El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, el 28 de julio de 2023, respecto a una supuesta campaña, auspiciada por sus “adversarios” y los “pseudo” defensores de derechos humanos, contra las Fuerzas Armadas, para “socavarlas” y “debilitarlas”, usando las conclusiones del sexto y último informe, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), respecto al caso 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
“Es una campaña en contra del Ejército de México, sin fundamento. En general, no tienen razón, es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas”, indicó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde las instalaciones de la 13 Zona Militar de Tepic, Nayarit.
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“Entonces, sí tenía yo ganas de hablar sobre el tema, porque están actuando de manera tendenciosa, nuestros adversarios y los pseudo defensores de derechos humanos, están en contra de nosotros y por eso en la campaña en contra de las Fuerzas Armadas, que están operando, que nos están ayudando, no están ocultando información en nada”, insistió.
“Tienen muy claro que si un miembro de las Fuerzas Armadas dos, tres, cinco, diez, veinte, actuaron mal, no se puede permitir que por esa mala actuación, ocultando los hechos, se afecte una institución tan importante como la Secretaría de la Defensa, que es lo que quieren nuestros adversarios”, dijo el mandatario nacional.
“Quieren que tengamos un Ejército mal visto, manchado, para que, entonces si las organizaciones de gobiernos extranjeros, agencias, otros intereses, puedan venir a mandar en el país, como lo hacían antes”, aseguró el presidente, quien afirmó que la población confía en las Fuerzas Armadas.
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“Pero la gente de nuestro país le tiene confianza al Ejército, y le tiene confianza a la Secretaría de Marina y le tiene confianza a la Guardia Nacional y esto, antes no se decía, porque nada más era la opinión de un grupo”, enfatizó López Obrador.
“Ahora como hay una auténtica democracia y podemos debatir y podemos todos dar nuestro punto de vista, a ver si tenemos ese dato reciente. Tienen más aceptación las Fuerzas Armadas que el presidente y ya no hablemos de cómo ve la gente al Ejército, con relación a la Policía estatal o a las policías municipales”, agregó.
“Entonces, ¿vamos a estar socavando nuestras instituciones? No. Tenemos que defender nuestras instituciones, claro, esto no significa impunidad, si un miembro de una institución, sea quien sea, comete un delito, tiene que ser castigado”, finalizó.
El 27 de julio de 2023, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), lamentó que las Fuerzas Armadas mexicanas no hubieran brindado la información necesaria para que el GIEI profundizará sus investigaciones en relación al caso de Ayotzinapa.
A través de un comunicado, la ONU-DH exhortó a las autoridades mexicanas a implementar todas las “recomendaciones del GIEI”, con la intención de lograr avances en la “justicia, verdad y derechos de las víctimas”, e insistió en que era necesario generar un “aporte sustancial” en el sistema penal mexicano.
Asimismo, la ONU-DH comentó que, con su trabajo, el GIEI logró implementar avances en el caso Ayotzinapa, de los cuales, había confirmado que la “verdad histórica” fue hecha mediante información obtenida de manera ilegal.
“A lo largo de los años, el trabajo del GIEI ha permitido impulsar avances sustanciales que han corroborado que la versión de la llamada “verdad histórica” fue construida con base en pruebas ilícitas como la tortura, tal como esta Oficina documentó en su informe ‘Doble Injusticia’” dijo la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La ONU-DH señaló que los informes del GIEI contenían datos de “análisis sobre el funcionamiento del sistema de procuración y administración de justicia en México” y con ello, las “grandes limitaciones para resolver casos” con una complejidad alta y de gran impacto.
A pregunta expresa de un reportero, López Obrador impidió que respondieran el general Luis Cresencio Sandoval González y el almirante José Rafael Ojeda Durán, titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Marina (SEMAR), ya que aseguró que él, además de ser el presidente de la República, era el comandante de las Fuerzas Armadas.
“Quisiera conocer la opinión de los secretarios”, señaló un reportero. “No, yo la voy a dar, soy el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, aparte de presidente de México”, contestó el político tabasqueño.
“Por eso quiero tomar la palabra yo, por eso quiero contestar yo […] Si fuese cierto lo que ellos sostienen [los miembros del GIEI] no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y otros elementos de las Fuerzas Armadas. Han estado las Fuerzas Armadas ayudando, cooperando para que se haga justicia”, insistió.
“Estamos avanzando y se les olvida también que el Ejército mexicano es un Ejército surgido de un movimiento revolucionario y es parte de nuestro pueblo, y es una institución fundamental para el Estado mexicano”, abundó.
“Y hay muchas organizaciones no gubernamentales que no actúan con profesionalismo, con objetividad, con ética. Hay muchas organizaciones que están financiadas por gobiernos extranjeros, supuestamente para defender derechos humanos”, agregó.
El titular del Poder Ejecutivo Federal acusó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de actuar de manera sectaria, parcial y tendenciosa. “Se los fui a decir cuando estuve en Nueva York, de que solo se pronuncian cuando se trata de afectar a gobiernos surgidos de movimientos populares y democráticos”, indicó.
“¿Han escuchado ustedes algún pronunciamiento de la ONU en contra del narco Estado que se estableció cuando Felipe Calderón [Hinojosa]? ¿Han hecho los de la ONU algún pronunciamiento en contra de {Genaro] García Luna y de la desaparición de personas durante ese gobierno? No. ¿Han manifestado los de la ONU alguna preocupación por la destitución del presidente de Perú [José Pedro Castillo Terrones], que está encarcelado? ¿A pesar de que los que lo destituyeron, asesinaron a 60 personas en el Perú? No”, cuestionó.
LAS RECOMENDACIONES DEL GIEI EN CASO AYOTZINAPA SERÁN ATENDIDAS, ASEGURA ENCINAS
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), afirmó, el 28 de julio de 2023, que revisarían y atenderían las 30 recomendaciones del sexto y último informe presentado por el GIEI, reiterando el compromiso del Gobierno de México en esclarecer el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
A través de un comunicado difundido por la Oficina de la Presidencia, el funcionario federal, en su calidad de presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (COVAJ), detalló que dichas recomendaciones eran:
Ocho sobre la investigación exhaustiva, completa y seria; 5 respecto a la unificación de las averiguaciones; 5 sobre necesidad de información de departamentos, autoridades, unidades de sistemas de información o inteligencia; 3 respecto a búsquedas; 3 respecto de la justicia. Así como 6 sobre la participación de las víctimas en la reparación y la no repetición.
“El Gobierno de México en su conjunto y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) analizan el sexto informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y atenderá las recomendaciones que contribuyan a alcanzar su objetivo”, indicó el comunicado, que también recordó que había 14 elementos del Ejército detenidos y seis órdenes de aprehensión contra militares por ejecutar, que sumaban 20 en total.
Entre ellos dos generales; un ex comandante del 27 Batallón de Infantería, un ex comandante del 41 Batallón de Infantería; un capitán; dos sargentos; un teniente; un subteniente; 3 cabos; 10 soldados; un elemento de la Marina aprehendido.
Encinas Rodríguez también informó que existían 112 personas privadas de la libertad, recluidas en diversos penales, por dicho caso, entre ellos: 18 integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos; 77 individuos involucrados liberadas por tortura y 169 consignados, exoneradas por jueces.
Además, el funcionario federal precisó que estaban en la cárcel, Jesús Murillo Karam, ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), así como Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex director de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
El subsecretario señaló que también se encontraba en prisión un ex agente del Ministerio Público de la Federación, y que se mantenía la solicitud de extradición al Gobierno de Israel, por Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la ahora extinta PGR.
Asimismo, Encinas Rodríguez indicó que se encontraban en la cárcel el ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez; así como 74 policías municipales (ocho de Cocula, siete de Huitzuco y 41 de Iguala); seis policías estatales, seis federales y seis federales ministeriales.
“La instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es ir al fondo de las investigaciones, por lo que continúan las búsquedas en la zona, y ratificó que se cumplirá el compromiso de saber dónde están los estudiantes y resolver el caso como asunto de Estado”, señaló el funcionario federal
Por último, el subsecretario recordó que la COVAJ había informado en diversas reuniones, a padres de los 43 estudiantes, y a sus representantes, que fueron identificados tres normalistas de Ayotzinapa, entre ellos, Jhosivani Guerrero de la Cruz, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander Mora Venancio.
