Hartos de malos tratos y abuso de poder, un grupo de trabajadores del Puerto San Carlos, adjunto a Administración Portuaria Integral (API), denunciaron ante ZETA al gerente Fernando Loeza Palomera, a quien conocen como Fernando Lopa, exponiendo su caso en un documento firmado por 13 de 19 empleados que integran la plantilla laboral, mismo que fue entregado a Víctor Manuel Castro Cosío.
“Nos dirigimos a usted señor Gobernador de la manera más atenta pidiendo nos ayude a buscar una solución inmediata antes de proceder a la Comisión Nacional de los derechos Humanos por el Abuso de autoridad que hemos recibido hasta el día de hoy. Haciendo de su conocimiento esta lamentable situación por la cual estamos viviendo, le describo que cada individuo que firma este documento tiene temor de ser despedido y que asimismo lleguen a tomar represalias en nuestra contra; pero también tenemos fe en que escuche nuestro llamado por su comprensión y solidaridad con el Puerto de San Carlos, agradecidos de su atención esperamos su pronta respuesta”, se lee en la misiva.
“Por temor y amenazas hemos guardado actitudes no propias de una relación laboral; redactando que las personas que respaldamos este documento hemos sido víctimas de malos tratos, actitudes agresivas y por demás de ofensivas, dañando la integridad y el espacio de vida personal de cada empleado, sin conformarse con nuestro desempeño en el trabajo y con intenciones de obtener un beneficio propio incrementa nuestras labores dentro y fuera de la Institución con amenazas de despedirnos. Este problema es tanto para hombres como mujeres que desempeñamos labores en la Administración”.
La comunidad de Puerto San Carlos identifica a Fernando Lopa como una persona que se dedicaba a la pesca ilegal de almeja. En tierra lo enfrentaron alrededor de 200 pescadores para que dejara de operar en la zona y le quemaron la embarcación. Ahora, consideran que el problema con ellos deriva de dicho incidente, a manera de venganza, aunque es un asunto antiguo.
En una reunión sostenida en marzo con el director general de API, Narciso Agúndez Gómez, el gerente de Puerto San Carlos fue obligado a retractarse. En video quedó grabado este encuentro en el que Lopa se dirigió a los afectados de la siguiente manera:
“Por lo general piensa uno que está haciendo las cosas bien, cuando está viendo los incrementos y cómo ha ido evolucionando la empresa. Nosotros a cada uno de ustedes, así como están, director, a cada uno de ellos los convocamos a reuniones, no sé en qué momento se salió de control, pero de antemano, como dice el director, les pido una disculpa a cada uno de ustedes, este es un ejercicio muy bueno”.
Por su parte, Agúndez advirtió a los quejosos que el encuentro era para dirimir el conflicto y respaldar a los trabajadores, asegurando que sería “borrón y cuenta nueva”, aunque la realidad fue distinta, según respondió a los quejosos en la reunión:
“Sobre todo que de aquí en adelante sea todo de manera pacífica, que todo lo que tengan de problemas lo vean por la vía de la comunicación, yo voy a estar con ustedes, voy a estar con mi chamba, voy a estar con ellos también, hay que medir mucho los comportamientos (se dirige al gerente), ellos están temerosos a lo que tú puedas luego comprometer o hacer (sobre represalias), pero yo digo que confiemos en que todo mejorará”.
Sin embargo, a finales de abril las represalias surgieron, y, en consecuencia, once familias se quedaron sin sustento cuando empleados fueron despedidos por Lopa. Ocho trabajadores que venían de la administración anterior, dos más fueron liquidados en abril y uno en mayo.
Wilfrido García Quiñonez y Arnulfo Caballero Álvarez fueron destituidos por acusar hostigamiento laboral, por quejarse de la falta de permisos para citas médicas, entre otras acciones negativas como maltrato verbal y hasta amenazas.
A un tercero, de nombre Carlos Omar Cepeda Montoya, en menos de 20 días el gerente le impuso dos actas administrativas. Los denunciantes aseguran que en horario de descanso, Fernando Lopa envió a personal para que le tomaran foto entre las cuatro o cinco de la mañana (horario de descanso). Dicha imagen fue anexada y enviada a oficinas centrales de API en La Paz para proceder con su baja.
MALTRATO VERBAL
Los trabajadores arguyen que Fernando Loeza Palomera les pedía cubrir horarios extra, hasta seis servicios de carga y descarga seguidos sin descanso, situación que empeoró desde la carta enviada al gobernador.
“Soy una de las personas víctima que ha recibido hostigamiento y acoso por parte del gerente. Mi nombre es Guillermo Ledezma, yo sí he recibido de tal manera y los compañeros se han dado cuenta que anteriormente solicité una carta de recomendación como cualquier persona para anexar a mi currículo, y esa persona estaba ya buscando correrme, siempre lo insinuó y así lo dijo frente a los compañeros, ojalá se vaya este puerco marrano, así me describió”, denunció Guillermo.
De acuerdo con los empleados, en todo momento, cuando insinuaban que denunciarían los casos de maltrato y acoso laboral, Loeza Palomera les decía que sus acciones no tendrían repercusión alguna. Los despedidos tenían laborando entre 12 y 18 años en API.
“Nosotros nunca se lo dijimos directamente, porque él aquí nos dijo que era su mano derecha, inclusive él nos dijo que podía administrar desde aquí las empresas de usted, eso fue lo que nos dijo, entonces, con qué confianza nos acercamos hacia esa persona o hacia usted en ese momento, si él estaba en un Comité de Ética. Me apena mucho, sabemos que nos lo brincamos, y ese oficio llegó hasta donde no tenía que llegar, pero teníamos miedo”, argumentaron.
Por su parte, el director del API negó que los despidos hayan tenido relación con problemas con Loza o por represalias. Caso contrario, aseguró que fueron dados de baja por incumplimiento de su labor.
“Llevamos una mesa de acuerdos y mandamos una capacitación de trabajo en equipo para que mejore la comunicación, los despidos no tuvieron nada que ver con el tema del gerente, más bien era por un tema operativo de incumplimientos de parte de los trabajadores”, aseguró Narciso Agúndez Gómez.
“Las personas que se despidieron fueron dos nada más, hasta donde tengo entendido, porque pasan por Dirección General. Estamos trabajando con una consultoría externa precisamente para que nos ayude a analizar el clima laboral no sólo en San Carlos, sino en toda la empresa, para identificar las áreas de mejora y dar un mejor servicio”, puntualizó el funcionario.
