El Comité de Asuntos Bancarios del Senado de Estados Unidos aprobó, el 21 de junio de 2023, una iniciativa que permitiría al Gobierno estadounidense, expropiar cuentas bancarias, bienes y otros activos congelados a los cárteles mexicanos y a sus cómplices, como parte de la estrategia para combatir el tráfico de fentanilo y de precursores químicos.
La iniciativa, que recibió el apoyo de los integrantes republicanos y demócratas de dicho Comité senatorial, también propone sanciones contra a los ejecutivos bancarios que no supervisen los movimientos inusuales que pudieran ser derivados de las actividades ilícitas.
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“Es por eso que nuestro proyecto de ley utiliza nuestro arsenal económico para apuntar a la cadena de suministro extranjera de fentanilo, desde los proveedores químicos chinos hasta los distribuidores de cárteles mexicanos y los lavadores de dinero que se benefician del tráfico ilícito de drogas“, dijo el senador demócrata Sherrod Brown, quien preside el Comité.
El proyecto de ley, que se conoce como “Ley para Rechazar el Fentanilo” (FEND Off Fentanyl Act, por sus siglas en inglés), pasará a discusión al Pleno de la Cámara alta de EE.UU., donde se prevé sea aprobada, ya que la iniciativa cuenta con apoyo bipartidista, de al menos 60 de los 100 senadores.
“Tenemos casi todos los miembros de nuestro comité y más de la mitad de todos los senadores como copatrocinadores. Justo hoy llegamos a los 60 copatrocinadores”, dijo Brown. “Ya es hora de que sancionemos a los fabricantes, a los exportadores y a los cárteles que trafican y venden este veneno golpeándoles donde más les duele, sus cuentas bancarias”, indicó, por su parte, el republicano Tim Scott.
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“Esta legislación histórica usaría sanciones para ahogar las ganancias de los proveedores chinos y los cárteles mexicanos que envían fentanilo mortal a través de nuestra frontera”, escribió Scott, en su cuenta de la red social Twitter.
La iniciativa senatorial tiene más alcance que la Orden Ejecutiva 14059, que publicó el presidente Joe Biden en 2021, en la que se declaró como emergencia nacional para Estados Unidos, la amenaza derivada del tráfico de fentanilo y que incluyó, además de a los cárteles mexicanos, al tráfico de fentanilo y/o precursores químicos.
La FEND Off Fentanyl Act permite al titular del Poder Ejecutivo Federal de EE.UU. -además de congelar activos que los cárteles mexicanos y otros actores pudieran tener bajo jurisdicción de Estados Unidos-, expropiarlos en pro de la procuración de la justicia.
“El presidente podrá transferir el producto de cualquier propiedad decomisada cubierta [por dicha iniciativa de Ley[ al Fondo de Decomisos del Departamento del Tesoro o al Fondo de Decomiso de Bienes del Departamento de Justicia”, indica el proyecto de ley impulsado por los senadores Brown y Scott.
Asimismo, la iniciativa también obligaría al titular del Poder Ejecutivo Federal de EE.UU. a enviar un reporte al Congreso estadounidense, para informar respecto a la modalidad de lavado de dinero en México, China y Myanmar, que utilizan flujos y transacciones de bienes comerciales legítimos, para disfrazar su origen ilícito.
Por otra parte, el mismo 21 de junio de 2023, un grupo de senadores republicanos instaron a la Administración encabezada por el presidente Joseph Biden, a “utilizar todas las herramientas diplomáticas, para persuadir al Gobierno mexicano de contrarrestar la amenaza a la seguridad nacional que representan los cárteles mexicanos de la droga”.
Ello, según dijeron los senadores republicanos, ante la supuesta falta de acción del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el combate al narcotráfico, así como por su política de socavar la cooperación antidrogas con Estados Unidos.
Bill Hagerty, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y del Comité Bancario del Senado, junto a otros cinco legisladores republicanos -Jim Risch, Marco Rubio, Marsha Blackburn, Ted Cruz y John Barrasso-, enviaron una carta a Janet Yellen y a Antony Blinken, titulares de los departamentos del Tesoro y de Estado de EE.UU.
En la misiva, los senadores republicanos mencionaron que “desde que asumió el cargo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha tratado de desmantelar la cooperación antinarcóticos de seguridad dura con Estados Unidos, actuó de mala fe de manera rutinaria y permitió que los cárteles de la droga expandieran dramáticamente sus operaciones en todo México, con impunidad.
“Además, el compromiso y los intentos de acomodo de la Administración Biden no lograron persuadir al presidente López Obrador para que tome medidas contra los cárteles mexicanos de la droga. La cooperación entre Estados Unidos y México en materia antinarcóticos ha alcanzado su punto más bajo en décadas en muchas líneas de esfuerzo”, insistieron los legisladores republicanos.
En la carta de dos cuartillas, los senadores urgieron a la Administración Biden, “a utilizar la autoridad de sanciones ampliada como palanca y adoptar un enfoque más asertivo. Esto incluye la imposición de sanciones y prohibiciones de visas dirigidas a funcionarios mexicanos a nivel estatal y local de gobierno que apoyen […] directamente a los cárteles, hasta que la administración de López Obrador reanude el apoyo a las operaciones conjuntas, aumente el intercambio de inteligencia y aumente la presión contra los cárteles y sus facilitadores en el Gobierno”.
Los legisladores republicanos detallaron que “la imposición de sanciones a funcionarios estatales y locales corruptos en México, que permitan las operaciones de los cárteles, tendría el efecto de congelar futuras inversiones en los estados objetivo e impondría costos reales a México, por negarse a enfrentar los cárteles y degradar la cooperación antinarcóticos con Estados Unidos”.
Los senadores también dijeron que “la falta de voluntad del presidente López Obrador para actuar contra los cárteles y la ruptura de líneas clave de esfuerzo para la cooperación antinarcóticos representan una amenaza importante y creciente para la seguridad del pueblo estadounidense”
“Además de controlar hasta 40 por ciento del territorio mexicano, los cárteles también controlan los principales corredores de tráfico hacia Estados Unidos y facilitan el paso de un número récord de extranjeros ilegales a nuestro país y casi todas las drogas ilícitas que cruzan nuestra frontera”, afirmaron los legisladores republicanos.
Los senadores concluyeron en su misiva, que “es hora de usar todas las herramientas diplomáticas a disposición del Poder Ejecutivo para persuadir al gobierno del presidente López Obrador a retomar una cooperación sincera y efectiva contra el narcotráfico y trabajar para erradicar a estos grupos”.
