Desde hace poco más de un año, comerciantes del predio El Dorado, contiguo a la colonia El Progreso, han sido presionados por miembros del Ayuntamiento de La Paz. Se quejan que desde hace un año han batallado para conseguir los permisos de funcionamiento como comercio.
La autoridad municipal ha ejercido presión para que los ocupantes de este terreno, en el que operan alrededor de 20 comercios y se benefician 40 familias, abandonen su patrimonio y dejen libre el terreno en litigio.
Tres administraciones municipales han pasado desde hace más de nueve años que operan los comerciantes, y en la última, les dieron un ultimátum para que se regularicen, además de la fecha en que serán desalojados.
Los comerciantes aseguran que el Ayuntamiento de La Paz los empujó a una crisis, ya que el predio donde operan se encuentra litigio, por lo tanto, no pueden cumplir con los documentos y permisos que les exigen como requisitos, como el pago de Impuesto Predial de donde operan, pero como mencionan los aludidos, al estar en litigio no hay tenencia de la tierra.
Sin embargo, solicitan a las autoridades municipales que les otorguen permisos provisionales, pero sólo accedieron a permitirles trabajar un mes y los amenazaron con usar la fuerza pública para desalojar un predio en el que aparentemente el Ayuntamiento de La Paz tiene injerencia.
“Nos dieron un mes para que nos reubicáramos, nos vamos hasta el último día que lleguen, eso fue una amenaza, porque ellos saben de antemano que no nos vamos a dejar, nos dijeron que iban a llegar con la fuerza pública a poner los sellos y cancelar los negocios. El director de Comercio dijo que no contamos con drenaje, servicio de agua o de recolección de basura, y de todos estos servicios tenemos contrato, ¿por qué no de funcionamiento?”, cuestionó Enrique Olachea, locatario de materiales de construcción.
Por otra parte, comerciantes mencionaron que durante nueve años han desarrollado sus comercios, a tal grado ha crecido la plantilla laboral.
“Todo eso conlleva que tenemos que buscar un predio y no caer en el mismo problema que tenemos aquí, lleva su tiempo, seis meses, creo que es suficiente para nosotros podernos reubicar por nuestra cuenta, porque el Ayuntamiento a final de cuentas no nos está dando la oportunidad de reubicarnos, porque no estamos en vía pública, estamos dentro de un predio que cuenta con la titularidad la persona que nos está rentando”, detalló Olachea.
De acuerdo con los denunciantes, en una reunión con el secretario general municipal, Pavel Castro Ríos, se encontraba un inversionista de tiendas Chedraui, quien manifestó con uno de los supuestos dueños del predio que tenía interés de montar una tienda en ese terreno.
Aseguran los afectados que este podría ser el motivo del desalojo, vinculado en que el Ayuntamiento los quiere fuera para construir la tienda, afectando socialmente a los locatarios, pues no se ha dialogado realmente para buscar una solución.
COMERCIANTES IRREGULARES
Desde 2009, los comerciantes han trabajado distintos giros sin inconveniente, antes sólo era tierra, hasta los últimos años establecieron sus locales semifijos.
Entonces hubo interés por vender a un tercero, ya que desde hace años han pagado renta a uno de los supuestos dueños, una módica cantidad de mil pesos al mes, pago que fue suspendido hace días.
Lamentablemente de un tiempo para acá, empezó la negativa de otorgar permisos por parte del Ayuntamiento de La Paz en el terreno, menos aún en vía pública. La intención es que se retiren del sitio.
“En su momento hemos pedido permiso, ya sea de banqueta, de vía pública, ya casi no nos han querido dar el permiso que nos están negando, que nos den también en vía pública y no han querido tampoco. Que nos den que nos digan, que nos den la respuesta del por qué, pues”, demandó la propietaria de Los Tacos Parados.
Los comerciantes aseguran ser víctimas de acoso por parte de autoridades municipales y q que estas no los dejan trabajar. Añadieron que están afectando a aproximadamente 40 familias.
“Tenemos un área donde se puede dar seguimiento a todo tipo de quejas, que es el área de Contraloría, si hubiera un mal accionar de cualquier servidor público, pueden levantar su denuncia correspondiente para que se hagan las investigaciones sobre supuestas amenazas, de ninguna manera lo vamos a tolerar. Siempre nos dirigimos con respeto hacia las personas, independientemente de que incumplan el reglamento”, argumentó Omar Orantes, director de Comercio Municipal.
Entre los requisitos que señala la dirección de Comercio de La Paz, destaca el Predial cubierto, la licencia de funcionamiento, el contrato de agua potable y alcantarillado, así como el de recolección de basura.
Orantes indicó que no se está pidiendo nada fuera de norma, que no es acoso, simplemente se trata de cumplir con lo establecido.
“Como lo marca el Artículo 113 del Reglamento Municipal, todos los propietarios o explotadores de giros, como actividades comerciales, industriales y de servicios, deberán inscribirse en el Padrón Fiscal de Contribuyentes del Municipio de La Paz, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establecen las leyes y reglamentos respectivos, y obtener una licencia antes de iniciar su actividad”, reiteró el funcionario.
El propio Ayuntamiento reconoce que existe un litigio entre particulares, sin embargo, dijeron a ZETA desconocer de quiénes se trate, tampoco lo saben regidores que han sostenido reuniones con los supuestos dueños del predio en discordia.
Lo que solicita Comercio Municipal es que cumplan con los requisitos de funcionamiento, de no hacerlo, “están cayendo en una competencia desleal con el resto de las personas que sí cumplen con los requisitos”, aunque será imposible que cumplan con el pago de Impuesto Predial, al no contar con legal tenencia de la tierra.
AYUNTAMIENTO ABUSA: REGIDOR
Estuardo González, regidor del Ayuntamiento de La Paz, manifestó que la autoridad municipal permitió que los comercios se “establecieran” en El Dorado, ubicado en Avenida Forjadores, a un costado de colonia El Progreso y, después de largos años (año y medio de la actual administración), les quieren imponer medidas que por usos y costumbres permitieron por tanto tiempo.
Ahora que las familias se han establecido en el lugar, quieren regularizar, pero sin dar oportunidad de nada, con requisitos -según el regidor- inexistentes.
“Aquí el asunto es que esos negocios tienen muchos años ahí y el Ayuntamiento les dio la autorización de ponerse, después de muchísimos años nunca se les dijo nada, esta administración dice de pronto, después de un año y medio ‘pues quítate porque no tienes permiso’. Los comerciantes dicen ‘bueno, sí, dame permiso’, y el Ayuntamiento dice ‘pues no, porque para que te pueda yo dar el permiso, me tienes que traer el Predial pagado’, y obviamente no está pagado. Es un documento que malamente lo piden porque en ninguna reglamentación exige que presentes el Predial pagado para sacar una licencia de funcionamiento, no existe”, comentó González.
La batalla legal entre los supuestos dueños sigue en debate, y mientras no se arregle esa parte, no hay condiciones para que uno de los dueños solicite el desalojo. Al no estar en vía pública, el Ayuntamiento no accede a pagos de los comerciantes, sino que se hacía a un particular.
Más allá del problema legal entre las dos partes que pelean la legal tenencia del terreno, hay que buscar una solución como autoridad municipal, pues aunque el verdadero dueño legal, solicite el desalojo, se requiere actuar con sensibilidad.
Como ya lo pidieron los comerciantes, que intervenga la alcaldesa Milena Quiroga Romero en brindar soluciones, por lo pronto, una extensión de tiempo para reubicarse.
“Uno de los requisitos sería que presenten una acreditación del predio, y como están en un litigio, a nadie le podemos recibir la acreditación porque hay dos partes, es un tema de sensibilidad y de humanismo en el sentido de que son 40 familias, porque muchos de ellos tienen ya empleados, no sólo es el que puso el negocio, sino la gente que ya trabaja ahí. Tú mismo estás generando un problema social”, finalizó Estuardo González.
Se sabe que los afectados están en busca de un amparo que les permita continuar operando y ganar tiempo antes de ser desalojados del predio El Dorado.