron no tener capacitación ni un sistema para monitorear los movimientos del detenido.
Adicionalmente, hay agentes investigadores custodiando residencias de personas que han denunciado amenazas de muerte, como el caso de la señora Guadalupe Guerrero, quien el viernes 16 de junio hizo un llamado a la fiscalía para reclasificar su carpeta de homicidio en grado de tentativa, a feminicidio.
Acusa directamente a su ex esposo de haber atentado en tres ocasiones contra su vida, caso por el cual ella recibe custodia de dos agentes estatales las 24 horas del día.
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En el proceso de Salvador García, el juez de Control en Ensenada, Raúl Hernández Arellano, le dictó la sentencia y al mismo tiempo las unidades permanentes para la custodia.
Se le asignaron cuatro agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para vigilancia del presidiario ante el “riesgo de fuga”, señaló la autoridad judicial.
Conforme al calendario, los oficiales asignados a esa tarea corresponden a las unidades de Narcomenudeo. No obstante, para los agentes de la FGE, cuidar a los convictos implica un gasto innecesario.
En entrevista con este Semanario, reclamaron que es una tarea que no les corresponde, debido al déficit de elementos en materia de investigación en el puerto.
“Así ha estado ese tipo -Salvador García Castro- desde hace ya mucho tiempo y se le daban recorridos y no sé qué más beneficios. No sabemos por qué está en su casa y no en el bote, si es un delito grave”, manifestó uno de los agentes en Ensenada, quien reservó su identidad.
El crimen lo cometió Salvador en contra de un hombre de 46 años, identificado como Julio César Ramírez Moreno, aproximadamente a las 13:00 horas del 25 de febrero de 2019 en un taller mecánico en la colonia Empleados en la calle Aquiles Serdán, casi esquina con Ámbar.
Ese día el procesado acudió al domicilio ubicado en las inmediaciones de la colonia Empleados, donde sacó un arma de fuego y disparó en contra de su víctima en el rostro, ocasionándole la muerte. El hecho ocurrió en una zona habitacional donde varias personas pudieron ser testigos del crimen.
La carpeta de investigación está asentada con el Número Único de Caso (NUC) 0201-2019-2927 por homicidio calificado con ventaja. Una vez iniciada la investigación por parte de los agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, el 10 de mayo de 2019 se solicitó audiencia privada para pedir orden de aprehensión en contra del imputado, la cual fue concedida por el juez de Control y cumplimentada el 16 de mayo de 2019.
Una vez vinculado, se le dictó medida cautelar de prisión preventiva en agosto de 2021, cuando se inició la audiencia intermedia. Luego de iniciado el juicio oral, los testigos lo declararon responsable del homicidio.
Dos años más tarde, en junio de 2023, el tribunal emitió fallo condenatorio de 30 años de prisión en contra del acusado y condenó al pago de la reparación del daño, consistente en 427 mil 569.40 pesos a favor de la parte ofendida.
No obstante que se interpuso esta medida de sanción, familia y amigos de Julio César Ramírez Moreno no están conformes con lo que consideran un beneficio para quien cometió el homicidio.
FGE, SIN COMPETENCIA PARA CUSTODIAR
Purgar condena dentro del domicilio depende de varias cosas, principalmente del tipo de delito y las condiciones de la persona sentenciada, es decir, si cumplió con las condiciones que le fueron impuestas, explicaron a ZETA integrantes del Colegio de Abogados de Ensenada.
En el caso de Salvador, una vez que se emitió la resolución, la fiscalía giró el oficio 825/2019, mediante el cual solicitó que para no entorpecer las labores de investigación, el comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad Penitenciaria, o bien, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), fuera la corporación que continuaría con el resguardo domiciliario.
De acuerdo con el escrito -en poder de este Semanario-, se pide deslindar a los agentes investigadores de esa tarea: “Tras la solicitud de auxilio judicial por parte del Jefe de Departamento de Evaluación y Supervisión de Medidas y Beneficios en Libertad Zona Ensenada, en contra de Jesús Salvador, se le brinde apoyo en la vigilancia de la medida cautelar consistente en el resguardo en su propio domicilio”.
Lo anterior en virtud de que el Departamento de Evaluación y Supervisión de Medidas y Beneficios en Libertad Zona Ensenada no tiene los recursos necesarios -como personal- para brindar vigilancia permanente a la medida cautelar antes señalada.
“En caso de no dar cumplimiento a lo antes ordenado, con fundamento en lo establecido por el Artículo 104 fracción I inciso b) del citado Código Nacional de Procedimientos Penales (…) En materia de desindexación del salario mínimo se le impondrá una multa consistente en veinte veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”.
FISCALES BUSCAN COMBATIR SENTENCIA DE JUEZ
“Nuestra postura es que la fiscalía no lo cuide, porque dejamos de investigar por cuidar a una persona -criminal- cuando ellos -Poder Judicial- tiene una policía procesal y el mismo reglamento dice que tienen el deber de cuidar y resguardar a todo procesado”, declaró uno de los elementos en referencia al caso de la custodia de amenazados y sentenciados.
En respuesta a la situación que enfrentan los fiscales, la Unidad de
Delitos contra la Vida de la FGE respondió que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que debe llevar el proceso fuera, transcurrieron dos años y el juez de Control determinó que se le pusiera brazalete electrónico y resguardo auxiliar.
Fuentes oficiales confirmaron que no tienen manera de confirmar si el brazalete funciona en caso de que el arrestado intente salir del perímetro permitido.
Aunque debatieron la decisión del juez respecto a que Salvador reciba la condena en su casa, la defensa volvió a solicitar audiencia y presentó acciones defensivas que le permiten continuar con el mismo proceso.
